Educación Para la Ciudadanía

El PP en su reciente comunicado de prensa del 22 del corriente cita el artículo 27.3 de nuestra Constitución para fundamentar el derecho a la objeción de conciencia en contra de esta asignatura que supuestamente les asistiría a los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Recientemente, en estas mismas páginas, el profesor de filosofía Jesús Martínez Velasco en “Sin permiso para educar”, antepone a dicho punto el inmediatamente anterior, 27.2, en el cual se hace referencia a “los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” que garantizarían el pleno desarrollo de la personalidad humana, objeto último de la educación. ¿Cómo hacer compatibles ambos? ¿Cuál debería prevalecer en caso de conflicto? Reduciendo al absurdo el dilema, ¿se debería permitir que dentro de los hogares se educase en el odio, en la intolerancia, promoviendo y justificando la sistemática conculcación de los más elementales derechos a determinados sectores poblacionales en virtud de ciertos prejuicios? Ciertamente, no. Los valores democráticos son consustanciales a la propia concepción del ser humano implícita en nuestra constitución por lo que, a mí entender, no tiene sentido contraponerlos con otras intenciones igualmente loables presentes también en nuestra constitución, pero de menor rango.
Ahora bien, yo creo que en el debate se confunden dos aspectos, uno, las razones que justifican la inclusión de la propia asignatura en el currículo, y dos, el modo como ésta se imparte; que puede constituir ciertamente una adulteración del propósito que debería inspirar una asignatura de estas características. Pero no se puede pretender, como lo hacen determinados sectores, argumentar en contra de lo primero mediante ejemplos que, en todo caso, nos debería servir para mejorar y corregir lo segundo. Una sociedad que intenta trasladar en su ordenamiento jurídico una serie de valores democráticos entraría en contradicción consigo misma si se mostrase reticente a la hora de hacérselos comprender a las nuevas generaciones. Aun a riesgo de resultar un tanto provocador, el apelar a la objeción de conciencia en este caso no es otra cosa que una estrategia defensiva de aquellos que no terminan por aceptar la realidad social tal como ésta es, con sus diferentes concepciones morales, todas respetables siempre que para su pervivencia no necesiten la eliminación intelectual de las otras. Pues ciertamente, la Educación para la Ciudadanía no debería pretender, por poner un ejemplo, convencer de que no es inmoral el matrimonio de personas del mismo sexo; simplemente, debería constatar que para la mayoría de los ciudadanos el matrimonio gay es un derecho que a esas personas, ciudadanos, se les debe reconocer y que, por tanto, las leyes humanas deben proteger.
Ahora bien, no podemos pecar de ingenuos y no mantener una sana desconfianza ante el poder político, siempre proclive a la manipulación independientemente de la orientación ideológica del que lo ocupa.
Pero una vez más los extremos se refuerzan entre sí. Difícil resulta escaparse de este maniqueísmo que constriñe a la sociedad española; mientras algunos piensan que cualquier crítica que se les hace “la episcopal” está detrás, los otros que cualquier medida laica que se tome es el mismo diablo quién la ha inspirado y así no hay forma que el sentido común se haga hueco. Atreverse a pensar por uno mismo se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo que puede traer graves consecuencias; se permiten errores si es en compañía, pero si te equivocas por tu cuenta y riesgo...eso, no me explico por qué, suele ser imperdonable. Kant, citado por el profesor Jesús Martínez, en este ambiente lo tendría crudo.

Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B