Las posturas de los representantes de los dos grandes partidos en nuestra comarca respecto a la ley de Montes que prepara la JCyL a nadie debería sorprender. Cada uno arrima el ascua a su sardina. El PP pretende acaparar todo el poder de decisión respecto a los montes a través de la JCyL que gobierna. Y el PSOE reclama que se mantenga parte de ese poder de decisión en los ayuntamientos, ya que algunos de estos ayuntamientos pinariegos los gobiernan ellos. Así de sencillo. Pensemos por un instante que los papepeles se invirtieran y veríamos como los que defienden ahora la autogestión municipal de los montes sellarían sus labios frente a la JCyL, ya que de sus jefes de partido depende su futuro. Les conviene, por tanto, no ponerles en apuros. Y los populares pondrían el grito en el cielo reclamando esto, aquéllo y lo de más allá. Todo demasiado previsible. La credibilidad de nuestros políticos se asemejan a la del pastorcillo mentiroso del cuento. Este juego en nuestra democracia, se ha repetido demasiadas veces. Ya lo pueden revestir como quieran.
Algunas voces reclaman, con la mejor intención, no hay por qué dudarlo, que la comarca de Pinares se pronuncie al respecto con una sola voz, al margen de posturas partidistas. Vana pretensión es esa a mi entender. El cauce de participación ciudadana en política son, principalmente, los partidos. Así es y así debe seguir siendo. Distinto es que los partidos que actualmente manejan el cotarro estén más preocupados en conservar sus posiciones de poder, que en solucionar los verdaderos problemas de la gente abriendo a la participación ciudadana sus anquilisadas estructuras internas. Sólo una ciudadanía activa. con la suficiente capacidad organizativa para presentar candidaturas en todos los municipios pinariegos en las próximas elecciones municipales, les harían caer en la cuenta, tanto a los populares como a los socialistas, que no todo el monte es orégano. Poner más pescado en el mercado electoral, y si no nos gusta el que se está vendiendo, montar nuestro propio puesto. Sólo así conseguiríamos que pensaran más en el ciudadano pinariego y no tanto en sus jefes de partido, por la cuenta que les trae.
Pero los únicos que podemos hacer valer nuestros votos somos nosotros, nadie más. Los ciudadanos "de a pie" debemos dejar de ser consumidores pasivos de las propuestas que pergeñan otros y proponernos aportar nosotros mismos las nuestras. y este debate de la Ley de Montes, es un buen momento para tener nuestra propaia voz.
Javier Romero Pascual
(Publicado en "LA VOZ DE PINARES" 29 de noviembre de 2008)
sábado, 29 de noviembre de 2008
sábado, 22 de noviembre de 2008
POSTURAS ESCÉPTICAS
Ante las posturas escépticas de algunos (José Luis Bravo) sobre poner “precio al oxígeno” me gustaría responder que exigir “que se compense de alguna manera a los municipios o propietarios forestales” por los efectos positivos que el pinar provoca debe tomarse como un derecho con todas las de la ley y no una petición hecha a tontas y a locas, como sugiere la expresión “por pedir que no quede”. Cuántos derechos que hoy se toman como evidentes por sí mismos, hubo un tiempo en que fueron considerados como utopías irrealizables y sólo la lucha incansable contra viento y marea de cuatro personas convencidas de sus ideas, vencieron a la inercia de la historia. Es por eso que no deberíamos amilanarnos si es improbable o no, que se haga efectivo tal derecho a corto plazo; sino que deberíamos emplearnos a fondo para construir nuestros argumentos de forma sólida en torno a él. Lo sorprendente del tema es que, implícitamente, ya está reconocido. Efectivamente, la consideración de que los propietarios de cualquier bien se convierten en acreedores de aquellos que se benefician de alguna manera de ese bien, es un principio sólidamente establecido en nuestra sociedad. Nadie cuestiona, por ejemplo, los derechos de autor. Ni tampoco que la conservación del pinar tal cual tiene efectos positivos para la sociedad en su conjunto. Convendría, tan sólo, proponer un sistema a través del cual se pudiera hacer efectivo, tal como lo hace, por ejemplo, la S.G.A.E. en la defensa de los derechos de sus asociados; en lugar de debatir si es de recibo o no demandarlos. Así pues, establecidas tales premisas, conviene tomar cabal conciencia a lo que nos enfrentamos. Obvio decirlo, “nadie da nada por lo que siempre ha considerado gratuito”; pero añado, mucho más si el que lo da sigue sin exigir nada a cambio. ¿Estamos dispuestos a prolongar tal situación? La exigencia de un derecho no reconocido aún legalmente y que tiene traducción económica, hay que conquistarlo en el ámbito del enfrentamiento político entre aquéllos que quieren modificar la situación de partida y los que quieren mantener todo tal como está. Paradójico sería que los vecinos de la zona de Pinares legitimaran con sus votos aquellas opciones políticas que nos niegan ese derecho.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
(PUBLICADO EN "EL HERALDO DE SORIA" 21-11-2008)
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
(PUBLICADO EN "EL HERALDO DE SORIA" 21-11-2008)
martes, 18 de noviembre de 2008
LA MONARQUÍA A DEBATE
Sigue la polémica sobre libro de Pilar Urbano. Leo algunas opiniones en defensa del derecho de la reina a expresarse libremente que, al parecer, algunos le niegan, ¡pobre! Creo que esa no es la cuestión. Nada impediría a la reina que fundase un partido con las ideas que tiene, o que pidiera su ingreso en algún partido extraparlamentario o en el propio PP, (reforzando así a su sector más reaccionario), que renunciase a sus privilegios y que defendiera sus ideas como toda hija de vecina. Si tan preocupada está y tan convencida de sus planteamientos que siga el ejemplo de Simeón II de Bulgaria, que concurra a las elecciones y que las gane. Que no se preocupe, que nadie le va a cuestionar su derecho a expresarse libremente.
El problema está, a mi parecer, que no ocupa el puesto institucional que ostenta gracias a sus ideas, que su legitimidad no se renueva democráticamente de forma periódica, única forma a mi parecer que la legitimidad de ejercicio de la que nos habla el profesor en su artículo “La indiscreción Real” pueda ser aceptada. Por eso es incompatible su condición de reina con posicionarse públicamente a favor de un sector de la población en temas controvertidos. El que sea la parte más reaccionaria y alejada del sentir mayoritario de la sociedad del siglo XXI, a nadie nos debería sorprender. Esos sectores han acogido esas declaraciones como una tabla de salvación a la que subirse y procurar así que sus ideas tengan el eco que por sí mismas hace tiempo que han dejado de tener.
La institución monárquica es anacrónica, y que sólo con altas dosis de hipocresía y de autoengaño se mantiene. En ella se plantea en el momento actual la colisión de varios derechos difíciles de compaginar. Por una parte está el aludido derecho de los miembros de la familia real a expresar libremente sus opiniones; ese no corre peligro, hay mucho súbdito por ahí suelto. Por otro está el derecho que tenemos los ciudadanos de que sólo mediante consentimiento democrático nos puedan representar y si este consentimiento no se consigue para defender los propios planteamientos del consentido, éste se debe comportar más como muñeco de cartón piedra que como persona normal, con sus ideas y modo de entender la vida, pues no sería de recibo que aprovechase su situación para otro fin que no sea el que se le ha encomendado. Y por último, y no menos importante, está el derecho del ciudadano a recibir una información veraz sobre los asuntos de su interés, y dentro de los cuales está, claro que sí, conocer qué clase de personas nos representan. En este sentido nos debe mover a la reflexión y preocupación que se carguen las tintas sobre los que no han impedido que el verdadero rostro de Sofía, reina de la España del siglo XXI con ideas del XIX, llegue a los españoles.
Es previsible que el muro en torno a la familia real se refuerce y se promueva a no tardar una campaña que recomponga la imagen de la reina Sofía, alimentando el culto a la personalidad de la familia real. La imagen que nos van a permitir ver de la familia real, de real, va a tener poco, pura engañifa. Pero siempre habrá alguien, con mirada clara que nos descubra que debajo del oropel y la lisonja, el rey está desnudo como en el cuento. Ninguna cualidad les viste que justifique tanto privilegio y deferencia.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
(Publicado en "El Heraldo de Soria" 18-11-2008
El problema está, a mi parecer, que no ocupa el puesto institucional que ostenta gracias a sus ideas, que su legitimidad no se renueva democráticamente de forma periódica, única forma a mi parecer que la legitimidad de ejercicio de la que nos habla el profesor en su artículo “La indiscreción Real” pueda ser aceptada. Por eso es incompatible su condición de reina con posicionarse públicamente a favor de un sector de la población en temas controvertidos. El que sea la parte más reaccionaria y alejada del sentir mayoritario de la sociedad del siglo XXI, a nadie nos debería sorprender. Esos sectores han acogido esas declaraciones como una tabla de salvación a la que subirse y procurar así que sus ideas tengan el eco que por sí mismas hace tiempo que han dejado de tener.
La institución monárquica es anacrónica, y que sólo con altas dosis de hipocresía y de autoengaño se mantiene. En ella se plantea en el momento actual la colisión de varios derechos difíciles de compaginar. Por una parte está el aludido derecho de los miembros de la familia real a expresar libremente sus opiniones; ese no corre peligro, hay mucho súbdito por ahí suelto. Por otro está el derecho que tenemos los ciudadanos de que sólo mediante consentimiento democrático nos puedan representar y si este consentimiento no se consigue para defender los propios planteamientos del consentido, éste se debe comportar más como muñeco de cartón piedra que como persona normal, con sus ideas y modo de entender la vida, pues no sería de recibo que aprovechase su situación para otro fin que no sea el que se le ha encomendado. Y por último, y no menos importante, está el derecho del ciudadano a recibir una información veraz sobre los asuntos de su interés, y dentro de los cuales está, claro que sí, conocer qué clase de personas nos representan. En este sentido nos debe mover a la reflexión y preocupación que se carguen las tintas sobre los que no han impedido que el verdadero rostro de Sofía, reina de la España del siglo XXI con ideas del XIX, llegue a los españoles.
Es previsible que el muro en torno a la familia real se refuerce y se promueva a no tardar una campaña que recomponga la imagen de la reina Sofía, alimentando el culto a la personalidad de la familia real. La imagen que nos van a permitir ver de la familia real, de real, va a tener poco, pura engañifa. Pero siempre habrá alguien, con mirada clara que nos descubra que debajo del oropel y la lisonja, el rey está desnudo como en el cuento. Ninguna cualidad les viste que justifique tanto privilegio y deferencia.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
(Publicado en "El Heraldo de Soria" 18-11-2008
martes, 11 de noviembre de 2008
REPUBLICANOS, POR COHERENCIA Y POR ESTRATEGIA
Estimados compañeros, en la reunión celebrada en Salduero (Soria) quedó de manifiesto que la indefinición en la que nos movemos nos impide estar presentes en algunos debates de rabiosa actualidad. Urge, por tanto, hacer un esfuerzo, primero, de introspección para descubrir qué es lo que nos une, y en segundo lugar, una vez hecho evidente esos principios que todos compartimos, a partir de ellos, derivar en un esfuerzo deductivo, cuál podría ser nuestro posicionamiento en todo lo demás. Como suele suceder, lo más sencillo es lo más acertado. Empecemos pues, por nuestro propio nombre: Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Y en el tema que pretendo abordar: república vs monarquía.
Por coherencia
1.- La condición de ciudadanos, nos iguala a todos en cuanto a derechos y deberes. En esto no es posible admitir excepciones. En este sentido la institución monárquica supone una anomalía difícil de aceptar.
2.- Tanto UPyD como C´s proclaman su intención de aportar racionalidad y sentido común en el quehacer político. Precisamente fue una conquista de la razón, el reconocimiento universal de la dignidad intrínseca del ser humano y de la igualdad en cuanto a derechos y deberes para todos, independientemente de cuestiones de sexo, raza, creencias, y origen. Incluso en sus orígenes, C´s apostaba por “el tratamiento objetivo de los problemas como único medio de alcanzar consensos” (creo recordar). Por otra parte, no podemos obviar que, entre las tres fuentes de legitimidad de las que habla Weber (carismática, tradicional y racional-normativa) nuestra concepción del ser humano y de la política implica inclinarse por esta última, rechazando tanto la carismática (más propia de aquellos regímenes que practican el culto a la personalidad), como la tradicional (basada en supuestos derechos que hunden sus raíces en las profundidades oscuras de la historia) Pues bien, la institución monárquica se ajusta a la histórica retroalimentada por un culto a la personalidad que esconde los defectos de las personas que en cada momento encarna esa institución y exagerando, cuando no directamente inventándoles, sus virtudes.
3.- A veces se le atribuye en las monarquías parlamentarias al Jefe de Estado, rey o reina, simbolizar la continuidad del propio Estado a lo largo de la historia. Pero dado que la soberanía reside en el pueblo, es la voluntad de éste expresada democráticamente la que garantiza la pervivencia del Estado y no otra cosa.
Por estrategia
1.- Pienso yo que la apuesta nacional de C´s no puede ser una derivación secundaria de la que realmente se nos reconoce, a saber, la defensa de los derechos de los que no comulgan con el credo nacionalista en aquellas comunidades donde la presión identitaria es mayor. No podemos aparecer ante la opinión pública como españolistas en Cataluña y catalanes en el resto de España. Necesitamos una, llamémosle, bandera que nos identifique por igual en todas las partes de España, de la que se deriven distintos modos de proceder dependiendo de la realidad social en la que intervengamos. La bandera, obvio decirlo, es nuestra concepción de la ciudadanía. Que en Cataluña se expresa en la oposición contundente ante la actual situación en la que se encuentra y que supone, en definitiva, que se conculquen derechos individuales en aras de la conquista de unos supuestos derechos colectivos. Y en el conjunto de España se expresa (o se podría expresar) en la defensa de una ciudadanía participativa y en la defensa de un republicanismo moderado.
2.- Hora es ya de decirlo, pero la aventura “transversal” confunde más que otra cosa. Debemos encontrar otra idea que nos identifique, como ya dije.
Tradicionalmente, en el republicanismo español ha sido copado por opciones excesivamente radicalizadas, utópicas, poco razonables. Hay un espacio vacío que se puede reclamar a través de una apuesta por una república desde posiciones moderadas. La III República no puede ser la locura revolucionaria de la anterior. Debe integrar y hacer posible que se pueda gobernar desde cualquier posición ideológica. La II República, conviene recordarlo, dejó de ser aceptada por la izquierda catalana, que proclamó el estado catalán dentro de la república federal española, cuando en el gobierno republicano empezó a influir opciones más conservadoras, la CEDA. Esta identificación república con posturas rupturistas debe evitarse, entre otras razones porque no es razonable. La república es una forma de gobierno en la que el Jefe de Estado debe tener legitimidad democrática renovada periódicamente para ejercer sus funciones, pero no condiciona qué orientación ideológica debe tener. Por lógica, sería la de la mayoría de los españoles. Por eso deberíamos apostar, no por otra cosa. El pasado no tiene por qué condicionar el futuro, si utilizamos el sentido común para alcanzarlo.
3.- Aunque la presión popular contribuyó a que comprendiesen viejos y no tan viejos representantes del antiguo régimen franquista que debían propiciar la transición, ésta se cocinó por unas elites reducidas de uno y otro lado que buscaron instaurar unas reglas de juego que les permitieran controlar el proceso y situarse en posición de poder en la nueva situación que se avecinaba. Así, la propia monarquía fue aceptada por la oposición tradicionalmente republicana (PSOE y PCE) por dos razones, una, para facilitar la transición dejando sin argumentos a los nostálgicos del antiguo régimen ya que, en definitiva, se estaban cumpliendo las previsiones sucesorias del dictador, y dos, a cambio de instaurar un régimen que hemos convenido en llamar “partitocrático” en el cual las cúpulas de los partidos hacen y deshacen a su antojo merced a los cuantiosos recursos y resortes que el actual sistema deja en sus manos, y en el cual también entraron las organizaciones empresariales y sindicales (recordemos la financiación pública de los sindicatos que en nuestro programa pedíamos suprimir) a través de los Pactos de la Moncloa.
El error estratégico que estamos cometiendo a mi parecer es pensar que se puede superar este sistema “partitocrático” dejando al margen a la institución monárquica pues en el modelo que consagra la Constitución ambos aspectos están entrelazados.
ZP bien que lo sabe, de ahí la defensa acérrima que ha hecho de la reina ante las inauditas declaraciones de la reina; ya que teme que un debilitamiento de la Corona conllevaría poner en riesgo, no la democracia, sino esta democracia, en la que él y su partido juegan con ventaja.
4.- Si nosotros nos posicionamos en el centro izquierda, deberíamos aspirar a disputar el voto al PSOE y a UPyD. En cuanto al PSOE decir que tiene el corazón republicano pero la cartera monárquica. El corazón pertenece más a las bases y votantes acérrimos, y la cartera sólo pertenece a su clase dirigente. Un posicionamiento republicano por nuestra parte dejaría en evidencia al PSOE, en mayor o menor medida dependiendo de nuestra capacidad de que nuestro mensaje ya republicano llegara a la opinión pública, dejando al descubierto las verdaderas razones que, a pesar de su pasado republicano, le lleva a consentir a la monarquía.
5.- Creo que el apoyo que la población española otorga a la monarquía no es tan sólido como parece. Bastaría que se abriese un resquicio informativo para descubrir sus debilidades. La escasa inteligencia que ha demostrado la reina Sofía en sus declaraciones demuestra hasta qué punto son vulnerables.
6.- Último y más importante: no hay mejor estrategia que la propia coherencia. Presentar planteamientos “ciudadanos” acordes con la república, (como no podía ser de otra manera si queremos seguir llamándonos ciudadanos y no súbditos), tarde o temprano daría sus frutos. La monarquía empieza a mostrar sus debilidades y esto sólo ha hecho que empezar. En el momento que empiece a tambalearse, el PSOE se convertirá republicano de toda la vida, y por supuesto, le ayudará a caer. Mientras nosotros, ¿a cambio de qué aceptamos esta anomalía e incoherencia?
Por eso creo que conviene enarbolar, por coherencia y por estrategia, el lema de
¡CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA!
Por coherencia
1.- La condición de ciudadanos, nos iguala a todos en cuanto a derechos y deberes. En esto no es posible admitir excepciones. En este sentido la institución monárquica supone una anomalía difícil de aceptar.
2.- Tanto UPyD como C´s proclaman su intención de aportar racionalidad y sentido común en el quehacer político. Precisamente fue una conquista de la razón, el reconocimiento universal de la dignidad intrínseca del ser humano y de la igualdad en cuanto a derechos y deberes para todos, independientemente de cuestiones de sexo, raza, creencias, y origen. Incluso en sus orígenes, C´s apostaba por “el tratamiento objetivo de los problemas como único medio de alcanzar consensos” (creo recordar). Por otra parte, no podemos obviar que, entre las tres fuentes de legitimidad de las que habla Weber (carismática, tradicional y racional-normativa) nuestra concepción del ser humano y de la política implica inclinarse por esta última, rechazando tanto la carismática (más propia de aquellos regímenes que practican el culto a la personalidad), como la tradicional (basada en supuestos derechos que hunden sus raíces en las profundidades oscuras de la historia) Pues bien, la institución monárquica se ajusta a la histórica retroalimentada por un culto a la personalidad que esconde los defectos de las personas que en cada momento encarna esa institución y exagerando, cuando no directamente inventándoles, sus virtudes.
3.- A veces se le atribuye en las monarquías parlamentarias al Jefe de Estado, rey o reina, simbolizar la continuidad del propio Estado a lo largo de la historia. Pero dado que la soberanía reside en el pueblo, es la voluntad de éste expresada democráticamente la que garantiza la pervivencia del Estado y no otra cosa.
Por estrategia
1.- Pienso yo que la apuesta nacional de C´s no puede ser una derivación secundaria de la que realmente se nos reconoce, a saber, la defensa de los derechos de los que no comulgan con el credo nacionalista en aquellas comunidades donde la presión identitaria es mayor. No podemos aparecer ante la opinión pública como españolistas en Cataluña y catalanes en el resto de España. Necesitamos una, llamémosle, bandera que nos identifique por igual en todas las partes de España, de la que se deriven distintos modos de proceder dependiendo de la realidad social en la que intervengamos. La bandera, obvio decirlo, es nuestra concepción de la ciudadanía. Que en Cataluña se expresa en la oposición contundente ante la actual situación en la que se encuentra y que supone, en definitiva, que se conculquen derechos individuales en aras de la conquista de unos supuestos derechos colectivos. Y en el conjunto de España se expresa (o se podría expresar) en la defensa de una ciudadanía participativa y en la defensa de un republicanismo moderado.
2.- Hora es ya de decirlo, pero la aventura “transversal” confunde más que otra cosa. Debemos encontrar otra idea que nos identifique, como ya dije.
Tradicionalmente, en el republicanismo español ha sido copado por opciones excesivamente radicalizadas, utópicas, poco razonables. Hay un espacio vacío que se puede reclamar a través de una apuesta por una república desde posiciones moderadas. La III República no puede ser la locura revolucionaria de la anterior. Debe integrar y hacer posible que se pueda gobernar desde cualquier posición ideológica. La II República, conviene recordarlo, dejó de ser aceptada por la izquierda catalana, que proclamó el estado catalán dentro de la república federal española, cuando en el gobierno republicano empezó a influir opciones más conservadoras, la CEDA. Esta identificación república con posturas rupturistas debe evitarse, entre otras razones porque no es razonable. La república es una forma de gobierno en la que el Jefe de Estado debe tener legitimidad democrática renovada periódicamente para ejercer sus funciones, pero no condiciona qué orientación ideológica debe tener. Por lógica, sería la de la mayoría de los españoles. Por eso deberíamos apostar, no por otra cosa. El pasado no tiene por qué condicionar el futuro, si utilizamos el sentido común para alcanzarlo.
3.- Aunque la presión popular contribuyó a que comprendiesen viejos y no tan viejos representantes del antiguo régimen franquista que debían propiciar la transición, ésta se cocinó por unas elites reducidas de uno y otro lado que buscaron instaurar unas reglas de juego que les permitieran controlar el proceso y situarse en posición de poder en la nueva situación que se avecinaba. Así, la propia monarquía fue aceptada por la oposición tradicionalmente republicana (PSOE y PCE) por dos razones, una, para facilitar la transición dejando sin argumentos a los nostálgicos del antiguo régimen ya que, en definitiva, se estaban cumpliendo las previsiones sucesorias del dictador, y dos, a cambio de instaurar un régimen que hemos convenido en llamar “partitocrático” en el cual las cúpulas de los partidos hacen y deshacen a su antojo merced a los cuantiosos recursos y resortes que el actual sistema deja en sus manos, y en el cual también entraron las organizaciones empresariales y sindicales (recordemos la financiación pública de los sindicatos que en nuestro programa pedíamos suprimir) a través de los Pactos de la Moncloa.
El error estratégico que estamos cometiendo a mi parecer es pensar que se puede superar este sistema “partitocrático” dejando al margen a la institución monárquica pues en el modelo que consagra la Constitución ambos aspectos están entrelazados.
ZP bien que lo sabe, de ahí la defensa acérrima que ha hecho de la reina ante las inauditas declaraciones de la reina; ya que teme que un debilitamiento de la Corona conllevaría poner en riesgo, no la democracia, sino esta democracia, en la que él y su partido juegan con ventaja.
4.- Si nosotros nos posicionamos en el centro izquierda, deberíamos aspirar a disputar el voto al PSOE y a UPyD. En cuanto al PSOE decir que tiene el corazón republicano pero la cartera monárquica. El corazón pertenece más a las bases y votantes acérrimos, y la cartera sólo pertenece a su clase dirigente. Un posicionamiento republicano por nuestra parte dejaría en evidencia al PSOE, en mayor o menor medida dependiendo de nuestra capacidad de que nuestro mensaje ya republicano llegara a la opinión pública, dejando al descubierto las verdaderas razones que, a pesar de su pasado republicano, le lleva a consentir a la monarquía.
5.- Creo que el apoyo que la población española otorga a la monarquía no es tan sólido como parece. Bastaría que se abriese un resquicio informativo para descubrir sus debilidades. La escasa inteligencia que ha demostrado la reina Sofía en sus declaraciones demuestra hasta qué punto son vulnerables.
6.- Último y más importante: no hay mejor estrategia que la propia coherencia. Presentar planteamientos “ciudadanos” acordes con la república, (como no podía ser de otra manera si queremos seguir llamándonos ciudadanos y no súbditos), tarde o temprano daría sus frutos. La monarquía empieza a mostrar sus debilidades y esto sólo ha hecho que empezar. En el momento que empiece a tambalearse, el PSOE se convertirá republicano de toda la vida, y por supuesto, le ayudará a caer. Mientras nosotros, ¿a cambio de qué aceptamos esta anomalía e incoherencia?
Por eso creo que conviene enarbolar, por coherencia y por estrategia, el lema de
¡CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA!
jueves, 6 de noviembre de 2008
LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA
Está claro que un exceso de luz la institución monárquica no lo soporta muy bien que digamos. Está sostenida por un grupo de políticos ventajistas en la medida que la protegen manteniendo un cerco de opacidad alrededor de la familia real y aledaños. Basta que este muro se resquebraje mínimamente para que la institución muestre sus debilidades. Parece, además, que es consustancial a ella cierto culto a la personalidad hacia las personas que la representan. Curiosamente, todas las explicaciones sobre cómo han llegado a los españolitos las opiniones reaccionarias de la reina, cargan las tintas no sobre ella, sino sobre aquéllos que no lo han impedido lo suficiente; desde el secretario hasta la propia periodista, Pilar Urbano. En un sistema democrático, en el que el derecho a recibir la ciudadanía una información veraz está fuera de toda duda, tanto empalago alrededor de la familia real resulta sospechoso. Sorprende cómo periodistas que arman sus argumentos de forma consistente cuando tratan otros temas, llenan sus columnas de vaguedades, perogrulladas y trivialidades vacías de contenido, como si les temblaran el pulso, al tratar temas monárquicos. La más recurrente es la “humanidad y sencillez” de nuestros monarcas; es de agradecer que nos aclaren que selenitas no son; pero el problema no está en esa su evidente condición humana, sino en los privilegios que ostentan desde la cuna a pesar de haber sido paridos por el mismo sitio. Cuando meten la pata hasta el corvejón (¿por qué no te callas?), nos hablan elogiosamente de su espontaneidad; pero mucho me temo que esa misma espontaneidad no se nos permitiría al resto de los mortales, ni sería tan aplaudida. Es razón suficiente para desear que llegue la III república, si así nos evitamos que cada cierto tiempo nos inunden los periodistas de la Corte con tanta chorrada. Nuestras neuronas lo agradecerían.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Publicado en "El Heraldo de Soria"
6-11-2008
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Publicado en "El Heraldo de Soria"
6-11-2008
miércoles, 29 de octubre de 2008
COMUNICADO COMARCA DE PINARES
En su reunión celebrada en Salduero (Soria) el día 25 de octubre, representantes del partido de las provincias de Burgos, Soria y Logroño analizaron la situación de la comarca de pinares adoptando las siguientes decisiones que mediante el presente comunicado hacen públicas:
1.- Reclamar para los vecinos y vecinas de los pueblos de la comarca de pinares el derecho a ser recompensados por el uso responsable que tradicionalmente se ha hecho del entorno natural. Los efectos positivos ambientales que el pinar produce, sólo hay que debérselos a los propios pinariegos y pinariegas, por lo que C´s considera que el reconocimiento tradicional del derecho a los aprovechamientos forestales (la suerte de pinos) no es suficiente. La conservación del pinar se ha hecho a costa de la pérdida del valor real de dicha suerte de pinos, por lo que los poderes públicos en representación de la sociedad en su conjunto y que tienen competencias al respecto, deben arbitrar medidas que corrija esta situación.
2.- Denunciar la situación de permanente desencuentro entre los dos grandes partidos en esta comarca, que con excesiva frecuencia anteponen sus intereses partidistas a los propios de la ciudadanía en las distintas instituciones en las que forman parte (autonómicas, provinciales y locales).
3.- Manifestar la intención de C´s de abordar globalmente la problemática que aqueja a esta comarca, considerando que a similar situación debe corresponder similares medidas que intenten corregirla, independientemente de la unidad administrativa provincial a la que pertenezca, por lo que propone crear desde los ayuntamientos pinariegos, foros de discusión que aborde la problemática específica de la comarca de pinares.
Ciudadanos-partido de la ciudadanía
609573577
1.- Reclamar para los vecinos y vecinas de los pueblos de la comarca de pinares el derecho a ser recompensados por el uso responsable que tradicionalmente se ha hecho del entorno natural. Los efectos positivos ambientales que el pinar produce, sólo hay que debérselos a los propios pinariegos y pinariegas, por lo que C´s considera que el reconocimiento tradicional del derecho a los aprovechamientos forestales (la suerte de pinos) no es suficiente. La conservación del pinar se ha hecho a costa de la pérdida del valor real de dicha suerte de pinos, por lo que los poderes públicos en representación de la sociedad en su conjunto y que tienen competencias al respecto, deben arbitrar medidas que corrija esta situación.
2.- Denunciar la situación de permanente desencuentro entre los dos grandes partidos en esta comarca, que con excesiva frecuencia anteponen sus intereses partidistas a los propios de la ciudadanía en las distintas instituciones en las que forman parte (autonómicas, provinciales y locales).
3.- Manifestar la intención de C´s de abordar globalmente la problemática que aqueja a esta comarca, considerando que a similar situación debe corresponder similares medidas que intenten corregirla, independientemente de la unidad administrativa provincial a la que pertenezca, por lo que propone crear desde los ayuntamientos pinariegos, foros de discusión que aborde la problemática específica de la comarca de pinares.
Ciudadanos-partido de la ciudadanía
609573577
viernes, 24 de octubre de 2008
La justicia se moviliza
Me sorprende la escasa (o nula) incidencia que está teniendo en el partido un acontecimiento de tanta trascendencia como una movización general de los jueces españoles, coincidente con la huelga de secretarios judiciales.
Si se me permite, como conocedor que soy del tema, voy a exponer "brevemente", casi desde dentro, cuál es la situación de la justicia española y el porqué de estas movilizaciones.
Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.
Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.
Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.
A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.
Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.
Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.
Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.
Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.
Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.
Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.
¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.
Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:
- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.
- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:
- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).
- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado.
El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.
Si se me permite, como conocedor que soy del tema, voy a exponer "brevemente", casi desde dentro, cuál es la situación de la justicia española y el porqué de estas movilizaciones.
Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.
Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.
Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.
A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.
Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.
Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.
Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.
Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.
Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.
Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.
¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.
Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:
- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.
- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:
- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).
- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado.
El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.
miércoles, 22 de octubre de 2008
Rosa Díez y el aborto libre
En unas recientes declaraciones en una emisora de radio, Rosa Díez se ha manifestado a favor del aborto libre. Nada que objetar a que exponga su postura. El problema se plantea dentro de su propio partido. Ciertos sectores “liberales” han manifestado su rechazo a que Rosa Díez, aun considerándola como su principal y único activo, determine la postura del partido ella sola o en compañía de Martínez Gorriarán en un asunto para ellos tan sensible. Sin ir más lejos, en el primer acto casi oficial de ese partido en nuestra provincia en la Cuadra Antares, el que era a la sazón coordinador en Castilla y León, Rodolfo Angelina, con voz trémula y emocionada lanzó a los que allí estábamos reunidos una arenga contra el aborto, al que calificó repetidamente de asesinato. Tampoco veo yo a Álvaro de Marichalar defendiendo el derecho de la mujer a abortar libremente. Sectores liberales de ese partido se quejan de la falta de democracia interna en el funcionamiento del partido. La tan cacareada “transversalidad”, se ha convertido en una burda argucia para pescar votos aquí y allá, sin comprometerse ni con los de aquí ni con los de allá. Lo que en boca de Savater parecía que era un intento honesto por aportar ciertas dosis de racionalidad al debate político sin que hubiera que oponerse a tal o cual medida por la procedencia ideológica de la misma, en manos de una política pragmática y bregada en mil batallas como Rosa Díez es una coartada perfecta para hacer de su capa un sayo, pues en el propio concepto de transversalidad no está contenido principio alguno del cual se pueda derivar todo lo demás y al que Rosa tenga que ajustarse. En la literatura política se ha acuñado un término para referirse a tales partidos políticos, los “atrapalotodo” que se caracterizan porque están gestionados por un grupo reducido de personas que se mueven por la necesidad de mantenerse en la pomada, para lo cual se otorgan un amplio margen de maniobra al margen de sus afiliados para moverse en la dirección que marca la opinión pública, que es en definitiva lo que les va a otorgar los votos y, en definitiva, poder. Como gráficamente dijo Alfonso Guerra, mejor un minuto en los medios de comunicación, TV y radio, que contar con una militancia numerosa a la que rendir cuentas. En un mundo en el que nada existe si no aparece en los medios, los afiliados de base son fácilmente intercambiables unos por otros. Importa el número, más que el compromiso moral que obliga a los dirigentes a responder a la confianza que en ellos han depositado personas con ilusión y a veces con bastante sacrificio personal.
No sé hasta que punto la estrategia seguida tanto por el PP, como por el PSOE de no mencionar al partido de Rosa Díez, es acertada; lo habrán meditado y ellos sabrán lo que hacen; pero los que seguimos mínimamente el devenir de este nuevo partido, se nos hace muy cuesta arriba pensar que pudiera mantenerse tal cual si la opinión pública se centrase en su funcionamiento interno. En un repaso somero de los avatares durante este primer año, según datos recogidos de sectores críticos del propio partido (página web “libertad ciudadanos”) el resultado es demoledor: dimisión de los coordinadores y/o portavoces de UPyD de Aragón, Galicia (ya van dos), Castilla-La Mancha, Andalucía, Sevilla, Cataluña; acusaciones de falta de democracia interna, acusaciones de mobbing y expedientes de expulsión de afiliados especialmente críticos con la gestión de Gorriarán, dimisión de un miembro de la Comisión de Garantías puesto a dedo por Gorriarán, dimisión de los organizadores del comité electoral de Salamanca, acusaciones de que los miembros del consejo político (máximo órgano entre congresos) no se pueden comunicar entre ellos y que Gorriarán intenta cambiar su composición a su antojo,...Pero a la opinión pública sólo le llega las vibrantes intervenciones de Rosa Díez en el Parlamento demandando, entre otras cosas, lo que niega o se dificulta en el seno de su propio partido: libertad de opinión y medios para ejercerla con ciertas garantías. Y el congreso constituyente del propio partido sin celebrarse, situación más anómala es difícil de imaginar. Mucho me temo que la regeneración democrática que prometían de ellos no vendrá, más parece que sólo fue un eslogan insincero para pescar votos de descontentos de uno y otro lado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
En unas recientes declaraciones en una emisora de radio, Rosa Díez se ha manifestado a favor del aborto libre. Nada que objetar a que exponga su postura. El problema se plantea dentro de su propio partido. Ciertos sectores “liberales” han manifestado su rechazo a que Rosa Díez, aun considerándola como su principal y único activo, determine la postura del partido ella sola o en compañía de Martínez Gorriarán en un asunto para ellos tan sensible. Sin ir más lejos, en el primer acto casi oficial de ese partido en nuestra provincia en la Cuadra Antares, el que era a la sazón coordinador en Castilla y León, Rodolfo Angelina, con voz trémula y emocionada lanzó a los que allí estábamos reunidos una arenga contra el aborto, al que calificó repetidamente de asesinato. Tampoco veo yo a Álvaro de Marichalar defendiendo el derecho de la mujer a abortar libremente. Sectores liberales de ese partido se quejan de la falta de democracia interna en el funcionamiento del partido. La tan cacareada “transversalidad”, se ha convertido en una burda argucia para pescar votos aquí y allá, sin comprometerse ni con los de aquí ni con los de allá. Lo que en boca de Savater parecía que era un intento honesto por aportar ciertas dosis de racionalidad al debate político sin que hubiera que oponerse a tal o cual medida por la procedencia ideológica de la misma, en manos de una política pragmática y bregada en mil batallas como Rosa Díez es una coartada perfecta para hacer de su capa un sayo, pues en el propio concepto de transversalidad no está contenido principio alguno del cual se pueda derivar todo lo demás y al que Rosa tenga que ajustarse. En la literatura política se ha acuñado un término para referirse a tales partidos políticos, los “atrapalotodo” que se caracterizan porque están gestionados por un grupo reducido de personas que se mueven por la necesidad de mantenerse en la pomada, para lo cual se otorgan un amplio margen de maniobra al margen de sus afiliados para moverse en la dirección que marca la opinión pública, que es en definitiva lo que les va a otorgar los votos y, en definitiva, poder. Como gráficamente dijo Alfonso Guerra, mejor un minuto en los medios de comunicación, TV y radio, que contar con una militancia numerosa a la que rendir cuentas. En un mundo en el que nada existe si no aparece en los medios, los afiliados de base son fácilmente intercambiables unos por otros. Importa el número, más que el compromiso moral que obliga a los dirigentes a responder a la confianza que en ellos han depositado personas con ilusión y a veces con bastante sacrificio personal.
No sé hasta que punto la estrategia seguida tanto por el PP, como por el PSOE de no mencionar al partido de Rosa Díez, es acertada; lo habrán meditado y ellos sabrán lo que hacen; pero los que seguimos mínimamente el devenir de este nuevo partido, se nos hace muy cuesta arriba pensar que pudiera mantenerse tal cual si la opinión pública se centrase en su funcionamiento interno. En un repaso somero de los avatares durante este primer año, según datos recogidos de sectores críticos del propio partido (página web “libertad ciudadanos”) el resultado es demoledor: dimisión de los coordinadores y/o portavoces de UPyD de Aragón, Galicia (ya van dos), Castilla-La Mancha, Andalucía, Sevilla, Cataluña; acusaciones de falta de democracia interna, acusaciones de mobbing y expedientes de expulsión de afiliados especialmente críticos con la gestión de Gorriarán, dimisión de un miembro de la Comisión de Garantías puesto a dedo por Gorriarán, dimisión de los organizadores del comité electoral de Salamanca, acusaciones de que los miembros del consejo político (máximo órgano entre congresos) no se pueden comunicar entre ellos y que Gorriarán intenta cambiar su composición a su antojo,...Pero a la opinión pública sólo le llega las vibrantes intervenciones de Rosa Díez en el Parlamento demandando, entre otras cosas, lo que niega o se dificulta en el seno de su propio partido: libertad de opinión y medios para ejercerla con ciertas garantías. Y el congreso constituyente del propio partido sin celebrarse, situación más anómala es difícil de imaginar. Mucho me temo que la regeneración democrática que prometían de ellos no vendrá, más parece que sólo fue un eslogan insincero para pescar votos de descontentos de uno y otro lado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
viernes, 17 de octubre de 2008
La alternativa
¿Y qué me dicen de "la alternativa"? En estas páginas se ha producido cierto cruce agrio de opiniones a cuenta de la Educación para la Ciudadanía; pero "la alternativa" también tiene su "aquél".
Les cuento: en los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos, cuando nos referimos a "la alternativa" hacemos alusión a las "otras" actividades que realizan los alumnos que no reciben educación religiosa (católica, por supuesto) Durante las horas de "alternativa", el profesor no puede adelantar en el currículo, so pretexto de no perjudicar a los que han optado por recibir formación religiosa. "La alternativa", a diferencia de la Educación para la Ciudadanía, no tiene contenidos propios, específicos; son "otras" actividades. ¿Qué actividades? Créanme si les digo que en el centro educativo en el que estoy prestando mis servicios en Madrid, ante la pregunta de un padre de "alternativa" no hubo manera de darle una respuesta mínimamente coherente a esa pregunta. Pues si no se puede adelantar en el currículo, el cual abarca todos los aspectos del desarrollo en la personalidad del niño, sobre todo en Infantil, mi especialidad, no sé qué otra cosa se puede hacer. En el fondo, se "aparca" a los niños de "alternativa" en el centro para que, mientras a sus compañeros, se les adoctrine en un credo religioso. Evidentemente, los funcionarios profesionales de la educación no estamos en nuestros centros de trabajo para boicotear las leyes, sino para cumplirlas, por mucho que estén pergeñadas con los pies, como es el caso. Tanto insistió el padre demandando algo mínimamente coherente (estaba en su derecho, por otra parte) que el director de mi centro, en un arranque de sinceridad, reconoció sin más que los niños de "alternativa" tenían que estar en el centro porque era horario escolar, pero que no había nada específico que ofrecerles.
Concluyendo, con fondos públicos, pagando al profesorado de religión y utilizando las instalaciones del Estado, no sólo se adoctrina a nuestros alumnos en una religión que por muy mayoritaria que sea un Estado mínimamente serio no tiene por qué sufragarla, ni colaborar en su difusión; sino que además obliga a aquellos alumnos de padres agnósticos o de otras religiones minoritarias, a perder el tiempo, so pretexto de que los católicos no se queden rezagados en su proceso educativo. Esta situación es a todas luces, inaceptable.
¿No es un argumento en contra de la Educación para la Ciudadanía que el Estado no puede adoctrinar en una determinada ideología? ¿Qué hace entonces, colaborando con la difusión de un credo religioso? ¿Dónde está el portavoz de "la episcopal" renunciando a tal privilegio? ¿Dónde están los liberales conversos de última hora denunciando tal situación? Quizá, como algunos sospechamos, el problema no es si el Estado adoctrina o deja de adoctrinar, sino quién lo hace aprovechándose de los recursos de ese Estado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Les cuento: en los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos, cuando nos referimos a "la alternativa" hacemos alusión a las "otras" actividades que realizan los alumnos que no reciben educación religiosa (católica, por supuesto) Durante las horas de "alternativa", el profesor no puede adelantar en el currículo, so pretexto de no perjudicar a los que han optado por recibir formación religiosa. "La alternativa", a diferencia de la Educación para la Ciudadanía, no tiene contenidos propios, específicos; son "otras" actividades. ¿Qué actividades? Créanme si les digo que en el centro educativo en el que estoy prestando mis servicios en Madrid, ante la pregunta de un padre de "alternativa" no hubo manera de darle una respuesta mínimamente coherente a esa pregunta. Pues si no se puede adelantar en el currículo, el cual abarca todos los aspectos del desarrollo en la personalidad del niño, sobre todo en Infantil, mi especialidad, no sé qué otra cosa se puede hacer. En el fondo, se "aparca" a los niños de "alternativa" en el centro para que, mientras a sus compañeros, se les adoctrine en un credo religioso. Evidentemente, los funcionarios profesionales de la educación no estamos en nuestros centros de trabajo para boicotear las leyes, sino para cumplirlas, por mucho que estén pergeñadas con los pies, como es el caso. Tanto insistió el padre demandando algo mínimamente coherente (estaba en su derecho, por otra parte) que el director de mi centro, en un arranque de sinceridad, reconoció sin más que los niños de "alternativa" tenían que estar en el centro porque era horario escolar, pero que no había nada específico que ofrecerles.
Concluyendo, con fondos públicos, pagando al profesorado de religión y utilizando las instalaciones del Estado, no sólo se adoctrina a nuestros alumnos en una religión que por muy mayoritaria que sea un Estado mínimamente serio no tiene por qué sufragarla, ni colaborar en su difusión; sino que además obliga a aquellos alumnos de padres agnósticos o de otras religiones minoritarias, a perder el tiempo, so pretexto de que los católicos no se queden rezagados en su proceso educativo. Esta situación es a todas luces, inaceptable.
¿No es un argumento en contra de la Educación para la Ciudadanía que el Estado no puede adoctrinar en una determinada ideología? ¿Qué hace entonces, colaborando con la difusión de un credo religioso? ¿Dónde está el portavoz de "la episcopal" renunciando a tal privilegio? ¿Dónde están los liberales conversos de última hora denunciando tal situación? Quizá, como algunos sospechamos, el problema no es si el Estado adoctrina o deja de adoctrinar, sino quién lo hace aprovechándose de los recursos de ese Estado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
domingo, 12 de octubre de 2008
Cuestionamiento de la monarquía
Todos los estudios y encuestas de opinión coinciden en que el debate entre monarquía y república no se encuentra entre aquellos temas que más preocupa a los españoles. Los dos grandes partidos no lo tienen en su agenda; aunque últimamente ha habido determinadas voces en el ámbito nacionalista que la han puesto en cuestión.
La Transición supuso un acuerdo entre los herederos del régimen franquista y los partidos de la oposición, algunos herederos a su vez de la República. El mantenimiento de las previsiones sucesorias del dictador en la figura del rey Juan Carlos, permitieron que ciertas figuras del antiguo régimen, las más aperturistas, tuviesen la esperanza de que en la España monárquica y democrática ellos siguieran teniendo un papel de cierta relevancia. Y por otra parte, la aceptación de la monarquía por parte de la oposición facilitaba la transición de forma pacífica a un régimen democrático y con posibilidades reales de alcanzar el poder en un futuro más o menos cercano, como así se produjo con la victoria del PSOE en 1982.
Las circunstancias excepcionales que siempre rodean a todo proceso constituyente, provocan que las fuerzas políticas y sociales participantes en ellos consigan ventajas para el futuro. La propia institución monárquica las aprovechó en su beneficio; pero aquella situación, en la que la monarquía era necesaria para facilitar el cambio, ahora ya ha desaparecido. Tendrán que ganarse su puesto día a día, no sirve lo pasado. Lo que una vez fue beneficioso para la sociedad española, puede, en un futuro, dejar de serlo. Si he empezado este artículo diciendo que poco interesa a los españoles el debate entre monarquía y república, hay que añadir que la situación puede cambiar antes de lo que cabría pensar.
Han surgido dos partidos, UPyD y C´s, como reacción a la partitocracia en la que se ha convertido la España surgida de la Transición. Ninguno de los dos participó en esa Transición y, por consiguiente, no entraron en el intercambio de concesiones a cambio de ciertas ventajas que garantizasen su futuro. Ninguno de los dos se declaran monárquicos, pero ambos mantienen la postura de que no es prioritario en absoluto cuestionarse a la monarquía, quizá por reacción a la deriva antimonárquica de los radicales nacionalistas que a través de ataques al rey pretenden, quizá, dinamitar la unidad de España que el monarca, como Jefe de Estado, puede simbolizar.
Honestamente pienso que ineludiblemente debemos considerar al sistema republicano más acorde con los principios ciudadanos que dicen estos partidos defender y que el mayor error que podríamos cometer, sería renunciar a la coherencia con nosotros mismos a cambio de ¿qué? Nada.
La institución monárquica conlleva “violentar” principios que en sus manifiestos fundacionales ambos partidos, UPyD y C´s, han proclamado.
La igualdad entre todos los seres humanos en cuanto a derechos y libertades y que sólo cabe admitir las diferencias debidas al mérito, esfuerzo y talento, no admite excepciones por mucho que se apellide “Borbón”. Ese absurdo sólo puede mantenerse merced a cierta transfiguración de la realidad; aquellos que se proclaman, con Savater, osados para pensar por sí mismos, admiten una zona de absoluta opacidad alrededor del monarca, con un respeto casi escrupuloso –sacramental- mal entendido y que choca con el más elemental derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sobre sus autoridades.
¿Cómo alguien se va a atrever a pensar por sí mismo, cómo ufanamente se vanagloria Savater en el manifiesto fundacional de UPyD, si acepta que se le oculte la verdad de las personas que encarnan la institución monárquica?
Los llamamientos a cierta racionalidad a la hora de tratar los asuntos públicos que, tanto C´s como UPyD, han hecho, no tienen sentido cuando se acepta, mirando hacia otro sitio, cierto culto a la personalidad que siempre es necesario para que el resto de los mortales acepten lo inaceptable: reconocimiento de la supremacía de la herencia, de la cuna, sobre cualquier otra consideración como el mérito, el consentimiento expresado con regularidad a través de procedimientos democráticos y, sobre todo, la excepcionalidad legal que desde la cuna se le reconoce de facto a los miembros de la familia real.
La coherencia de nuestros planteamientos es, quizá, la única baza que podemos contar sin depender de nadie; pero además, el actual sistema que nosotros queremos reformar se sujeta desde arriba en un punto, el Rey, desde el cual salen todos los hilos y que permite la pervivencia del mismo. Desde la Transición ha surgido un sistema en el cual todas las partes están imbricadas unas con otras; la institución monárquica es el paraguas que protege el juego ventajista del resto. No violentemos nuestra inteligencia aceptando una institución anacrónica, aceptemos por tanto las leyes de la razón, de lo razonable, para acercarnos a la realidad política de nuestro país sin miedo y con la tozudez que la mente clara exige, y digamos con claridad que el rey está desnudo, como el cuento, que no está dotado de virtudes excepcionales que justifiquen tales privilegios ni para él ni para sus herederos; sino que en la persona que ostenta ese título, después de retirarle todo el boato y artificio que le rodea, no se puede encontrar razón alguna para que no se le fuerce a recobrar su condición ciudadana.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Todos los estudios y encuestas de opinión coinciden en que el debate entre monarquía y república no se encuentra entre aquellos temas que más preocupa a los españoles. Los dos grandes partidos no lo tienen en su agenda; aunque últimamente ha habido determinadas voces en el ámbito nacionalista que la han puesto en cuestión.
La Transición supuso un acuerdo entre los herederos del régimen franquista y los partidos de la oposición, algunos herederos a su vez de la República. El mantenimiento de las previsiones sucesorias del dictador en la figura del rey Juan Carlos, permitieron que ciertas figuras del antiguo régimen, las más aperturistas, tuviesen la esperanza de que en la España monárquica y democrática ellos siguieran teniendo un papel de cierta relevancia. Y por otra parte, la aceptación de la monarquía por parte de la oposición facilitaba la transición de forma pacífica a un régimen democrático y con posibilidades reales de alcanzar el poder en un futuro más o menos cercano, como así se produjo con la victoria del PSOE en 1982.
Las circunstancias excepcionales que siempre rodean a todo proceso constituyente, provocan que las fuerzas políticas y sociales participantes en ellos consigan ventajas para el futuro. La propia institución monárquica las aprovechó en su beneficio; pero aquella situación, en la que la monarquía era necesaria para facilitar el cambio, ahora ya ha desaparecido. Tendrán que ganarse su puesto día a día, no sirve lo pasado. Lo que una vez fue beneficioso para la sociedad española, puede, en un futuro, dejar de serlo. Si he empezado este artículo diciendo que poco interesa a los españoles el debate entre monarquía y república, hay que añadir que la situación puede cambiar antes de lo que cabría pensar.
Han surgido dos partidos, UPyD y C´s, como reacción a la partitocracia en la que se ha convertido la España surgida de la Transición. Ninguno de los dos participó en esa Transición y, por consiguiente, no entraron en el intercambio de concesiones a cambio de ciertas ventajas que garantizasen su futuro. Ninguno de los dos se declaran monárquicos, pero ambos mantienen la postura de que no es prioritario en absoluto cuestionarse a la monarquía, quizá por reacción a la deriva antimonárquica de los radicales nacionalistas que a través de ataques al rey pretenden, quizá, dinamitar la unidad de España que el monarca, como Jefe de Estado, puede simbolizar.
Honestamente pienso que ineludiblemente debemos considerar al sistema republicano más acorde con los principios ciudadanos que dicen estos partidos defender y que el mayor error que podríamos cometer, sería renunciar a la coherencia con nosotros mismos a cambio de ¿qué? Nada.
La institución monárquica conlleva “violentar” principios que en sus manifiestos fundacionales ambos partidos, UPyD y C´s, han proclamado.
La igualdad entre todos los seres humanos en cuanto a derechos y libertades y que sólo cabe admitir las diferencias debidas al mérito, esfuerzo y talento, no admite excepciones por mucho que se apellide “Borbón”. Ese absurdo sólo puede mantenerse merced a cierta transfiguración de la realidad; aquellos que se proclaman, con Savater, osados para pensar por sí mismos, admiten una zona de absoluta opacidad alrededor del monarca, con un respeto casi escrupuloso –sacramental- mal entendido y que choca con el más elemental derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sobre sus autoridades.
¿Cómo alguien se va a atrever a pensar por sí mismo, cómo ufanamente se vanagloria Savater en el manifiesto fundacional de UPyD, si acepta que se le oculte la verdad de las personas que encarnan la institución monárquica?
Los llamamientos a cierta racionalidad a la hora de tratar los asuntos públicos que, tanto C´s como UPyD, han hecho, no tienen sentido cuando se acepta, mirando hacia otro sitio, cierto culto a la personalidad que siempre es necesario para que el resto de los mortales acepten lo inaceptable: reconocimiento de la supremacía de la herencia, de la cuna, sobre cualquier otra consideración como el mérito, el consentimiento expresado con regularidad a través de procedimientos democráticos y, sobre todo, la excepcionalidad legal que desde la cuna se le reconoce de facto a los miembros de la familia real.
La coherencia de nuestros planteamientos es, quizá, la única baza que podemos contar sin depender de nadie; pero además, el actual sistema que nosotros queremos reformar se sujeta desde arriba en un punto, el Rey, desde el cual salen todos los hilos y que permite la pervivencia del mismo. Desde la Transición ha surgido un sistema en el cual todas las partes están imbricadas unas con otras; la institución monárquica es el paraguas que protege el juego ventajista del resto. No violentemos nuestra inteligencia aceptando una institución anacrónica, aceptemos por tanto las leyes de la razón, de lo razonable, para acercarnos a la realidad política de nuestro país sin miedo y con la tozudez que la mente clara exige, y digamos con claridad que el rey está desnudo, como el cuento, que no está dotado de virtudes excepcionales que justifiquen tales privilegios ni para él ni para sus herederos; sino que en la persona que ostenta ese título, después de retirarle todo el boato y artificio que le rodea, no se puede encontrar razón alguna para que no se le fuerce a recobrar su condición ciudadana.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Educación Para la Ciudadanía
El PP en su reciente comunicado de prensa del 22 del corriente cita el artículo 27.3 de nuestra Constitución para fundamentar el derecho a la objeción de conciencia en contra de esta asignatura que supuestamente les asistiría a los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Recientemente, en estas mismas páginas, el profesor de filosofía Jesús Martínez Velasco en “Sin permiso para educar”, antepone a dicho punto el inmediatamente anterior, 27.2, en el cual se hace referencia a “los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” que garantizarían el pleno desarrollo de la personalidad humana, objeto último de la educación. ¿Cómo hacer compatibles ambos? ¿Cuál debería prevalecer en caso de conflicto? Reduciendo al absurdo el dilema, ¿se debería permitir que dentro de los hogares se educase en el odio, en la intolerancia, promoviendo y justificando la sistemática conculcación de los más elementales derechos a determinados sectores poblacionales en virtud de ciertos prejuicios? Ciertamente, no. Los valores democráticos son consustanciales a la propia concepción del ser humano implícita en nuestra constitución por lo que, a mí entender, no tiene sentido contraponerlos con otras intenciones igualmente loables presentes también en nuestra constitución, pero de menor rango.
Ahora bien, yo creo que en el debate se confunden dos aspectos, uno, las razones que justifican la inclusión de la propia asignatura en el currículo, y dos, el modo como ésta se imparte; que puede constituir ciertamente una adulteración del propósito que debería inspirar una asignatura de estas características. Pero no se puede pretender, como lo hacen determinados sectores, argumentar en contra de lo primero mediante ejemplos que, en todo caso, nos debería servir para mejorar y corregir lo segundo. Una sociedad que intenta trasladar en su ordenamiento jurídico una serie de valores democráticos entraría en contradicción consigo misma si se mostrase reticente a la hora de hacérselos comprender a las nuevas generaciones. Aun a riesgo de resultar un tanto provocador, el apelar a la objeción de conciencia en este caso no es otra cosa que una estrategia defensiva de aquellos que no terminan por aceptar la realidad social tal como ésta es, con sus diferentes concepciones morales, todas respetables siempre que para su pervivencia no necesiten la eliminación intelectual de las otras. Pues ciertamente, la Educación para la Ciudadanía no debería pretender, por poner un ejemplo, convencer de que no es inmoral el matrimonio de personas del mismo sexo; simplemente, debería constatar que para la mayoría de los ciudadanos el matrimonio gay es un derecho que a esas personas, ciudadanos, se les debe reconocer y que, por tanto, las leyes humanas deben proteger.
Ahora bien, no podemos pecar de ingenuos y no mantener una sana desconfianza ante el poder político, siempre proclive a la manipulación independientemente de la orientación ideológica del que lo ocupa.
Pero una vez más los extremos se refuerzan entre sí. Difícil resulta escaparse de este maniqueísmo que constriñe a la sociedad española; mientras algunos piensan que cualquier crítica que se les hace “la episcopal” está detrás, los otros que cualquier medida laica que se tome es el mismo diablo quién la ha inspirado y así no hay forma que el sentido común se haga hueco. Atreverse a pensar por uno mismo se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo que puede traer graves consecuencias; se permiten errores si es en compañía, pero si te equivocas por tu cuenta y riesgo...eso, no me explico por qué, suele ser imperdonable. Kant, citado por el profesor Jesús Martínez, en este ambiente lo tendría crudo.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
El PP en su reciente comunicado de prensa del 22 del corriente cita el artículo 27.3 de nuestra Constitución para fundamentar el derecho a la objeción de conciencia en contra de esta asignatura que supuestamente les asistiría a los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Recientemente, en estas mismas páginas, el profesor de filosofía Jesús Martínez Velasco en “Sin permiso para educar”, antepone a dicho punto el inmediatamente anterior, 27.2, en el cual se hace referencia a “los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” que garantizarían el pleno desarrollo de la personalidad humana, objeto último de la educación. ¿Cómo hacer compatibles ambos? ¿Cuál debería prevalecer en caso de conflicto? Reduciendo al absurdo el dilema, ¿se debería permitir que dentro de los hogares se educase en el odio, en la intolerancia, promoviendo y justificando la sistemática conculcación de los más elementales derechos a determinados sectores poblacionales en virtud de ciertos prejuicios? Ciertamente, no. Los valores democráticos son consustanciales a la propia concepción del ser humano implícita en nuestra constitución por lo que, a mí entender, no tiene sentido contraponerlos con otras intenciones igualmente loables presentes también en nuestra constitución, pero de menor rango.
Ahora bien, yo creo que en el debate se confunden dos aspectos, uno, las razones que justifican la inclusión de la propia asignatura en el currículo, y dos, el modo como ésta se imparte; que puede constituir ciertamente una adulteración del propósito que debería inspirar una asignatura de estas características. Pero no se puede pretender, como lo hacen determinados sectores, argumentar en contra de lo primero mediante ejemplos que, en todo caso, nos debería servir para mejorar y corregir lo segundo. Una sociedad que intenta trasladar en su ordenamiento jurídico una serie de valores democráticos entraría en contradicción consigo misma si se mostrase reticente a la hora de hacérselos comprender a las nuevas generaciones. Aun a riesgo de resultar un tanto provocador, el apelar a la objeción de conciencia en este caso no es otra cosa que una estrategia defensiva de aquellos que no terminan por aceptar la realidad social tal como ésta es, con sus diferentes concepciones morales, todas respetables siempre que para su pervivencia no necesiten la eliminación intelectual de las otras. Pues ciertamente, la Educación para la Ciudadanía no debería pretender, por poner un ejemplo, convencer de que no es inmoral el matrimonio de personas del mismo sexo; simplemente, debería constatar que para la mayoría de los ciudadanos el matrimonio gay es un derecho que a esas personas, ciudadanos, se les debe reconocer y que, por tanto, las leyes humanas deben proteger.
Ahora bien, no podemos pecar de ingenuos y no mantener una sana desconfianza ante el poder político, siempre proclive a la manipulación independientemente de la orientación ideológica del que lo ocupa.
Pero una vez más los extremos se refuerzan entre sí. Difícil resulta escaparse de este maniqueísmo que constriñe a la sociedad española; mientras algunos piensan que cualquier crítica que se les hace “la episcopal” está detrás, los otros que cualquier medida laica que se tome es el mismo diablo quién la ha inspirado y así no hay forma que el sentido común se haga hueco. Atreverse a pensar por uno mismo se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo que puede traer graves consecuencias; se permiten errores si es en compañía, pero si te equivocas por tu cuenta y riesgo...eso, no me explico por qué, suele ser imperdonable. Kant, citado por el profesor Jesús Martínez, en este ambiente lo tendría crudo.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
domingo, 14 de septiembre de 2008
Otoño Musical Soriano: sugerencias ciudadanas
Quisiera hacer algunas sugerencias sobre el sistema de venta de abonos del Otoño Musical Soriano basadas en el sentido común y en colocarse en el lugar de las personas que, como yo, hacemos cola para comprar esas entradas.
De entrada, una propuesta muy sencilla: para evitar el desplazamiento a la Casa Consistorial con el fin de obtener el volante de empadronamiento que permite disfrutar de un descuento del 10 %, se podría conectar el ordenador de la taquilla de venta de entradas con el sistema informático municipal o, simplemente, que en el PC de la taquilla estuviera instalado el censo que permita testar a la persona que desea obtener esa bonificación. No creo que sea muy complicado en pleno siglo XXI, en la era de las nuevas tecnologías y de la TDT. Pero si no fuera posible, se podría adelantar ese día media hora el servicio de atención al público en el Ayuntamiento, empezando a las 8:30 horas de la mañana, en lugar de a las 9:00 como es actualmente (y no llegues ni un pelo antes, porque no te atienden), para poder obtener esa certificación.
Ahora bien, la revolución ciudadana, lo que desearíamos todos los que hacemos la cola, es que empezara antes la venta de entradas. ¿Por qué a las 10:00 horas? (Ya puestos, podía empezar a las 13:00 horas y así nos tomábamos unas cañas mientras esperábamos. A ver, ¿por qué a las 10 de la mañana y no a la una de la tarde?.) Proponemos empezar a las 8:30 horas –coincidiendo con nuestra propuesta de apertura de la oficina de atención al público en el Ayuntamiento– si fuera imposible realizar la conexión entre los servicios informáticos de Estadística Municipal y los de venta de entradas. También podemos empezar a las 8:00 h. Los del abono somos tempraneros y trabajadores, muy trabajadores, cada uno en sus cosas. Perder una media de dos horas y media de trabajo es mucho perder. Debería adelantarse el horario para perder el mínimo tiempo de trabajo (y todo esto teniendo en cuenta que nos turnamos entre familiares y amigos). Y luego hablamos de la crisis, de aumento de la productividad y tal y tal.
Por último, pero no por ello menos importante: ¿no se podían instalar algunos bancos para poder sentarse –no para sacar dinero, que en la taquilla ya funciona la tarjeta de crédito– en algún sitio cercano de la plaza Mayor? ¿Dónde quedaron aquellos poyos corridos situados en los edificios principales de nuestras plazas, en los atrios de las iglesias y en otros lugares de reunión? Se afirma en el corrillo de la cola que ilustre soriano de a pie y de edad ha habido que en esta ocasión ha tenido que transportar su sillita desplegable para hacer más ligera su espera desde las 6:30 horas de la mañana. ¿Hay derecho a esto?
Jesús de Lózar.
Ciudadanos de Soria – Partido de la Ciudadanía.
De entrada, una propuesta muy sencilla: para evitar el desplazamiento a la Casa Consistorial con el fin de obtener el volante de empadronamiento que permite disfrutar de un descuento del 10 %, se podría conectar el ordenador de la taquilla de venta de entradas con el sistema informático municipal o, simplemente, que en el PC de la taquilla estuviera instalado el censo que permita testar a la persona que desea obtener esa bonificación. No creo que sea muy complicado en pleno siglo XXI, en la era de las nuevas tecnologías y de la TDT. Pero si no fuera posible, se podría adelantar ese día media hora el servicio de atención al público en el Ayuntamiento, empezando a las 8:30 horas de la mañana, en lugar de a las 9:00 como es actualmente (y no llegues ni un pelo antes, porque no te atienden), para poder obtener esa certificación.
Ahora bien, la revolución ciudadana, lo que desearíamos todos los que hacemos la cola, es que empezara antes la venta de entradas. ¿Por qué a las 10:00 horas? (Ya puestos, podía empezar a las 13:00 horas y así nos tomábamos unas cañas mientras esperábamos. A ver, ¿por qué a las 10 de la mañana y no a la una de la tarde?.) Proponemos empezar a las 8:30 horas –coincidiendo con nuestra propuesta de apertura de la oficina de atención al público en el Ayuntamiento– si fuera imposible realizar la conexión entre los servicios informáticos de Estadística Municipal y los de venta de entradas. También podemos empezar a las 8:00 h. Los del abono somos tempraneros y trabajadores, muy trabajadores, cada uno en sus cosas. Perder una media de dos horas y media de trabajo es mucho perder. Debería adelantarse el horario para perder el mínimo tiempo de trabajo (y todo esto teniendo en cuenta que nos turnamos entre familiares y amigos). Y luego hablamos de la crisis, de aumento de la productividad y tal y tal.
Por último, pero no por ello menos importante: ¿no se podían instalar algunos bancos para poder sentarse –no para sacar dinero, que en la taquilla ya funciona la tarjeta de crédito– en algún sitio cercano de la plaza Mayor? ¿Dónde quedaron aquellos poyos corridos situados en los edificios principales de nuestras plazas, en los atrios de las iglesias y en otros lugares de reunión? Se afirma en el corrillo de la cola que ilustre soriano de a pie y de edad ha habido que en esta ocasión ha tenido que transportar su sillita desplegable para hacer más ligera su espera desde las 6:30 horas de la mañana. ¿Hay derecho a esto?
Jesús de Lózar.
Ciudadanos de Soria – Partido de la Ciudadanía.
domingo, 6 de julio de 2008
El PSOE define su postura
Once millones ya no pueden alegar duda o desconocimiento: el partido al que votan está decididamente a favor de la política de marginación del uso del castellano en la educación (por lo menos) que practican los gobiernos autonómicos de algunas comunidades bilingües.
En el marco de su XXXVII Congreso, el PSOE ha dado a conocer un documento en que concreta su postura oficial (aunque probablemente no unánime) acerca de la política lingúística. Al menos, debemos agradecer que despeje todas las dudas. Ya nadie podrá alegar la esperanza de que la base nacional del partido se acabe imponiendo sobre sus minorías centrífugas. No. El PSOE ha escogido oficialmente dar la espalda a sus votantes a cambio de mantener el apoyo de los rivales políticos con cuya colaboración se mantienen en el poder.
El texto es todo un tratado de hipocresía verbal y un compendio de falacias y vaguedades sacadas de contexto. Su hilo argumental se basa en responder a críticas que nadie formula, obviando los aspectos de la política lingüística que sí son objeto de reproche.
Así, se repite por activa y por pasiva la idea de la "competición entre lenguas" y de la "buena salud" de que goza el castellano. Nadie ha hablado de eso. No se trata de que una lengua siga siendo la tercera más hablada del mundo o de que, entre sí, las distintas lenguas españolas estén o no en competencia. De lo que se trata es de los derechos individuales de los ciudadanos. Ésos son los que se están vulnerando sistemáticamente. ¿Qué más le da a un castellanohablante de Cornellà o de Ponteareas si en México su idioma no está amenazado, cuando lo que no puede hacer él, en concreto, es llevar a sus hijos a una escuela en que, siquiera parcialmente, se les enseñe en su lengua materna? ¿Qué le importa a un empleado de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones que cada vez haya más alemanes interesados en aprender español, si cuando a él le obligan a trasladarse de Madrid a Barcelona se encuentra con que sus hijos van a perder meses, o incluso años, en familiarizarse con una lengua que les es ajena y en que nunca podrán rendir como en la suya propia? ¿No es eso marginar? ¿No es eso imponer peores condiciones de enseñanza a los castellanohablantes que a los hablantes de la lengua regional?
De eso no habla el documento del PSOE.
En él se habla de "plurilingüismo" sin concretar el significado de la palabra. Lo que quiere decir el plurilingüismo del PSOE es que debe fomentarse el mosaico territorial de lenguas, para preservar este supuestamente rico patrimonio cultural. Pero no habla de que cada habitante de España pueda entenderse con los habitantes de las demás regiones, ni de que todos los españoles puedan mudarse a cualquier punto del país con la certeza de que el idioma no será un obstáculo, porque siempre habrá oferta de servicios en la lengua común y el desconocimiento de la lengua regional nunca será un obstáculo para acceder al empleo o a la función pública. El plurilingüismo del PSOE es Babel, no entendimiento. Una España convertida en museo de lenguas para que vengan los filólogos de todo el mundo a estudiar el fenómeno, como quien va a Madagascar a estudiar su insólita fauna.
Cuando el documento dice que el modelo educativo de Cataluña, con el catalán como lengua vehicular, evita la división y la fractura social, no aporta ningún dato concreto. Es un juicio de valor sin más, sin sustento estadístico ni sociológico. Y fácilmente rebatible. Los castellanohablantes que no pueden estudiar en su idioma tienen, de forma inevitable, un rendimiento inferior en los estudios. El fracaso escolar entre ellos es abrumadoramente superior, lo que les aboca a un futuro profesional menos prometedor. Y esto lo saben también los nacionalistas, como Joan Antoni Duran Lleida, que durante el franquismo dirigió una indignada carta a la UNESCO denunciando la situación de miles de niños catalanohablantes que no podían educarse en su lengua materna. A pesar de que, incluso en aquella época, muchas escuelas catalanas (sobre todo en el medio rural) impartían sus clases en la lengua regional. Hoy en día, en cambio, es más fácil encontrar una escuela francófona o anglófona que hispanohablante. Ésta no existe en Cataluña.
En cuanto a la legitimidad legal de las políticas lingüísticas nacionalistas, es dudoso que, como afirma el documento del PSOE, el modelo consagrado en la Constitución sea el de supresión de la lengua común en los ámbitos educativos, administrativos y medios de comunicación públicos de las comunidades bilingües, para que, poco a poco, vayan convirtiéndose en monolingües. Pero, aunque tampoco está claro que la Constitución se oponga expresamente a ese proceso, eso no significa que debamos aceptarlo. La Constitución no es un libro sagrado, sino un marco legislativo en que caben muchas cosas buenas, y también muchas malas.
Por otra parte, es cierto que la Ley 7/1983 catalana de política lingüística fue aprobada por "unanimidad,incluido el PP", y que el TC confirmó su adecuación a la Constitución. Lo que no dice el PSOE es que la ley consagra el equilibrio entre catalán y castellano en la enseñanza, y que el desarrollo reglamentario de esa norma se ha convertido en una burla a la legalidad, pues son los reglamentos los que imponen el monolingüismo educativo, saltándose a la torera la ley de rango superior. Los reglamentos no se pueden llevar al TC, sino que son objeto de control por la justicia ordinaria, y ésta se ha pronunciado reiteradamente en el mismo sentido: los padres tienen derecho a elegir la lengua de educación de sus hijos. ¿Cómo cumple el gobierno autonómico estas sentencias? Marginando a los hijos de los padres demandantes en aulas separadas. Una clase en castellano sólo para ellos. De esa manera, consiguen amedrentar a los demás padres, para que no hagan a sus hijos pasar por esa humillación. Toda una demostración de espíritu democrático.
Ya está bien de hipocresía. Ya está bien de mirar para otro lado. Once millones de votantes del PSOE no pueden estar de acuerdo con esto. Demos por perdida la causa de los votantes nacionalistas, pero once millones de votantes del PSOE no pueden ser cómplices de este disparate.
¿No se dan cuenta de lo que viene después? Cuando la enseñanza manipuladora y adoctrinadora de los nacionalismos periféricos haya "educado" a dos generaciones enteras de catalanes, vascos, gallegos, etcétera, estará allanado el camino hacia la desintegración de España. Y, aunque no sea por fidelidad a una patria cuya adscripción sentimental quizá sea cosa de épocas pasadas, no debemos permitirlo por muchos otros motivos. Porque cada frontera que se levanta en el mundo es mucho más que una frontera entre países: es una frontera entre personas. Porque la Unión Europea es exactamente lo contrario a esa tendencia segregadora. Porque no podemos consentir que ideologías de tan baja calidad moral como el nacionalismo ganen la partida. Porque ese tipo de ideologías han sido la causa de los grandes desastres de la historia del mundo y, muy especialmente, de la europea. Porque, aunque desde Madrid o Valladolid cueste hacerse una idea de ello, la independencia no deseada de sus regiones supondrá un drama para millones de personas que no quieren ser extranjeros en su tierra ni dejar de ser españoles. Porque, si finalmente se llega a esa situación, habrá sido mediante el engaño sistemático a varias generaciones de españoles incautos que se han dejado robar la cartera como idiotas. Sí, como idiotas.
Votantes de PSOE: no tenéis excusa. El PP podrá no despertar vuestras simpatías, pero si no votáis a una opción minoritaria es porque no os da la real gana, no porque penséis que no tiene opciones. ¡Las tendría con vuestro apoyo! Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ya ha demostrado que el simple temor a perder una parte del electorado puede hacer que partidos como el PSC cambien de estrategia. Con un poco más de apoyo vuestro, se puede conseguir que, además, cambien de política. Está en vuestras manos. No nos defraudéis más. No os defraudéis.
En el marco de su XXXVII Congreso, el PSOE ha dado a conocer un documento en que concreta su postura oficial (aunque probablemente no unánime) acerca de la política lingúística. Al menos, debemos agradecer que despeje todas las dudas. Ya nadie podrá alegar la esperanza de que la base nacional del partido se acabe imponiendo sobre sus minorías centrífugas. No. El PSOE ha escogido oficialmente dar la espalda a sus votantes a cambio de mantener el apoyo de los rivales políticos con cuya colaboración se mantienen en el poder.
El texto es todo un tratado de hipocresía verbal y un compendio de falacias y vaguedades sacadas de contexto. Su hilo argumental se basa en responder a críticas que nadie formula, obviando los aspectos de la política lingüística que sí son objeto de reproche.
Así, se repite por activa y por pasiva la idea de la "competición entre lenguas" y de la "buena salud" de que goza el castellano. Nadie ha hablado de eso. No se trata de que una lengua siga siendo la tercera más hablada del mundo o de que, entre sí, las distintas lenguas españolas estén o no en competencia. De lo que se trata es de los derechos individuales de los ciudadanos. Ésos son los que se están vulnerando sistemáticamente. ¿Qué más le da a un castellanohablante de Cornellà o de Ponteareas si en México su idioma no está amenazado, cuando lo que no puede hacer él, en concreto, es llevar a sus hijos a una escuela en que, siquiera parcialmente, se les enseñe en su lengua materna? ¿Qué le importa a un empleado de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones que cada vez haya más alemanes interesados en aprender español, si cuando a él le obligan a trasladarse de Madrid a Barcelona se encuentra con que sus hijos van a perder meses, o incluso años, en familiarizarse con una lengua que les es ajena y en que nunca podrán rendir como en la suya propia? ¿No es eso marginar? ¿No es eso imponer peores condiciones de enseñanza a los castellanohablantes que a los hablantes de la lengua regional?
De eso no habla el documento del PSOE.
En él se habla de "plurilingüismo" sin concretar el significado de la palabra. Lo que quiere decir el plurilingüismo del PSOE es que debe fomentarse el mosaico territorial de lenguas, para preservar este supuestamente rico patrimonio cultural. Pero no habla de que cada habitante de España pueda entenderse con los habitantes de las demás regiones, ni de que todos los españoles puedan mudarse a cualquier punto del país con la certeza de que el idioma no será un obstáculo, porque siempre habrá oferta de servicios en la lengua común y el desconocimiento de la lengua regional nunca será un obstáculo para acceder al empleo o a la función pública. El plurilingüismo del PSOE es Babel, no entendimiento. Una España convertida en museo de lenguas para que vengan los filólogos de todo el mundo a estudiar el fenómeno, como quien va a Madagascar a estudiar su insólita fauna.
Cuando el documento dice que el modelo educativo de Cataluña, con el catalán como lengua vehicular, evita la división y la fractura social, no aporta ningún dato concreto. Es un juicio de valor sin más, sin sustento estadístico ni sociológico. Y fácilmente rebatible. Los castellanohablantes que no pueden estudiar en su idioma tienen, de forma inevitable, un rendimiento inferior en los estudios. El fracaso escolar entre ellos es abrumadoramente superior, lo que les aboca a un futuro profesional menos prometedor. Y esto lo saben también los nacionalistas, como Joan Antoni Duran Lleida, que durante el franquismo dirigió una indignada carta a la UNESCO denunciando la situación de miles de niños catalanohablantes que no podían educarse en su lengua materna. A pesar de que, incluso en aquella época, muchas escuelas catalanas (sobre todo en el medio rural) impartían sus clases en la lengua regional. Hoy en día, en cambio, es más fácil encontrar una escuela francófona o anglófona que hispanohablante. Ésta no existe en Cataluña.
En cuanto a la legitimidad legal de las políticas lingüísticas nacionalistas, es dudoso que, como afirma el documento del PSOE, el modelo consagrado en la Constitución sea el de supresión de la lengua común en los ámbitos educativos, administrativos y medios de comunicación públicos de las comunidades bilingües, para que, poco a poco, vayan convirtiéndose en monolingües. Pero, aunque tampoco está claro que la Constitución se oponga expresamente a ese proceso, eso no significa que debamos aceptarlo. La Constitución no es un libro sagrado, sino un marco legislativo en que caben muchas cosas buenas, y también muchas malas.
Por otra parte, es cierto que la Ley 7/1983 catalana de política lingüística fue aprobada por "unanimidad,incluido el PP", y que el TC confirmó su adecuación a la Constitución. Lo que no dice el PSOE es que la ley consagra el equilibrio entre catalán y castellano en la enseñanza, y que el desarrollo reglamentario de esa norma se ha convertido en una burla a la legalidad, pues son los reglamentos los que imponen el monolingüismo educativo, saltándose a la torera la ley de rango superior. Los reglamentos no se pueden llevar al TC, sino que son objeto de control por la justicia ordinaria, y ésta se ha pronunciado reiteradamente en el mismo sentido: los padres tienen derecho a elegir la lengua de educación de sus hijos. ¿Cómo cumple el gobierno autonómico estas sentencias? Marginando a los hijos de los padres demandantes en aulas separadas. Una clase en castellano sólo para ellos. De esa manera, consiguen amedrentar a los demás padres, para que no hagan a sus hijos pasar por esa humillación. Toda una demostración de espíritu democrático.
Ya está bien de hipocresía. Ya está bien de mirar para otro lado. Once millones de votantes del PSOE no pueden estar de acuerdo con esto. Demos por perdida la causa de los votantes nacionalistas, pero once millones de votantes del PSOE no pueden ser cómplices de este disparate.
¿No se dan cuenta de lo que viene después? Cuando la enseñanza manipuladora y adoctrinadora de los nacionalismos periféricos haya "educado" a dos generaciones enteras de catalanes, vascos, gallegos, etcétera, estará allanado el camino hacia la desintegración de España. Y, aunque no sea por fidelidad a una patria cuya adscripción sentimental quizá sea cosa de épocas pasadas, no debemos permitirlo por muchos otros motivos. Porque cada frontera que se levanta en el mundo es mucho más que una frontera entre países: es una frontera entre personas. Porque la Unión Europea es exactamente lo contrario a esa tendencia segregadora. Porque no podemos consentir que ideologías de tan baja calidad moral como el nacionalismo ganen la partida. Porque ese tipo de ideologías han sido la causa de los grandes desastres de la historia del mundo y, muy especialmente, de la europea. Porque, aunque desde Madrid o Valladolid cueste hacerse una idea de ello, la independencia no deseada de sus regiones supondrá un drama para millones de personas que no quieren ser extranjeros en su tierra ni dejar de ser españoles. Porque, si finalmente se llega a esa situación, habrá sido mediante el engaño sistemático a varias generaciones de españoles incautos que se han dejado robar la cartera como idiotas. Sí, como idiotas.
Votantes de PSOE: no tenéis excusa. El PP podrá no despertar vuestras simpatías, pero si no votáis a una opción minoritaria es porque no os da la real gana, no porque penséis que no tiene opciones. ¡Las tendría con vuestro apoyo! Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ya ha demostrado que el simple temor a perder una parte del electorado puede hacer que partidos como el PSC cambien de estrategia. Con un poco más de apoyo vuestro, se puede conseguir que, además, cambien de política. Está en vuestras manos. No nos defraudéis más. No os defraudéis.
jueves, 12 de junio de 2008
El Presidente de Ciudadanos visita Soria
El Presidente de Ciudadanos visita Soria
Soria, 11 de junio de 2008. El Presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Albert Rivera, visitó el pasado viernes día 6 la capital soriana a fin de hacer llegar su apoyo a los afiliados de esta provincia, conocer de cerca sus problemas y difundir la imagen del partido en Soria.
Tras una rueda de prensa en el hotel Alfonso VIII, en que Rivera expuso la postura del partido acerca de la financiación autonómica y anunció la creación de una fundación de ámbito nacional para difundir las ideas de libertad y progreso, fue acompañado por un grupo de militantes a la Ciudad del Medio Ambiente y a las ruinas de Numancia, para después almorzar en el propio hotel Alfonso VIII y mantener una charla de sobremesa junto con un nutrido número de afiliados y simpatizantes.
Albert Rivera, que hizo el viaje acompañado del Secretario General de C’s, Manel García Bofill, y fue recibido por representantes de las Agrupaciones de Aragón, Pamplona-Norte y la Federación Norte, expresó su desacuerdo con las negociaciones bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en cuestiones de financiación, que a su juicio deben ser objeto de un pacto global en que se han de tener en cuenta diversos factores para evitar injusticias territoriales. Además, reclamó una revisión de la financiación de las corporaciones locales, huérfanas actualmente de medios para desempeñar adecuadamente sus competencias.
En cuanto a la fundación que va a constituir C’s, se trata de un instrumento que ha de permitir la colaboración abierta de representantes de la cultura y de la vida política para profundizar en los principios básicos del partido, el progreso y la libertad, y transmitirlos a la sociedad.
El Presidente de C’s dio a conocer el propósito de partido de presentar una candidatura en las próximas elecciones municipales en Soria, una iniciativa que quizá se extienda a otras capitales del entorno, como Logroño, Pamplona, etc.
viernes, 23 de mayo de 2008
ETA y Francia
La detención en Francia de varios miembros de ETA revela dos aspectos antitéticos de una misma realidad: por un lado, que Francia colabora en la lucha contra el terrorismo etarra; por otro lado, que Francia sigue siendo el refugio habitual de esos asesinos, lo cual es prueba inequívoca de que, pese a todo, el país vecino no hace todo lo que está en su mano para acabar con ETA.
En cierto modo, es comprensible. Al Gobierno francés nunca le interesará convertir a su territorio y a su población en objetivo terrorista. Pero desde el punto de vista moral cualquier permisividad resulta mucho más discutible, aunque no sea absoluta.
De todos modos, yo no quería hablar de la actitud de Francia hacia ETA, sino de la actitud de ETA hacia Francia. Es cierto que no se puede pedir coherencia ni lógica a una horda de sangrientos canallas, fanáticos descerebrados, abortos humanos privados apenas de intelecto. Pero los que sí tenemos cerebro entre las orejas y lo utilizamos, con mayor o menor acierto, para algo más que para distinguir el papel higiénico de los billetes de cien euros, no deja de resultar chocante la falta absoluta de sentido que tiene hacer de España el blanco exclusivo de la ira etarra, cuando se supone que Francia es igual de culpable de la "aflicción que sufre el pueblo vasco".
Desde el (deformado) prisma nacionalista (ponga bombas o no), la potencia extranjera que ocupa y divide el País Vasco no es solo una, sino dos: España y Francia. Dos Estados opresores, dos naciones invasoras que maltratan al pueblo vasco y le privan de sus derechos. Suena hilarante, pero los nacionalistas se lo creen a pies juntillas.
Siendo así, ¿cómo es que ETA prácticamente sólo actúa en España, contra intereses españoles, contra ciudadanos españoles, contra policías, militares, políticos, funcionarios españoles? ¿Por qué no pone ETA bombas en el aeropuerto Charles de Gaulle? ¿Por qué no mata a gendarmes ni a militares franceses? ¿Por qué no asesina a militantes del PSF o de la UMP? ¿Por qué no llevan escolta los jueces del País Vasco Francés? ¿Por qué no peligra la vida de los alcaldes y concejales de los pueblos de esos territorios?
Por supuesto que no estoy pidiendo a ETA que, para variar, se dedique a matar franceses. ETA debe desaparecer y sus miembros tienen que ir a la cárcel, que es su inevitable destino. Lo que pretendo es poner de manifiesto una incongruencia que, por pura costumbre, ya nos pasa desapercibida.
Podría pensarse que Francia, al ser una democracia más antigua, no ha hecho tanto como España para ser blanco de la ira terrorista. ¿Es eso cierto? ¿Qué grado de autonomía tiene Iparralde en Francia? ¿Qué parlamento regional existe allí? ¿Qué leyes protegen el euskera en Francia? ¿Cuál es el uso institucional del euskera y su fomento en las escuelas francesas? ¿Qué privilegios fiscales tienen los vascos de Francia? ¿Qué trato de favor ha recibido el País Vasco Francés en las inversiones públicas, en infraestructuras, en industria, en desarrollo?
Yo creo que la respuesta es muy clara: ETA es un producto de la historia de España y el nacionalismo separatista es producto del carácter español. La soberbia española, el individualismo español, la altanería española, el papanatismo español. Y lo vasco es la máxima expresión de esa forma de ser de España. ETA mata en España porque ETA es de España. Es vasca, pero española. Es tan española como todos los vicios de nuestra personalidad que desde hace siglos nos impiden ponernos a la altura de las circunstancias. Ojalá algún día acabemos con ETA, pero mucho me temo que antes habremos de acabar con todos esos atávicos residuos del hombre de Atapuerca que aún llevamos impresos en la piel.
Diego Esteban
En cierto modo, es comprensible. Al Gobierno francés nunca le interesará convertir a su territorio y a su población en objetivo terrorista. Pero desde el punto de vista moral cualquier permisividad resulta mucho más discutible, aunque no sea absoluta.
De todos modos, yo no quería hablar de la actitud de Francia hacia ETA, sino de la actitud de ETA hacia Francia. Es cierto que no se puede pedir coherencia ni lógica a una horda de sangrientos canallas, fanáticos descerebrados, abortos humanos privados apenas de intelecto. Pero los que sí tenemos cerebro entre las orejas y lo utilizamos, con mayor o menor acierto, para algo más que para distinguir el papel higiénico de los billetes de cien euros, no deja de resultar chocante la falta absoluta de sentido que tiene hacer de España el blanco exclusivo de la ira etarra, cuando se supone que Francia es igual de culpable de la "aflicción que sufre el pueblo vasco".
Desde el (deformado) prisma nacionalista (ponga bombas o no), la potencia extranjera que ocupa y divide el País Vasco no es solo una, sino dos: España y Francia. Dos Estados opresores, dos naciones invasoras que maltratan al pueblo vasco y le privan de sus derechos. Suena hilarante, pero los nacionalistas se lo creen a pies juntillas.
Siendo así, ¿cómo es que ETA prácticamente sólo actúa en España, contra intereses españoles, contra ciudadanos españoles, contra policías, militares, políticos, funcionarios españoles? ¿Por qué no pone ETA bombas en el aeropuerto Charles de Gaulle? ¿Por qué no mata a gendarmes ni a militares franceses? ¿Por qué no asesina a militantes del PSF o de la UMP? ¿Por qué no llevan escolta los jueces del País Vasco Francés? ¿Por qué no peligra la vida de los alcaldes y concejales de los pueblos de esos territorios?
Por supuesto que no estoy pidiendo a ETA que, para variar, se dedique a matar franceses. ETA debe desaparecer y sus miembros tienen que ir a la cárcel, que es su inevitable destino. Lo que pretendo es poner de manifiesto una incongruencia que, por pura costumbre, ya nos pasa desapercibida.
Podría pensarse que Francia, al ser una democracia más antigua, no ha hecho tanto como España para ser blanco de la ira terrorista. ¿Es eso cierto? ¿Qué grado de autonomía tiene Iparralde en Francia? ¿Qué parlamento regional existe allí? ¿Qué leyes protegen el euskera en Francia? ¿Cuál es el uso institucional del euskera y su fomento en las escuelas francesas? ¿Qué privilegios fiscales tienen los vascos de Francia? ¿Qué trato de favor ha recibido el País Vasco Francés en las inversiones públicas, en infraestructuras, en industria, en desarrollo?
Yo creo que la respuesta es muy clara: ETA es un producto de la historia de España y el nacionalismo separatista es producto del carácter español. La soberbia española, el individualismo español, la altanería española, el papanatismo español. Y lo vasco es la máxima expresión de esa forma de ser de España. ETA mata en España porque ETA es de España. Es vasca, pero española. Es tan española como todos los vicios de nuestra personalidad que desde hace siglos nos impiden ponernos a la altura de las circunstancias. Ojalá algún día acabemos con ETA, pero mucho me temo que antes habremos de acabar con todos esos atávicos residuos del hombre de Atapuerca que aún llevamos impresos en la piel.
Diego Esteban
viernes, 16 de mayo de 2008
TERRORISMO
No era este, ni mucho menos, el tema elegido para hablar esta semana. Es más, tenía suficientes motivos para centrarme en el Numancia y las celebraciones del fin de semana, pero resulta que unos animales descubren en mi palabras de desprecio que no creía tenía en mi vocabulario.
Quizá lo mejor que puedo hacer es no prestarles atención, no dedicarles ni una palabra dado que han demostrado que no merecen la más mínima atención. Pero qué pasa con las víctimas y sus familias, con aquellos que únicamente parecen engrosar una estadística y a los que es muy posible olvidemos pasados unos días.
Cómo es posible que unos individuos amparados en nosequé derechos sean capaces de decidir en quien debe morir y quien no, en perpetrar viles atentados a los que, por desgracia, parece que ya estamos medio inmunizados. Claro que ayer escuchábamos todos con atención la noticia, veíamos con espanto como había quedado la casa-cuartel y que muchos de los comentarios entre amigos y familiares iban a versar casi sobre este tema y que, todavía escuchamos voces, con demasiada frecuencia, que parecen excusarlos.
Claro que lo más fácil ahora es hablar de unidad, de estar todos juntos contra el terrorismo. Y antes ¿qué? Cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI y en un país como España sea todavía un tema que algunos políticos usen para manipular a los votantes. Escucho ahora que en el Congreso ha existido unidad y que parece que se han olvidado las trifulcas entre los dos partidos mayoritarios ¡Ya era hora!
Por supuesto que debemos demostrar más respeto, más temple que los asesinos, pero basta ya de prerrogativas, de beneficios que han demostrado que a esas mentes no hay nada que les intimide. No, por supuesto que no hablo de pena de muerte ¡faltaría más! Pero sí del cumplimiento íntegro de las condenas, de pérdidas de beneficios penitenciarios. Sí, demostrarles que somos un país democrático, pero que paguen por sus delitos, por su falta de respeto no por las leyes, que aquí es algo secundario, sino por la vida.
Pero sobre todo no olvidemos que los asesinados (y los heridos, que parece que no cuentan), en esta ocasión Juan Manuel Piñuel Villalón, tienen nombres y apellidos y una familia que tardará en recuperarse, si lo hace algún día. Así que basta de palabrería y buenas formas en instantes como estos y unidad, pero de verdad, para terminar con la lacra que supone el terrorismo y aquellos que los amparan con palabras o mirando para otro lado. Y si las leyes actuales son suaves con el terrorismo y nos hacen creer a la mayoría de los españoles que las penas son irrisorias ya saben los legisladores lo que deben hacer, pues que a nadie se le olvide que los jueces no pueden (o al menos no deben) saltarse las leyes, en ningún sentido.
Quizá lo mejor que puedo hacer es no prestarles atención, no dedicarles ni una palabra dado que han demostrado que no merecen la más mínima atención. Pero qué pasa con las víctimas y sus familias, con aquellos que únicamente parecen engrosar una estadística y a los que es muy posible olvidemos pasados unos días.
Cómo es posible que unos individuos amparados en nosequé derechos sean capaces de decidir en quien debe morir y quien no, en perpetrar viles atentados a los que, por desgracia, parece que ya estamos medio inmunizados. Claro que ayer escuchábamos todos con atención la noticia, veíamos con espanto como había quedado la casa-cuartel y que muchos de los comentarios entre amigos y familiares iban a versar casi sobre este tema y que, todavía escuchamos voces, con demasiada frecuencia, que parecen excusarlos.
Claro que lo más fácil ahora es hablar de unidad, de estar todos juntos contra el terrorismo. Y antes ¿qué? Cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI y en un país como España sea todavía un tema que algunos políticos usen para manipular a los votantes. Escucho ahora que en el Congreso ha existido unidad y que parece que se han olvidado las trifulcas entre los dos partidos mayoritarios ¡Ya era hora!
Por supuesto que debemos demostrar más respeto, más temple que los asesinos, pero basta ya de prerrogativas, de beneficios que han demostrado que a esas mentes no hay nada que les intimide. No, por supuesto que no hablo de pena de muerte ¡faltaría más! Pero sí del cumplimiento íntegro de las condenas, de pérdidas de beneficios penitenciarios. Sí, demostrarles que somos un país democrático, pero que paguen por sus delitos, por su falta de respeto no por las leyes, que aquí es algo secundario, sino por la vida.
Pero sobre todo no olvidemos que los asesinados (y los heridos, que parece que no cuentan), en esta ocasión Juan Manuel Piñuel Villalón, tienen nombres y apellidos y una familia que tardará en recuperarse, si lo hace algún día. Así que basta de palabrería y buenas formas en instantes como estos y unidad, pero de verdad, para terminar con la lacra que supone el terrorismo y aquellos que los amparan con palabras o mirando para otro lado. Y si las leyes actuales son suaves con el terrorismo y nos hacen creer a la mayoría de los españoles que las penas son irrisorias ya saben los legisladores lo que deben hacer, pues que a nadie se le olvide que los jueces no pueden (o al menos no deben) saltarse las leyes, en ningún sentido.
martes, 22 de abril de 2008
MANIFIESTO SOBRE EL “DÍA DE CASTILLA Y LEÓN. VILLALAR 2008”
CIUDADANÍA Y VILLALAR
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) considera que la política debe regirse por los principios de racionalidad y sentido común y no por los sentimientos y las pasiones identitarias a las que, interesadamente, algunos nos quieren llevar para mejor neutralizar nuestra capacidad crítica.
Es nuestra condición de ciudadanos la que nos garantiza los derechos y libertades de los que gozamos actualmente y no nuestra identificación con una supuesta alma castellana que se pretende corporeizar con este tipo de celebraciones.
El hecho de que las personas pertenecientes a una determinada comunidad humana compartan una serie de pautas culturales, fruto de una historia en común, vinculada a un determinado territorio, no nos puede llevar a la confusión sobre quiénes son los detentadotes de derechos, deberes y libertades: son de los ciudadanos, no los territorios.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León y las fórmulas de autogobierno regional solo se justifican si se constituyen en una estructura política útil para todos y cada uno de los ciudadanos, permitiéndonos un mejor ejercicio de nuestros derechos individuales y sociales y una mayor proyección a través de la interacción con nuestro espacio común español y europeo.
C´s propone el cierre del modelo de Estado autonómico, para evitar interpretaciones arcaicas que conducen a propuestas secesionistas y permiten la manipulación interesada de ficticios conflictos identitarios con la excusa de supuestos agravios comparativos.
C´s detecta con preocupación cierta propensión a imitar determinados comportamientos propios del nacionalismo excluyente. Estos discursos localistas con frecuencia esconden intereses particulares que buscan presencia en los órganos de representación política para su mejor defensa. En C´s de Soria estamos plenamente convencidos de que tales discursos no van a tener eco en nuestra sociedad, que apuesta por la solución de sus conflictos mediante la participación de todos, el diálogo y el uso de la razón, sin caer en manos de manipuladores interesados.
Manifestamos nuestra intención de no participar en ningún acto que contribuya a la exaltación de sentimientos de pertenencia al margen del concepto de ciudadanía, ya que consideramos que no ayuda a la solución de nuestros problemas ni a mejorar el bienestar de la población.
Por otra parte, deseamos a las personas que acudan a la fiesta de la campa de Villalar que disfruten de una actividad de ocio colectiva que debería estar desprovista de manipulaciones políticas interesadas.
Finalmente, recordamos a los partidos políticos, sindicatos y demás organizaciones que, con frecuencia, utilizan estas fiestas como altavoz de reivindicaciones y propaganda de sus actuaciones, que sus objetivos deben ser la promoción del bienestar y de las libertades de las personas y que el origen de nuestros derechos no procede de la fuerza de un sentimiento de pertenencia a una entidad como Castilla y León, sino a los principios y valores que nuestra Constitución consagra. Gracias a los mismos, todos somos ciudadanos.
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía.
Soria, 22 de abril de 2008.
CIUDADANÍA Y VILLALAR
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s) considera que la política debe regirse por los principios de racionalidad y sentido común y no por los sentimientos y las pasiones identitarias a las que, interesadamente, algunos nos quieren llevar para mejor neutralizar nuestra capacidad crítica.
Es nuestra condición de ciudadanos la que nos garantiza los derechos y libertades de los que gozamos actualmente y no nuestra identificación con una supuesta alma castellana que se pretende corporeizar con este tipo de celebraciones.
El hecho de que las personas pertenecientes a una determinada comunidad humana compartan una serie de pautas culturales, fruto de una historia en común, vinculada a un determinado territorio, no nos puede llevar a la confusión sobre quiénes son los detentadotes de derechos, deberes y libertades: son de los ciudadanos, no los territorios.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León y las fórmulas de autogobierno regional solo se justifican si se constituyen en una estructura política útil para todos y cada uno de los ciudadanos, permitiéndonos un mejor ejercicio de nuestros derechos individuales y sociales y una mayor proyección a través de la interacción con nuestro espacio común español y europeo.
C´s propone el cierre del modelo de Estado autonómico, para evitar interpretaciones arcaicas que conducen a propuestas secesionistas y permiten la manipulación interesada de ficticios conflictos identitarios con la excusa de supuestos agravios comparativos.
C´s detecta con preocupación cierta propensión a imitar determinados comportamientos propios del nacionalismo excluyente. Estos discursos localistas con frecuencia esconden intereses particulares que buscan presencia en los órganos de representación política para su mejor defensa. En C´s de Soria estamos plenamente convencidos de que tales discursos no van a tener eco en nuestra sociedad, que apuesta por la solución de sus conflictos mediante la participación de todos, el diálogo y el uso de la razón, sin caer en manos de manipuladores interesados.
Manifestamos nuestra intención de no participar en ningún acto que contribuya a la exaltación de sentimientos de pertenencia al margen del concepto de ciudadanía, ya que consideramos que no ayuda a la solución de nuestros problemas ni a mejorar el bienestar de la población.
Por otra parte, deseamos a las personas que acudan a la fiesta de la campa de Villalar que disfruten de una actividad de ocio colectiva que debería estar desprovista de manipulaciones políticas interesadas.
Finalmente, recordamos a los partidos políticos, sindicatos y demás organizaciones que, con frecuencia, utilizan estas fiestas como altavoz de reivindicaciones y propaganda de sus actuaciones, que sus objetivos deben ser la promoción del bienestar y de las libertades de las personas y que el origen de nuestros derechos no procede de la fuerza de un sentimiento de pertenencia a una entidad como Castilla y León, sino a los principios y valores que nuestra Constitución consagra. Gracias a los mismos, todos somos ciudadanos.
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía.
Soria, 22 de abril de 2008.
domingo, 20 de abril de 2008
COMUNICADO DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
SOBRE LA SITUACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SORIA
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, ante el bloqueo que actualmente sufre el Ayuntamiento de Soria, derivada de la composición del Pleno, con nueve concejales del PSOE, otros nueve del PP, dos de IDES y uno de IU, que impide la aprobación de los Presupuestos y no garantiza la estabilidad del gobierno municipal, quiere manifestar su apoyo a cualquier iniciativa de consenso que anteponga los intereses de los ciudadanos a los partidistas por muy legítimos que éstos sean.
La diferencia de propuestas y proyectos es parte consustancial de los sistemas democráticos; pero existen situaciones en las que tales diferencias deben aparcarse y, en un ejercicio de responsabilidad, los representantes de los distintos partidos deben esforzarse en alcanzar acuerdos de mínimos que permitan sacar adelante proyectos urgentes y necesarios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Es totalmente inaceptable que, como consecuencia de este bloqueo, no se puedan abordar problemas con posibles soluciones de índole casi exclusivamente técnica. ¿Tiene color político el plan de mejoras para las “Ciudades del Hombre” de 2009?
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía considera que para que este consenso pueda producirse, deberían seguirse las siguientes pautas:
Sería deseable que todos los partidos políticos o, al menos, los que cuentan con representación mayoritaria en el Ayuntamiento, formen parte de los órganos de dirección del mismo y se corresponsabilicen de la acción de gobierno ante la ciudadanía a la que sirven. Lo que se ha podido hacer en Alemania, ¿no se puede hacer también en Soria?
Ningún partido debe pretender imponer una serie de condiciones previas al resto, mucho menos si éstas son maximalistas, porque impiden llegar a un acuerdo. En este sentido, valoramos negativamente las pretensiones de IDES de condicionar su apoyo al actual gobierno municipal a una exigencia de máximos al Gobierno de la Nación con un compromiso de 100 millones de euros en los próximos cuatro años.
Por otra parte, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía considera que los protagonistas imprescindibles del necesario consenso deben ser, por llamésmole, justicia democrática, los dos partidos políticos que mayores apoyos han recibido: PSOE y PP. A ellos les corresponde la responsabilidad de organizar un gobierno de concentración municipal.
Nuestra opinión es que la Alcaldía debe seguir recayendo en el representante del partido más votado, el PSOE, que obtuvo en los pasados comicios 7.600 papeletas frente a 7.059 del PP, 1.970 de IDES y 984 de IU, de un total de 17.613 votos a candidaturas, comicios que registraron una abstención de 10.662 electores.
En definitiva, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía entiende la política como un servicio a los ciudadanos. Y es con ese objetivo como deben gestionarse los resultados que salen de las urnas, sin pretender alcanzar mayores cuotas de poder que las que los ciudadanos han tenido a bien otorgar a cada partido político.
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía.
2008-04-19, Soria.
SOBRE LA SITUACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SORIA
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, ante el bloqueo que actualmente sufre el Ayuntamiento de Soria, derivada de la composición del Pleno, con nueve concejales del PSOE, otros nueve del PP, dos de IDES y uno de IU, que impide la aprobación de los Presupuestos y no garantiza la estabilidad del gobierno municipal, quiere manifestar su apoyo a cualquier iniciativa de consenso que anteponga los intereses de los ciudadanos a los partidistas por muy legítimos que éstos sean.
La diferencia de propuestas y proyectos es parte consustancial de los sistemas democráticos; pero existen situaciones en las que tales diferencias deben aparcarse y, en un ejercicio de responsabilidad, los representantes de los distintos partidos deben esforzarse en alcanzar acuerdos de mínimos que permitan sacar adelante proyectos urgentes y necesarios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Es totalmente inaceptable que, como consecuencia de este bloqueo, no se puedan abordar problemas con posibles soluciones de índole casi exclusivamente técnica. ¿Tiene color político el plan de mejoras para las “Ciudades del Hombre” de 2009?
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía considera que para que este consenso pueda producirse, deberían seguirse las siguientes pautas:
Sería deseable que todos los partidos políticos o, al menos, los que cuentan con representación mayoritaria en el Ayuntamiento, formen parte de los órganos de dirección del mismo y se corresponsabilicen de la acción de gobierno ante la ciudadanía a la que sirven. Lo que se ha podido hacer en Alemania, ¿no se puede hacer también en Soria?
Ningún partido debe pretender imponer una serie de condiciones previas al resto, mucho menos si éstas son maximalistas, porque impiden llegar a un acuerdo. En este sentido, valoramos negativamente las pretensiones de IDES de condicionar su apoyo al actual gobierno municipal a una exigencia de máximos al Gobierno de la Nación con un compromiso de 100 millones de euros en los próximos cuatro años.
Por otra parte, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía considera que los protagonistas imprescindibles del necesario consenso deben ser, por llamésmole, justicia democrática, los dos partidos políticos que mayores apoyos han recibido: PSOE y PP. A ellos les corresponde la responsabilidad de organizar un gobierno de concentración municipal.
Nuestra opinión es que la Alcaldía debe seguir recayendo en el representante del partido más votado, el PSOE, que obtuvo en los pasados comicios 7.600 papeletas frente a 7.059 del PP, 1.970 de IDES y 984 de IU, de un total de 17.613 votos a candidaturas, comicios que registraron una abstención de 10.662 electores.
En definitiva, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía entiende la política como un servicio a los ciudadanos. Y es con ese objetivo como deben gestionarse los resultados que salen de las urnas, sin pretender alcanzar mayores cuotas de poder que las que los ciudadanos han tenido a bien otorgar a cada partido político.
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía.
2008-04-19, Soria.
viernes, 18 de abril de 2008
COVALEDA: VALORES CULTURALES Y PORN
Mi pueblo, Covaleda, anda inmerso en el debate del PORN de Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. Es, quizá, el tema más importante con el que se ha enfrentado en estos últimos años. En el folleto informativo de la Junta de Castilla y León se puede leer: “Se promoverán todas aquellas actuaciones que incrementen el nivel de vida de los residentes (...) buscando (...) el más escrupuloso respeto a los valores naturales y culturales”. Debemos tener en cuenta que los valores culturales, a los que se hace referencia, evolucionan influidos por los cambios socioeconómicos y culturales del entorno y que afectan a cada comunidad humana. No son algo estáticos que permanecen inalterables por decreto, a voluntad del legislador o responsable político. El propio PORN se constituye también en una fuerza que modificará en un sentido u otro, en qué grado tales valores estarán presentes en la vida cotidiana de las gentes de Covaleda en el futuro. Conviene, por tanto, hacer una especie de inventario e intentar predecir qué efectos puede llegar a tener el PORN para la comunidad poseedora de tales valores.
Aunque pueda parecer baladí, por exigencias del método conviene confirmar la existencia de la propia comunidad humana: un grupo humano definido, que vive en un territorio delimitado, -el término municipal- y que todas y cada una de las personas que allí viven se sienten pertenecientes a la misma comunidad humana, ya que comparten y han compartido referentes culturales, afectivos y socioeconómicos durante un periodo de tiempo relativamente amplio, que afecta a varias generaciones. En mi pueblo, esos referentes comunes giran en torno al entrañable y rentable pinar comunal. Pero, ¿qué valores socioculturales son esos?
El primero es un sentimiento igualitario entre todos los del pueblo. Sin embargo, hay que decir que la sociedad pinariega no es igualitaria, y cada vez lo es menos. En primer lugar, porque la evolución del precio de la madera, a la baja, ha provocado que la llamada “suerte de pinos” cada vez constituya un porcentaje menor en el conjunto de los ingresos de cada uno de los covaledenses. Pero sí se mantiene cierta percepción igualitaria ya que el pinar pertenece a todos, “a partes iguales”. Eso otorga cierta cohesión al grupo humano centrado en el pinar y en su explotación. Si la solidaridad es un valor a potenciar en la sociedad, además si se centra en los efectos que tiene la explotación de una propiedad comunal, es algo connatural a la propia existencia de esa comunidad. Esa solidaridad puede verse alterada por el PORN, si no se arbitran medidas que la mantengan o acrecienten. Efectivamente, se jura y perjura que la “suerte de pinos” se mantiene; pero debería asegurarse que el PORN no afectará al valor real de esa suerte de pinos en el futuro. Si los expertos del PORN aconsejaran en un futuro una reducción significativa en la explotación forestal que afectara a la cantidad a percibir por los vecinos, se debería decir cómo se compensarían a los vecinos de esa pérdida.
Existe la posibilidad de estipular una externalidad positiva cuyos beneficiarios sean los propios vecinos y que se añada a la tradicional “suerte de pinos”. Eso de la externalidad positiva no es otra cosa que volver del revés el conocido lema de que “el que contamina, paga”. Es decir, si el que contamina (externalidad negativa), paga; la comunidad que conserva (externalidad positiva), cobra. La propia comunidad pinariega, con sus costumbres, valores e intereses, se ha encargado de mantener ese entorno tan bello. Si se va a favorecer el turismo rural, creando una línea de subvenciones a ese tipo de actividades, debemos percatarnos que el entorno va a ser el recurso a explotar. Parte de las plusvalías de esa explotación debería revertir en los vecinos “a partes iguales” que, por poner un ejemplo, cuando se avisa de incendio, por las calles del pueblo, no queda ni un alma, ni santa ni pecadora; todos vamos a apagar ese incendio para conservar lo que nuestros mayores nos han dejado en herencia: el pinar y nuestra propia pertenencia a esa comunidad.
He dicho más arriba que la solidaridad puede verse alterada. Efectivamente, así es. Muchos vecinos y vecinas, por edad, situación o lo que fuere, no van a poder nunca beneficiarse de ese tipo de subvenciones asociadas al inicio de un tipo determinado de actividad. El porcentaje de sus ingresos totales, la “suerte de pinos” sigue siendo algo sustancial para las personas que viven de una pensión, por ejemplo, no contributiva. Debemos asegurar que para ellos, el PORN no va a suponer una reducción de sus ingresos en el futuro. Es más, ¿por qué renunciar a un incremento?
Defiendo aquí, sin complejos y con orgullo, que el propio mantenimiento del pinar ha sido posible gracias a los propios valores culturales de la comunidad pinariega. La solidaridad intergeneracional ha motivado que nuestros mayores hayan cuidado la herencia que nos iban a dejar. Sin tener, quizás, lo que podríamos llamar una conciencia ecológica, el efecto ha sido el mismo: un entorno cuidado y una actividad explotadora sostenible. Esto es un ejemplo evidente de cómo los valores evolucionan.
En el PORN se dice que la propiedad del pinar seguirá siendo de los vecinos de Covaleda; pero para que esto sea creíble, es decir, para que la gente no piense que lo del PORN no es otra cosa que una expropiación camuflada a precio de saldo (ante la imposibilidad de realizar una expropiación al uso a una comunidad sociocultural, pues díganme ustedes cómo se expropian valores asociados a un entorno), como iba diciendo, para que todo esto sea creíble, desde los responsables de la Junta de Castilla y León deben abrir la posibilidad a la que estoy haciendo referencia, que la comunidad de vecinos tenga acceso a los beneficios de la explotación turística y en actividades de ocio del pinar “a partes iguales”, como es propio de una sociedad comunal como la pinariega. Evidentemente, no se entendería que se mantiene la titularidad de la propiedad a los actuales propietarios, si la explotación de la misma no revierte a ellos en una parte significativa. Propongo, sin más, un cambio en la estrategia explotadora de la propiedad comunal; frente a una actividad eminentemente extractiva; pasaríamos a una actividad mixta, diseñada, en parte, para el disfrute de la naturaleza de los turistas que tuvieran a bien visitarnos.
Obvio decir que el origen de la suerte de pinos es consecuencia de la propiedad comunal del pinar. En el momento en que se dio origen a esa institución socioeconómica de la “suerte de pinos”, no se podía imaginar que llegara a constituir una posibilidad de negocio la simple contemplación del paisaje por personas desacostumbradas a tanta agreste belleza. El que se pida ahora que esto revierta en beneficio del vecindario no deja de ser una actualización de aquello que se dice que se quiere mantener, a saber, los valores socioculturales de la comunidad y la propiedad del pinar a sus legítimos dueños, los vecinos de Covaleda.
El modo técnico de llevarlo a la práctica, es posible. Sólo falta voluntad política para que lo que es de justicia se pueda aplicar.
Mi pueblo, Covaleda, anda inmerso en el debate del PORN de Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. Es, quizá, el tema más importante con el que se ha enfrentado en estos últimos años. En el folleto informativo de la Junta de Castilla y León se puede leer: “Se promoverán todas aquellas actuaciones que incrementen el nivel de vida de los residentes (...) buscando (...) el más escrupuloso respeto a los valores naturales y culturales”. Debemos tener en cuenta que los valores culturales, a los que se hace referencia, evolucionan influidos por los cambios socioeconómicos y culturales del entorno y que afectan a cada comunidad humana. No son algo estáticos que permanecen inalterables por decreto, a voluntad del legislador o responsable político. El propio PORN se constituye también en una fuerza que modificará en un sentido u otro, en qué grado tales valores estarán presentes en la vida cotidiana de las gentes de Covaleda en el futuro. Conviene, por tanto, hacer una especie de inventario e intentar predecir qué efectos puede llegar a tener el PORN para la comunidad poseedora de tales valores.
Aunque pueda parecer baladí, por exigencias del método conviene confirmar la existencia de la propia comunidad humana: un grupo humano definido, que vive en un territorio delimitado, -el término municipal- y que todas y cada una de las personas que allí viven se sienten pertenecientes a la misma comunidad humana, ya que comparten y han compartido referentes culturales, afectivos y socioeconómicos durante un periodo de tiempo relativamente amplio, que afecta a varias generaciones. En mi pueblo, esos referentes comunes giran en torno al entrañable y rentable pinar comunal. Pero, ¿qué valores socioculturales son esos?
El primero es un sentimiento igualitario entre todos los del pueblo. Sin embargo, hay que decir que la sociedad pinariega no es igualitaria, y cada vez lo es menos. En primer lugar, porque la evolución del precio de la madera, a la baja, ha provocado que la llamada “suerte de pinos” cada vez constituya un porcentaje menor en el conjunto de los ingresos de cada uno de los covaledenses. Pero sí se mantiene cierta percepción igualitaria ya que el pinar pertenece a todos, “a partes iguales”. Eso otorga cierta cohesión al grupo humano centrado en el pinar y en su explotación. Si la solidaridad es un valor a potenciar en la sociedad, además si se centra en los efectos que tiene la explotación de una propiedad comunal, es algo connatural a la propia existencia de esa comunidad. Esa solidaridad puede verse alterada por el PORN, si no se arbitran medidas que la mantengan o acrecienten. Efectivamente, se jura y perjura que la “suerte de pinos” se mantiene; pero debería asegurarse que el PORN no afectará al valor real de esa suerte de pinos en el futuro. Si los expertos del PORN aconsejaran en un futuro una reducción significativa en la explotación forestal que afectara a la cantidad a percibir por los vecinos, se debería decir cómo se compensarían a los vecinos de esa pérdida.
Existe la posibilidad de estipular una externalidad positiva cuyos beneficiarios sean los propios vecinos y que se añada a la tradicional “suerte de pinos”. Eso de la externalidad positiva no es otra cosa que volver del revés el conocido lema de que “el que contamina, paga”. Es decir, si el que contamina (externalidad negativa), paga; la comunidad que conserva (externalidad positiva), cobra. La propia comunidad pinariega, con sus costumbres, valores e intereses, se ha encargado de mantener ese entorno tan bello. Si se va a favorecer el turismo rural, creando una línea de subvenciones a ese tipo de actividades, debemos percatarnos que el entorno va a ser el recurso a explotar. Parte de las plusvalías de esa explotación debería revertir en los vecinos “a partes iguales” que, por poner un ejemplo, cuando se avisa de incendio, por las calles del pueblo, no queda ni un alma, ni santa ni pecadora; todos vamos a apagar ese incendio para conservar lo que nuestros mayores nos han dejado en herencia: el pinar y nuestra propia pertenencia a esa comunidad.
He dicho más arriba que la solidaridad puede verse alterada. Efectivamente, así es. Muchos vecinos y vecinas, por edad, situación o lo que fuere, no van a poder nunca beneficiarse de ese tipo de subvenciones asociadas al inicio de un tipo determinado de actividad. El porcentaje de sus ingresos totales, la “suerte de pinos” sigue siendo algo sustancial para las personas que viven de una pensión, por ejemplo, no contributiva. Debemos asegurar que para ellos, el PORN no va a suponer una reducción de sus ingresos en el futuro. Es más, ¿por qué renunciar a un incremento?
Defiendo aquí, sin complejos y con orgullo, que el propio mantenimiento del pinar ha sido posible gracias a los propios valores culturales de la comunidad pinariega. La solidaridad intergeneracional ha motivado que nuestros mayores hayan cuidado la herencia que nos iban a dejar. Sin tener, quizás, lo que podríamos llamar una conciencia ecológica, el efecto ha sido el mismo: un entorno cuidado y una actividad explotadora sostenible. Esto es un ejemplo evidente de cómo los valores evolucionan.
En el PORN se dice que la propiedad del pinar seguirá siendo de los vecinos de Covaleda; pero para que esto sea creíble, es decir, para que la gente no piense que lo del PORN no es otra cosa que una expropiación camuflada a precio de saldo (ante la imposibilidad de realizar una expropiación al uso a una comunidad sociocultural, pues díganme ustedes cómo se expropian valores asociados a un entorno), como iba diciendo, para que todo esto sea creíble, desde los responsables de la Junta de Castilla y León deben abrir la posibilidad a la que estoy haciendo referencia, que la comunidad de vecinos tenga acceso a los beneficios de la explotación turística y en actividades de ocio del pinar “a partes iguales”, como es propio de una sociedad comunal como la pinariega. Evidentemente, no se entendería que se mantiene la titularidad de la propiedad a los actuales propietarios, si la explotación de la misma no revierte a ellos en una parte significativa. Propongo, sin más, un cambio en la estrategia explotadora de la propiedad comunal; frente a una actividad eminentemente extractiva; pasaríamos a una actividad mixta, diseñada, en parte, para el disfrute de la naturaleza de los turistas que tuvieran a bien visitarnos.
Obvio decir que el origen de la suerte de pinos es consecuencia de la propiedad comunal del pinar. En el momento en que se dio origen a esa institución socioeconómica de la “suerte de pinos”, no se podía imaginar que llegara a constituir una posibilidad de negocio la simple contemplación del paisaje por personas desacostumbradas a tanta agreste belleza. El que se pida ahora que esto revierta en beneficio del vecindario no deja de ser una actualización de aquello que se dice que se quiere mantener, a saber, los valores socioculturales de la comunidad y la propiedad del pinar a sus legítimos dueños, los vecinos de Covaleda.
El modo técnico de llevarlo a la práctica, es posible. Sólo falta voluntad política para que lo que es de justicia se pueda aplicar.
jueves, 10 de abril de 2008
LA DESGRACIA QUE ME HA CAIDO ENCIMA
Andaba yo dándole vueltas sobre la desgracia que me había caído encima por haberme cruzado con una persona tan poderosa y relevante y con tanta proyección mediática, infinitamente superior a la mía, como Álvaro de Marichalar, a cuenta de mi fugaz paso por UPyD y mi deserción en cuanto vi lo que en él se cocía. Lamentábame sobre la injusta condición del poderoso frente a un desconocido, como yo. Cómo Álvaro podía largar por su boca todo lo que estimase conveniente a través de los medios de comunicación sobre mí, mientras nadie se molestaba en preguntarme mi propia versión. Incluso intenté hacer valer mi derecho de réplica en no importa qué medio escrito; pero todo fue en vano. Estaba claro, importaba más de qué boca salía, que si lo que se decía se ajustaba o no a la verdad. Dicho sea de paso, a mí tanto me da lo que opine de mí Marichalar. Pronto pude comprobar cómo se podía contabilizar las contradicciones en las que incurría, tantas como oportunidades tenía de hablar sobre mí, oportunidades de las que yo carecía públicamente.
En un periodo escaso de un mes, pasó de decir de mí “lo cierto es que nos ha sorprendido” (refiriéndose a mi marcha a Ciudadanos - Heraldo de Soria; 24-1-2008) a que “era un submarino, afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo” (ABC.es; 28-2-2008) Pura contradicción como se ve; si una persona se da cuenta de algo, no se sorprende, y si se sorprende no se da cuenta.
El caso es que no había nada que descubrir, cuando me afilié a UPyD, era aún afiliado de “Ciudadanos”; y tanto en “Ciudadanos”, como en UPyD hice, en sus inicios, bandera de mi doble militancia, ya que compartía con bastantes afiliados de uno y otro partido, la idea de la necesaria fusión entre ambas formaciones. Postura que ahora, viendo lo que hay detrás de UPyD y lo que puede suponer para la necesaria regeneración política el partido de Rosa Díez, -con muchas dudas- , obviamente, no comparto.
Pero este no es el tema que me ocupa ahora.
Dándole vueltas y más vueltas, llegué a la conclusión que a veces el poder y la influencia pueden actuar en contra de aquel que la posee, sobre todo si se demuestra poca pericia y un exceso de autocomplacencia en el manejo de sus resortes.
La familia Marichalar está utilizando todos los argumentos habidos y por haber, y todas sus influencias en el litigio sobre el polígono industrial. No sé si es la mejor estrategia. Entre todas las razones expuestas, envueltas en la bandera de la sorianidad, -que echa un tufo demagógico que apesta, dicho sea de paso-, aparece descarnadamente el único punto en común a todas ellas: todas favorecen el interés patrimonial de los Marichalar. Esa es la única razón realmente determinante que les impulsa a oponerse al polígono industrial, conservar o aumentar su patrimonio. Ante esa, todas las demás son intercambiables y sustituibles unas por otras, dependiendo del efecto que los estrategas de Marichalar puedan prever que tengan ante la opinión pública. La mayoría de esas razones no son de peso; por eso la familia Marichalar necesita ponerlas todas juntas para que parezcan algo. Y algunas de ellas, además, son contradictorias entre sí: por una parte consiguen apoyos en contra del polígono industrial y por otra, presuntamente venden a una empresa canaria parte de esos terrenos para, asómbrense, poner en marcha un polígono alternativo al planteado por Gesturcal. ¿Alguien entiende algo? Pero puede ocurrirles lo que al pastorcillo mentiroso y el exceso de argumentos pueden volverse en su contra, como un boomerang. Si apareciese un elemento nuevo relacionado con el asunto en cuestión, que aconsejara abandonar el proyecto del polígono industrial, en el batiburrillo que se han montado los Marichalar con todas las anteriores, esa última pasaría no ya desapercibida, sino envuelta en una duda de autenticidad. Si se encontrase algún resto romano en las tierras en litigio, por poner un ejemplo, muchos bromearían con la posibilidad de que la familia en pleno se hubiera dedicado a comprar souvenir por las tierras de Italia y que por las noches, sin que nadie les viera, hubieran sembrado de restos arqueológicos su “parcelita”.
Pero en todo este lío, falta la voz del soriano de a pie; de aquel soriano que no puede elegir entre quedarse en su Soria del alma o irse; obligatoriamente debe marchar sin remedio si quiere vivir dignamente. Ese soriano que ya está pensando en hacer las maletas, y que a veces puede sentirse un poco acomplejado frente a tanto intelectual dominguero que le gusta firmar un manifiesto más que a un tonto un caramelo, quizá debería empezar a hacerse oír. Quizá debería decir que necesita trabajo, una cosa tan simple y sin tanta floritura, ni ejercicios de estilo. Que la propiedad privada no es un derecho absoluto, que está subordinado al bien común, al de la mayoría, y que con la misma legitimidad, que muchos reconocen en el empeño que ponen los Marichalar en la defensa de sus intereses, se puede, -y pienso que se debe-, presionar a los poderes públicos para que aceleren los trámites en la puesta en marcha del polígono industrial; ya que, en mi modesta opinión, se entraría en manifiesta contradicción que las estrategias dilatorias que pudieran poner en marcha la familia Marichalar, supusieran de hecho una primacía de los intereses particulares de éstos sobre los intereses de la mayoría de los sorianos, que con urgencia reclaman medidas que consigan parar la corriente migratoria que padecemos. Que todo siga su curso para que pronto el impulso que necesita Soria se dé.
El poder es una manifestación de la capacidad organizativa de los distintos grupos sociales. Difícilmente pueden organizarse aquellos sorianos y sorianas que pudieran encontrar un buen trabajo en el futuro polígono industrial si todavía está todo en el aire. Pero, aunque ninguno de ellos pueda asegurar que se van a beneficiar ellos directamente y no otros, me pide el cuerpo pedirles que no sean cicateros en el esfuerzo para sacar adelante proyectos de este tipo, pues el futuro de todos (o casi todos, siempre hay personas que van sobradas) los sorianos está en juego.
Andaba yo dándole vueltas sobre la desgracia que me había caído encima por haberme cruzado con una persona tan poderosa y relevante y con tanta proyección mediática, infinitamente superior a la mía, como Álvaro de Marichalar, a cuenta de mi fugaz paso por UPyD y mi deserción en cuanto vi lo que en él se cocía. Lamentábame sobre la injusta condición del poderoso frente a un desconocido, como yo. Cómo Álvaro podía largar por su boca todo lo que estimase conveniente a través de los medios de comunicación sobre mí, mientras nadie se molestaba en preguntarme mi propia versión. Incluso intenté hacer valer mi derecho de réplica en no importa qué medio escrito; pero todo fue en vano. Estaba claro, importaba más de qué boca salía, que si lo que se decía se ajustaba o no a la verdad. Dicho sea de paso, a mí tanto me da lo que opine de mí Marichalar. Pronto pude comprobar cómo se podía contabilizar las contradicciones en las que incurría, tantas como oportunidades tenía de hablar sobre mí, oportunidades de las que yo carecía públicamente.
En un periodo escaso de un mes, pasó de decir de mí “lo cierto es que nos ha sorprendido” (refiriéndose a mi marcha a Ciudadanos - Heraldo de Soria; 24-1-2008) a que “era un submarino, afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo” (ABC.es; 28-2-2008) Pura contradicción como se ve; si una persona se da cuenta de algo, no se sorprende, y si se sorprende no se da cuenta.
El caso es que no había nada que descubrir, cuando me afilié a UPyD, era aún afiliado de “Ciudadanos”; y tanto en “Ciudadanos”, como en UPyD hice, en sus inicios, bandera de mi doble militancia, ya que compartía con bastantes afiliados de uno y otro partido, la idea de la necesaria fusión entre ambas formaciones. Postura que ahora, viendo lo que hay detrás de UPyD y lo que puede suponer para la necesaria regeneración política el partido de Rosa Díez, -con muchas dudas- , obviamente, no comparto.
Pero este no es el tema que me ocupa ahora.
Dándole vueltas y más vueltas, llegué a la conclusión que a veces el poder y la influencia pueden actuar en contra de aquel que la posee, sobre todo si se demuestra poca pericia y un exceso de autocomplacencia en el manejo de sus resortes.
La familia Marichalar está utilizando todos los argumentos habidos y por haber, y todas sus influencias en el litigio sobre el polígono industrial. No sé si es la mejor estrategia. Entre todas las razones expuestas, envueltas en la bandera de la sorianidad, -que echa un tufo demagógico que apesta, dicho sea de paso-, aparece descarnadamente el único punto en común a todas ellas: todas favorecen el interés patrimonial de los Marichalar. Esa es la única razón realmente determinante que les impulsa a oponerse al polígono industrial, conservar o aumentar su patrimonio. Ante esa, todas las demás son intercambiables y sustituibles unas por otras, dependiendo del efecto que los estrategas de Marichalar puedan prever que tengan ante la opinión pública. La mayoría de esas razones no son de peso; por eso la familia Marichalar necesita ponerlas todas juntas para que parezcan algo. Y algunas de ellas, además, son contradictorias entre sí: por una parte consiguen apoyos en contra del polígono industrial y por otra, presuntamente venden a una empresa canaria parte de esos terrenos para, asómbrense, poner en marcha un polígono alternativo al planteado por Gesturcal. ¿Alguien entiende algo? Pero puede ocurrirles lo que al pastorcillo mentiroso y el exceso de argumentos pueden volverse en su contra, como un boomerang. Si apareciese un elemento nuevo relacionado con el asunto en cuestión, que aconsejara abandonar el proyecto del polígono industrial, en el batiburrillo que se han montado los Marichalar con todas las anteriores, esa última pasaría no ya desapercibida, sino envuelta en una duda de autenticidad. Si se encontrase algún resto romano en las tierras en litigio, por poner un ejemplo, muchos bromearían con la posibilidad de que la familia en pleno se hubiera dedicado a comprar souvenir por las tierras de Italia y que por las noches, sin que nadie les viera, hubieran sembrado de restos arqueológicos su “parcelita”.
Pero en todo este lío, falta la voz del soriano de a pie; de aquel soriano que no puede elegir entre quedarse en su Soria del alma o irse; obligatoriamente debe marchar sin remedio si quiere vivir dignamente. Ese soriano que ya está pensando en hacer las maletas, y que a veces puede sentirse un poco acomplejado frente a tanto intelectual dominguero que le gusta firmar un manifiesto más que a un tonto un caramelo, quizá debería empezar a hacerse oír. Quizá debería decir que necesita trabajo, una cosa tan simple y sin tanta floritura, ni ejercicios de estilo. Que la propiedad privada no es un derecho absoluto, que está subordinado al bien común, al de la mayoría, y que con la misma legitimidad, que muchos reconocen en el empeño que ponen los Marichalar en la defensa de sus intereses, se puede, -y pienso que se debe-, presionar a los poderes públicos para que aceleren los trámites en la puesta en marcha del polígono industrial; ya que, en mi modesta opinión, se entraría en manifiesta contradicción que las estrategias dilatorias que pudieran poner en marcha la familia Marichalar, supusieran de hecho una primacía de los intereses particulares de éstos sobre los intereses de la mayoría de los sorianos, que con urgencia reclaman medidas que consigan parar la corriente migratoria que padecemos. Que todo siga su curso para que pronto el impulso que necesita Soria se dé.
El poder es una manifestación de la capacidad organizativa de los distintos grupos sociales. Difícilmente pueden organizarse aquellos sorianos y sorianas que pudieran encontrar un buen trabajo en el futuro polígono industrial si todavía está todo en el aire. Pero, aunque ninguno de ellos pueda asegurar que se van a beneficiar ellos directamente y no otros, me pide el cuerpo pedirles que no sean cicateros en el esfuerzo para sacar adelante proyectos de este tipo, pues el futuro de todos (o casi todos, siempre hay personas que van sobradas) los sorianos está en juego.
LA CORNISA
LA FAMILIA: RETRATO EN SEPIA
A pesar de que se han empeñado y se las están arreglando para estar hasta en la sopa, el caso es que a mí las últimas actuaciones de los Marichalar me producen, más que otra cosa, una cierta ternura. Algo así como cuando contemplo las viejas fotografías de color sepia. Comprendo que a algunos -especialmente a dirigentes de entidades financieras y administrativas que no hace tanto les subvencionaron cuantiosamente sus congresos y “saraos”- les cabreen. Comprendo también que otros los jaleen, les den “bola” y los utilicen en su propio beneficio y que no falten, incluso, quienes se los tomen tremendamente en serio, o al menos lo aparenten. Pero a mí, ya digo, más que otra cosa, me producen ternura y hasta ¿por qué no decirlo? cierta gracia. Y más ahora, cuando uno de ellos, el más dinámico, ha saltado a la política.
Habrá que convenir que no resulta fácil encontrar a alguien cuya participación en la vida política se vea tan directamente motivada por la defensa del patrimonio familiar. La mayoría de quienes tienen actividad política militante declaran, cuando se les requiere sobre ello, que lo hacen por su interés por lo público. Alguno ha añadido, con lógica y verdad, que el paso del tiempo ha añadido a ese interés, necesidad, pues tras una década con sueldo y prebendas de cargo político, ¿dónde iba a ir que mejor estuviese e incluso que, simplemente, pudiese estar? Variantes, desde luego, ha habido muchas. Álvaro de Marichalar ha venido a añadir una nueva: la defensa del patrimonio familiar y, por tanto, en la parte que le corresponda, del suyo propio. En realidad más que añadir algo nuevo ha recuperado lo que era tradición muy antigua y que, pensábamos, había desaparecido, como tantas otras cosas, con el paso del tiempo, la sociedad de masas y la democracia .
No todos los días le está dado a un historiador asistir a la resurrección del pasado. Los químicos y los físicos cuentan con laboratorios para experimentar; los historiadores, por el contrario, carecemos de probetas en las que poder realizar probatinas una y otra vez, porque el tiempo es cualquier cosa menos repetible. Pero, hete aquí que el pasado, con sus retratos al óleo y sus fotos en sepia, se nos ha vuelto a presentar a velocidad de motora y revestido de postmodernidad.
Hubo antaño -escribamos con términos decimonónicos, pues del siglo XIX hablamos- familias que acostumbraban a dedicar a uno de sus vástagos a la política. Se trataba de una estrategia tan meditada como inteligente. ¿La finalidad? Había que cuidar e incrementar el patrimonio familiar. ¡Oh, la familia, la familia!
La revolución liberal, que en España, a diferencia de Francia, dejó casi incólumes los bienes de la nobleza, trajo como consecuencia política el fin del absolutismo y el inicio de los regímenes parlamentarios. El Parlamento se convirtió pronto en una fuente de poder y de influencia y, por tanto, en un lugar deseado por miembros de las clases acomodadas y, entre ellos, desde luego, por los nobles. Si antes fue frecuente que éstos encaminaran a alguno de sus hijos a la Iglesia, con billete directo y rápido a la dignidad de obispo, en el XIX, además de a la Iglesia, y en ocasiones en vez de, había que dedicarlo a la política. Su misión no sería sólo la de velar por él mismo, sino también por el conjunto de los negocios familiares. ¿Quién podría conocer con más prontitud y precisión que un parlamentario cuáles podían ser, por ejemplo, los terrenos desamortizados? ¿Quién podría tener mayor influencia que un diputado o un senador a la hora de decidir que el trazado concreto de una carretera o de una vía férrea pasara cercano no a las fincas de aquel sino a las suyas? ¿Quién...? Desde el poder los potentados convirtieron en norma que la ley rigiera para el enemigo y para el amigo el favor. Y en la cadena de favores personales en que fue convertida la política de la época isabelina y de la Restauración, ¿qué mejor para las familias con cuantioso patrimonio que tener a uno de sus miembros dedicado a ella?
Desconozco si Luis de Marichalar, Vizconde de Eza, el abuelo de Álvaro al que éste ha aludido y sigue aludiendo con reiteración, fue uno de esos a los que su familia inclinó, como estrategia, a la política. Lo que sí sé es que, tras enviar a Ramón Benito Aceña al Senado, al “cuartel de inválidos” en palabras del propio Aceña, se convirtió en el hombre clave del partido conservador en Soria, cuyo distrito de la capital representó interrumpidamente en el Congreso desde 1899 hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera.
No sé si es lógico, pero resulta entrañable, que Alvaro de Marichalar airee ahora la foto sepia de su abuelo. No otra cosa hicieron, por cierto, los medios de comunicación nacionales cuando dieron cuenta del futuro enlace de otro de los nietos del Vizconde, Jaime, con la mayor de las Infantas. Había que poner pedigrí al novio de la realeza. Y el antepasado más ilustre era aquel abuelo que además de diputado “muy querido” había sido ministro con el bisabuelo de la Infanta, Alfonso XIII. No eran aquellos tiempos del noviazgo propicios a críticas a la familia real ni a sus círculos más cercanos. Aun así, se me permitió, en este mismo medio y en una sección que también se llamaba La Cornisa, poner contrapuntos a tanta alharaca. Los contrapuntos eran éstos: al proclamarse la República en Soria la única “violencia” consistió en arrojar por el balcón del Ayuntamiento el retrato del Vizconde y entre los ministerios desempeñados por éste estuvo el de la Guerra. ¿Timbre de gloria? Desde luego que no, pues desempeñando tal ministerio se produjo la mayor derrota y el mayor número de muertos en combate hasta la guerra civil: el desastre de Annual con trece mil muertos españoles ante las kábilas marroquíes de Abd-el-Krim. Los contrapuntos, aclaro, sólo tenían una finalidad: que no se mutilara sesgadamente la historia por intereses del presente. Las cosas, y más en política, siempre tienen claroscuros.
Pero el pasado, pasado es. Importa más el futuro. Y a la familia de los Marichalar sobre todo el de sus hectáreas de Las Coloradas. Todavía no había acabado el año 2007 cuando, en esta misma sección, escribía: “Dado que ni las administraciones –Ayuntamiento y Junta- ni los Marichalar son unos cualquiera, no es descabellado suponer que vamos a asistir a una muy larga serie de negociaciones -concesión por aquí, contraprestación por allá- en las que algunos abogados tendrán mucho que decir y no poco que ganar. Al tiempo”. No hacía falta ser un lince para adivinar algo de lo que se avecinaba. Lo que no pensé entonces es que uno de los Marichalar iba a irrumpir en la política. Habilidad se llama eso; porque, aunque bien mirado, mil cien votos son pocos votos, si alguna influencia y micrófono les faltaba ya los han recabado. ¿Será también altavoz de sus intereses la diputada de “su” partido, UPyD, Rosa Díez?
Entretanto, y puestos a tirar por la calle de en medio, Álvaro de Marichalar ha puesto a funcionar el ventilador de las sospechas, para goce añadido de propietarios del polígono de Valcorba, sobre varias de las actuaciones de la Junta, del Ayuntamiento de la capital y del sursum corda. De la CMA a Camaretas; de Gesturcal a Valcorba; de la no necesidad de más suelo industrial a la sospecha de “culturetas” sorianos lacayos de la Junta; de la marginación secular -¿también en la larga etapa de su abuelo?-, a la cenicienta Soria que se hunde. Todo tiene, convengámoslo, ese tierno color añoso y sepia que en estas tierras tantas simpatías arrastra y tantos adeptos aglutina.
Uno confía, sin embargo, al margen de ternuras, que en las instituciones ya no rija aquello de la ley para el enemigo, mientras que para el amigo, o para quien tiene medios sobrados para influir y presionar, sólo cabe el favor. Uno confía, pero... ¿aguantarán este pulso las instituciones?
cromero@unizar.es PD.- Durante unos meses interrumpiré esta sección de La Cornisa, por no disponer de tiempo para escribirla.
LA FAMILIA: RETRATO EN SEPIA
A pesar de que se han empeñado y se las están arreglando para estar hasta en la sopa, el caso es que a mí las últimas actuaciones de los Marichalar me producen, más que otra cosa, una cierta ternura. Algo así como cuando contemplo las viejas fotografías de color sepia. Comprendo que a algunos -especialmente a dirigentes de entidades financieras y administrativas que no hace tanto les subvencionaron cuantiosamente sus congresos y “saraos”- les cabreen. Comprendo también que otros los jaleen, les den “bola” y los utilicen en su propio beneficio y que no falten, incluso, quienes se los tomen tremendamente en serio, o al menos lo aparenten. Pero a mí, ya digo, más que otra cosa, me producen ternura y hasta ¿por qué no decirlo? cierta gracia. Y más ahora, cuando uno de ellos, el más dinámico, ha saltado a la política.
Habrá que convenir que no resulta fácil encontrar a alguien cuya participación en la vida política se vea tan directamente motivada por la defensa del patrimonio familiar. La mayoría de quienes tienen actividad política militante declaran, cuando se les requiere sobre ello, que lo hacen por su interés por lo público. Alguno ha añadido, con lógica y verdad, que el paso del tiempo ha añadido a ese interés, necesidad, pues tras una década con sueldo y prebendas de cargo político, ¿dónde iba a ir que mejor estuviese e incluso que, simplemente, pudiese estar? Variantes, desde luego, ha habido muchas. Álvaro de Marichalar ha venido a añadir una nueva: la defensa del patrimonio familiar y, por tanto, en la parte que le corresponda, del suyo propio. En realidad más que añadir algo nuevo ha recuperado lo que era tradición muy antigua y que, pensábamos, había desaparecido, como tantas otras cosas, con el paso del tiempo, la sociedad de masas y la democracia .
No todos los días le está dado a un historiador asistir a la resurrección del pasado. Los químicos y los físicos cuentan con laboratorios para experimentar; los historiadores, por el contrario, carecemos de probetas en las que poder realizar probatinas una y otra vez, porque el tiempo es cualquier cosa menos repetible. Pero, hete aquí que el pasado, con sus retratos al óleo y sus fotos en sepia, se nos ha vuelto a presentar a velocidad de motora y revestido de postmodernidad.
Hubo antaño -escribamos con términos decimonónicos, pues del siglo XIX hablamos- familias que acostumbraban a dedicar a uno de sus vástagos a la política. Se trataba de una estrategia tan meditada como inteligente. ¿La finalidad? Había que cuidar e incrementar el patrimonio familiar. ¡Oh, la familia, la familia!
La revolución liberal, que en España, a diferencia de Francia, dejó casi incólumes los bienes de la nobleza, trajo como consecuencia política el fin del absolutismo y el inicio de los regímenes parlamentarios. El Parlamento se convirtió pronto en una fuente de poder y de influencia y, por tanto, en un lugar deseado por miembros de las clases acomodadas y, entre ellos, desde luego, por los nobles. Si antes fue frecuente que éstos encaminaran a alguno de sus hijos a la Iglesia, con billete directo y rápido a la dignidad de obispo, en el XIX, además de a la Iglesia, y en ocasiones en vez de, había que dedicarlo a la política. Su misión no sería sólo la de velar por él mismo, sino también por el conjunto de los negocios familiares. ¿Quién podría conocer con más prontitud y precisión que un parlamentario cuáles podían ser, por ejemplo, los terrenos desamortizados? ¿Quién podría tener mayor influencia que un diputado o un senador a la hora de decidir que el trazado concreto de una carretera o de una vía férrea pasara cercano no a las fincas de aquel sino a las suyas? ¿Quién...? Desde el poder los potentados convirtieron en norma que la ley rigiera para el enemigo y para el amigo el favor. Y en la cadena de favores personales en que fue convertida la política de la época isabelina y de la Restauración, ¿qué mejor para las familias con cuantioso patrimonio que tener a uno de sus miembros dedicado a ella?
Desconozco si Luis de Marichalar, Vizconde de Eza, el abuelo de Álvaro al que éste ha aludido y sigue aludiendo con reiteración, fue uno de esos a los que su familia inclinó, como estrategia, a la política. Lo que sí sé es que, tras enviar a Ramón Benito Aceña al Senado, al “cuartel de inválidos” en palabras del propio Aceña, se convirtió en el hombre clave del partido conservador en Soria, cuyo distrito de la capital representó interrumpidamente en el Congreso desde 1899 hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera.
No sé si es lógico, pero resulta entrañable, que Alvaro de Marichalar airee ahora la foto sepia de su abuelo. No otra cosa hicieron, por cierto, los medios de comunicación nacionales cuando dieron cuenta del futuro enlace de otro de los nietos del Vizconde, Jaime, con la mayor de las Infantas. Había que poner pedigrí al novio de la realeza. Y el antepasado más ilustre era aquel abuelo que además de diputado “muy querido” había sido ministro con el bisabuelo de la Infanta, Alfonso XIII. No eran aquellos tiempos del noviazgo propicios a críticas a la familia real ni a sus círculos más cercanos. Aun así, se me permitió, en este mismo medio y en una sección que también se llamaba La Cornisa, poner contrapuntos a tanta alharaca. Los contrapuntos eran éstos: al proclamarse la República en Soria la única “violencia” consistió en arrojar por el balcón del Ayuntamiento el retrato del Vizconde y entre los ministerios desempeñados por éste estuvo el de la Guerra. ¿Timbre de gloria? Desde luego que no, pues desempeñando tal ministerio se produjo la mayor derrota y el mayor número de muertos en combate hasta la guerra civil: el desastre de Annual con trece mil muertos españoles ante las kábilas marroquíes de Abd-el-Krim. Los contrapuntos, aclaro, sólo tenían una finalidad: que no se mutilara sesgadamente la historia por intereses del presente. Las cosas, y más en política, siempre tienen claroscuros.
Pero el pasado, pasado es. Importa más el futuro. Y a la familia de los Marichalar sobre todo el de sus hectáreas de Las Coloradas. Todavía no había acabado el año 2007 cuando, en esta misma sección, escribía: “Dado que ni las administraciones –Ayuntamiento y Junta- ni los Marichalar son unos cualquiera, no es descabellado suponer que vamos a asistir a una muy larga serie de negociaciones -concesión por aquí, contraprestación por allá- en las que algunos abogados tendrán mucho que decir y no poco que ganar. Al tiempo”. No hacía falta ser un lince para adivinar algo de lo que se avecinaba. Lo que no pensé entonces es que uno de los Marichalar iba a irrumpir en la política. Habilidad se llama eso; porque, aunque bien mirado, mil cien votos son pocos votos, si alguna influencia y micrófono les faltaba ya los han recabado. ¿Será también altavoz de sus intereses la diputada de “su” partido, UPyD, Rosa Díez?
Entretanto, y puestos a tirar por la calle de en medio, Álvaro de Marichalar ha puesto a funcionar el ventilador de las sospechas, para goce añadido de propietarios del polígono de Valcorba, sobre varias de las actuaciones de la Junta, del Ayuntamiento de la capital y del sursum corda. De la CMA a Camaretas; de Gesturcal a Valcorba; de la no necesidad de más suelo industrial a la sospecha de “culturetas” sorianos lacayos de la Junta; de la marginación secular -¿también en la larga etapa de su abuelo?-, a la cenicienta Soria que se hunde. Todo tiene, convengámoslo, ese tierno color añoso y sepia que en estas tierras tantas simpatías arrastra y tantos adeptos aglutina.
Uno confía, sin embargo, al margen de ternuras, que en las instituciones ya no rija aquello de la ley para el enemigo, mientras que para el amigo, o para quien tiene medios sobrados para influir y presionar, sólo cabe el favor. Uno confía, pero... ¿aguantarán este pulso las instituciones?
cromero@unizar.es PD.- Durante unos meses interrumpiré esta sección de La Cornisa, por no disponer de tiempo para escribirla.
DE NUEVO SÍ A LA CARCEL
De nuevo, sí a la cárcel 8 abril 08
Silvano Andrés de la Morena
No tengo inconveniente en proclamar de nuevo un “sí a la cárcel”, aun soñando la utopía de que ojalá no fueran necesarias. Pero vengamos a lo de hoy. ¿Hay alguna forma de saber si un partido o agrupación actúa por el bien público y pensando en el futuro de todos o lo hace por pura coyuntura táctica partidista? A veces, no resulta fácil aportar pruebas, pero, como la realidad es dialéctica y nada es incondicionado ni existe el azar, caben muchas posibilidades de concluir que existen. Por ejemplo, en el tema de la cárcel. Resulta curioso ver cómo la acción se va más directa por la vía fácil y populista, es decir, demagógica, que por el camino de dar respuestas adecuadas a los interrogantes que surgen cada día. Ahora resulta que Ides amenaza al alcalde, le pide que dimita y no descarta presentar una moción de censura. Mejor harían si dieran a las palabras el valor que tienen y el sentido que deben proyectar. ¿A qué razones reales se debe, qué objetivos busca, de qué poder goza cada uno para pedir una dimisión en un país en el que nadie, salvo honrosas excepciones, dimite? ¿Cuándo tiene que dimitir un responsable público, qué circunstancias tienen que darse para ello? ¿Los señores de Ides no entienden de la solidez del sistema? Una dimisión no es una decisión que haya que tomarse a la ligera. Y se tendría que exigir en situaciones límite. ¿De verdad que el tema de la ubicación de la futura cárcel requiere una dimisión? Si lo que pretende Ides es desgastar, mala táctica; si lo que necesita Ides es conseguir publicidad fácil y tener de su parte, circunstancialmente, a unos cuantos seguidores con intereses particulares, peor estrategia; si lo que busca Ides, horra de clientes tras las últimas elecciones, es resarcirse de su desaparición del mapa político de los sorianos, presas de una inflación de partidos, mal asunto, pues estaría dando fe de su estado agónico.
La afirmación de que (el alcalde) “no defiende los intereses de Soria al permitir que Instituciones Penitenciarias siga con la intención de construir la nueva cárcel en la Laguna, a los pies del monte Valonsadero” no se la cree ni el que la enuncia. Eso sin hablar de la hipérbole desorientadora, por no decir falsa, de “a los pies del monte Valonsadero”, como si se los fueran a mutilar. Ides lleva mucho tiempo con una política tan tosca y desvalida en el tema de la cárcel, con declaraciones extemporáneas, por usar un adjetivo suave, que raya en el mal gusto y peor estética. Si su secretario de organización quiere ser leal a su trayectoria en el tema, pues sí, que se lance de una vez a presentar una moción de censura. Sería hasta divertido. A ver qué planteamiento le da y a quién logra arrastrar. ¿Al PP? Pero si acto seguido afirma con la misma contundencia que “PSOE se calla con la Ciudad del Medio Ambiente y el PP lo hace con el proyecto de la cárcel”. Que se aclaren, por favor. Los de Ides, digo. Han dicho tantas mentiras sobre la futura cárcel que no merece la pena insistir en ello.
La cárcel será una fuente de riqueza. Sólo lo dudan los que pretenden otros objetivos. Lo escandaloso es que algún grupo político se convierta en portavoz de una treintena de intereses privados. Y me refiero a más de un grupo, que no tiene escrúpulos de revolver Roma con Santiago para hacerse notar y atraer la atención de algunos medios de comunicación, que, en el desierto informativo soriano, aprovechan cualquier tema para magnificar lo irrelevante, despistar y hacer una fatal pedagogía. La cárcel será una fuente de riqueza. Sin duda. Limpia, segura, con proyección de futuro y con empleos de calidad. Justo lo que necesita Soria, aunque a “los pies del monte” lleguen algunos ruidos, que diría el poeta. Por cierto, realmente quienes manchan los pies y el tronco del monte son los mismos sorianos, que no tienen escrúpulos, tanto en San Juan como en Jueves Lardero, por decir dos fechas, en tirar kilos de porquería como si la cosa no fuera con ellos.Ides juega a jugar. Tendrá que calcular cuál es el límite. Todos en Soria son conscientes de que el actual alcalde gobierna en minoría, de que cuenta con los mismos concejales que el PP, de que Ides tiene dos e IU, uno. Muy bien. Pues adelante. Que conviertan en acto democrático un deseo que lanzan a los vientos, pero que aprendan a hacerlo con datos, generosidad y miras de alcance. Por cierto, con toda probabilidad, el Partido Popular, como partido responsable que es, que vela por los intereses generales, que estuvo en el Ayuntamiento hasta mayo y conoce muy bien los pormenores de la ubicación en los terrenos de La Laguna, hará suyas las manifestaciones que en alguna ocasión ha hecho el señor Astarloa en el sentido de que una cárcel como ésta siempre favorece a la ciudad donde se construye. Además, el PP conoce bien cuál era su postura cuando estaba en el gobierno municipal y sabe que no hay razones objetivas, más allá del interés de desgaste, para oponerse a la cárcel ni a su ubicación. A buen seguro, los señores del PP no se dejarán llevar por los disonantes cantos de sirena de un Ides sin rumbo. ¿O no pasó el momento electoral? Carece de sentido, más allá de la crítica limpia, convertir en batalla de San Quintín el hecho de que algún organismo público se haya precipitado al decidir realizar catas, aunque incluso esto debería ser mejor conocido antes de emitir juicios interesados que sólo desorientan.Sobre el tema de la cárcel se han emitido opiniones tan alucinantes, tantas mentiras y tantos dislates, que avergüenzan a quien los analiza con objetividad y foco distanciador. Tanto desde una plataforma que no se representa más que a sí misma, como desde algunas formaciones que andan a la deriva. La cárcel puede y debe hacerse en Soria. Aunque el carácter inveterado de muchos sorianos puede lograr que acabemos descompuestos y sin novia. Siempre me ha resultado sorprendente que en un sitio como Soria tenga tanto éxito la permanente cultura del no, de un no estéril, alejado del análisis y de la crítica, cuando, a la vez, la gente se queja tanto del abandono secular. Soria tiene ahora abiertos algunos frentes importantes de desarrollo y creación de riqueza, que no puede desaprovechar, bajo excusas absurdas de “pies de montes” y destrucción de entornos. ¿A qué entornos aspiramos cuando se quedan vacíos del actor principal, que es la gente? Aunque no sólo por eso, no tengo inconveniente en proclamar de nuevo un “sí a la cárcel”, aun soñando la utopía de que ojalá no fueran necesarias.
Silvano Andrés de la Morena
No tengo inconveniente en proclamar de nuevo un “sí a la cárcel”, aun soñando la utopía de que ojalá no fueran necesarias. Pero vengamos a lo de hoy. ¿Hay alguna forma de saber si un partido o agrupación actúa por el bien público y pensando en el futuro de todos o lo hace por pura coyuntura táctica partidista? A veces, no resulta fácil aportar pruebas, pero, como la realidad es dialéctica y nada es incondicionado ni existe el azar, caben muchas posibilidades de concluir que existen. Por ejemplo, en el tema de la cárcel. Resulta curioso ver cómo la acción se va más directa por la vía fácil y populista, es decir, demagógica, que por el camino de dar respuestas adecuadas a los interrogantes que surgen cada día. Ahora resulta que Ides amenaza al alcalde, le pide que dimita y no descarta presentar una moción de censura. Mejor harían si dieran a las palabras el valor que tienen y el sentido que deben proyectar. ¿A qué razones reales se debe, qué objetivos busca, de qué poder goza cada uno para pedir una dimisión en un país en el que nadie, salvo honrosas excepciones, dimite? ¿Cuándo tiene que dimitir un responsable público, qué circunstancias tienen que darse para ello? ¿Los señores de Ides no entienden de la solidez del sistema? Una dimisión no es una decisión que haya que tomarse a la ligera. Y se tendría que exigir en situaciones límite. ¿De verdad que el tema de la ubicación de la futura cárcel requiere una dimisión? Si lo que pretende Ides es desgastar, mala táctica; si lo que necesita Ides es conseguir publicidad fácil y tener de su parte, circunstancialmente, a unos cuantos seguidores con intereses particulares, peor estrategia; si lo que busca Ides, horra de clientes tras las últimas elecciones, es resarcirse de su desaparición del mapa político de los sorianos, presas de una inflación de partidos, mal asunto, pues estaría dando fe de su estado agónico.
La afirmación de que (el alcalde) “no defiende los intereses de Soria al permitir que Instituciones Penitenciarias siga con la intención de construir la nueva cárcel en la Laguna, a los pies del monte Valonsadero” no se la cree ni el que la enuncia. Eso sin hablar de la hipérbole desorientadora, por no decir falsa, de “a los pies del monte Valonsadero”, como si se los fueran a mutilar. Ides lleva mucho tiempo con una política tan tosca y desvalida en el tema de la cárcel, con declaraciones extemporáneas, por usar un adjetivo suave, que raya en el mal gusto y peor estética. Si su secretario de organización quiere ser leal a su trayectoria en el tema, pues sí, que se lance de una vez a presentar una moción de censura. Sería hasta divertido. A ver qué planteamiento le da y a quién logra arrastrar. ¿Al PP? Pero si acto seguido afirma con la misma contundencia que “PSOE se calla con la Ciudad del Medio Ambiente y el PP lo hace con el proyecto de la cárcel”. Que se aclaren, por favor. Los de Ides, digo. Han dicho tantas mentiras sobre la futura cárcel que no merece la pena insistir en ello.
La cárcel será una fuente de riqueza. Sólo lo dudan los que pretenden otros objetivos. Lo escandaloso es que algún grupo político se convierta en portavoz de una treintena de intereses privados. Y me refiero a más de un grupo, que no tiene escrúpulos de revolver Roma con Santiago para hacerse notar y atraer la atención de algunos medios de comunicación, que, en el desierto informativo soriano, aprovechan cualquier tema para magnificar lo irrelevante, despistar y hacer una fatal pedagogía. La cárcel será una fuente de riqueza. Sin duda. Limpia, segura, con proyección de futuro y con empleos de calidad. Justo lo que necesita Soria, aunque a “los pies del monte” lleguen algunos ruidos, que diría el poeta. Por cierto, realmente quienes manchan los pies y el tronco del monte son los mismos sorianos, que no tienen escrúpulos, tanto en San Juan como en Jueves Lardero, por decir dos fechas, en tirar kilos de porquería como si la cosa no fuera con ellos.Ides juega a jugar. Tendrá que calcular cuál es el límite. Todos en Soria son conscientes de que el actual alcalde gobierna en minoría, de que cuenta con los mismos concejales que el PP, de que Ides tiene dos e IU, uno. Muy bien. Pues adelante. Que conviertan en acto democrático un deseo que lanzan a los vientos, pero que aprendan a hacerlo con datos, generosidad y miras de alcance. Por cierto, con toda probabilidad, el Partido Popular, como partido responsable que es, que vela por los intereses generales, que estuvo en el Ayuntamiento hasta mayo y conoce muy bien los pormenores de la ubicación en los terrenos de La Laguna, hará suyas las manifestaciones que en alguna ocasión ha hecho el señor Astarloa en el sentido de que una cárcel como ésta siempre favorece a la ciudad donde se construye. Además, el PP conoce bien cuál era su postura cuando estaba en el gobierno municipal y sabe que no hay razones objetivas, más allá del interés de desgaste, para oponerse a la cárcel ni a su ubicación. A buen seguro, los señores del PP no se dejarán llevar por los disonantes cantos de sirena de un Ides sin rumbo. ¿O no pasó el momento electoral? Carece de sentido, más allá de la crítica limpia, convertir en batalla de San Quintín el hecho de que algún organismo público se haya precipitado al decidir realizar catas, aunque incluso esto debería ser mejor conocido antes de emitir juicios interesados que sólo desorientan.Sobre el tema de la cárcel se han emitido opiniones tan alucinantes, tantas mentiras y tantos dislates, que avergüenzan a quien los analiza con objetividad y foco distanciador. Tanto desde una plataforma que no se representa más que a sí misma, como desde algunas formaciones que andan a la deriva. La cárcel puede y debe hacerse en Soria. Aunque el carácter inveterado de muchos sorianos puede lograr que acabemos descompuestos y sin novia. Siempre me ha resultado sorprendente que en un sitio como Soria tenga tanto éxito la permanente cultura del no, de un no estéril, alejado del análisis y de la crítica, cuando, a la vez, la gente se queja tanto del abandono secular. Soria tiene ahora abiertos algunos frentes importantes de desarrollo y creación de riqueza, que no puede desaprovechar, bajo excusas absurdas de “pies de montes” y destrucción de entornos. ¿A qué entornos aspiramos cuando se quedan vacíos del actor principal, que es la gente? Aunque no sólo por eso, no tengo inconveniente en proclamar de nuevo un “sí a la cárcel”, aun soñando la utopía de que ojalá no fueran necesarias.
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