En su reunión celebrada en Salduero (Soria) el día 25 de octubre, representantes del partido de las provincias de Burgos, Soria y Logroño analizaron la situación de la comarca de pinares adoptando las siguientes decisiones que mediante el presente comunicado hacen públicas:
1.- Reclamar para los vecinos y vecinas de los pueblos de la comarca de pinares el derecho a ser recompensados por el uso responsable que tradicionalmente se ha hecho del entorno natural. Los efectos positivos ambientales que el pinar produce, sólo hay que debérselos a los propios pinariegos y pinariegas, por lo que C´s considera que el reconocimiento tradicional del derecho a los aprovechamientos forestales (la suerte de pinos) no es suficiente. La conservación del pinar se ha hecho a costa de la pérdida del valor real de dicha suerte de pinos, por lo que los poderes públicos en representación de la sociedad en su conjunto y que tienen competencias al respecto, deben arbitrar medidas que corrija esta situación.
2.- Denunciar la situación de permanente desencuentro entre los dos grandes partidos en esta comarca, que con excesiva frecuencia anteponen sus intereses partidistas a los propios de la ciudadanía en las distintas instituciones en las que forman parte (autonómicas, provinciales y locales).
3.- Manifestar la intención de C´s de abordar globalmente la problemática que aqueja a esta comarca, considerando que a similar situación debe corresponder similares medidas que intenten corregirla, independientemente de la unidad administrativa provincial a la que pertenezca, por lo que propone crear desde los ayuntamientos pinariegos, foros de discusión que aborde la problemática específica de la comarca de pinares.
Ciudadanos-partido de la ciudadanía
609573577
miércoles, 29 de octubre de 2008
viernes, 24 de octubre de 2008
La justicia se moviliza
Me sorprende la escasa (o nula) incidencia que está teniendo en el partido un acontecimiento de tanta trascendencia como una movización general de los jueces españoles, coincidente con la huelga de secretarios judiciales.
Si se me permite, como conocedor que soy del tema, voy a exponer "brevemente", casi desde dentro, cuál es la situación de la justicia española y el porqué de estas movilizaciones.
Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.
Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.
Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.
A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.
Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.
Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.
Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.
Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.
Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.
Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.
¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.
Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:
- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.
- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:
- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).
- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado.
El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.
Si se me permite, como conocedor que soy del tema, voy a exponer "brevemente", casi desde dentro, cuál es la situación de la justicia española y el porqué de estas movilizaciones.
Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.
Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.
Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.
A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.
Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.
Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.
Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.
Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.
Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.
Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.
¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.
Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:
- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.
- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:
- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).
- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado.
El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.
miércoles, 22 de octubre de 2008
Rosa Díez y el aborto libre
En unas recientes declaraciones en una emisora de radio, Rosa Díez se ha manifestado a favor del aborto libre. Nada que objetar a que exponga su postura. El problema se plantea dentro de su propio partido. Ciertos sectores “liberales” han manifestado su rechazo a que Rosa Díez, aun considerándola como su principal y único activo, determine la postura del partido ella sola o en compañía de Martínez Gorriarán en un asunto para ellos tan sensible. Sin ir más lejos, en el primer acto casi oficial de ese partido en nuestra provincia en la Cuadra Antares, el que era a la sazón coordinador en Castilla y León, Rodolfo Angelina, con voz trémula y emocionada lanzó a los que allí estábamos reunidos una arenga contra el aborto, al que calificó repetidamente de asesinato. Tampoco veo yo a Álvaro de Marichalar defendiendo el derecho de la mujer a abortar libremente. Sectores liberales de ese partido se quejan de la falta de democracia interna en el funcionamiento del partido. La tan cacareada “transversalidad”, se ha convertido en una burda argucia para pescar votos aquí y allá, sin comprometerse ni con los de aquí ni con los de allá. Lo que en boca de Savater parecía que era un intento honesto por aportar ciertas dosis de racionalidad al debate político sin que hubiera que oponerse a tal o cual medida por la procedencia ideológica de la misma, en manos de una política pragmática y bregada en mil batallas como Rosa Díez es una coartada perfecta para hacer de su capa un sayo, pues en el propio concepto de transversalidad no está contenido principio alguno del cual se pueda derivar todo lo demás y al que Rosa tenga que ajustarse. En la literatura política se ha acuñado un término para referirse a tales partidos políticos, los “atrapalotodo” que se caracterizan porque están gestionados por un grupo reducido de personas que se mueven por la necesidad de mantenerse en la pomada, para lo cual se otorgan un amplio margen de maniobra al margen de sus afiliados para moverse en la dirección que marca la opinión pública, que es en definitiva lo que les va a otorgar los votos y, en definitiva, poder. Como gráficamente dijo Alfonso Guerra, mejor un minuto en los medios de comunicación, TV y radio, que contar con una militancia numerosa a la que rendir cuentas. En un mundo en el que nada existe si no aparece en los medios, los afiliados de base son fácilmente intercambiables unos por otros. Importa el número, más que el compromiso moral que obliga a los dirigentes a responder a la confianza que en ellos han depositado personas con ilusión y a veces con bastante sacrificio personal.
No sé hasta que punto la estrategia seguida tanto por el PP, como por el PSOE de no mencionar al partido de Rosa Díez, es acertada; lo habrán meditado y ellos sabrán lo que hacen; pero los que seguimos mínimamente el devenir de este nuevo partido, se nos hace muy cuesta arriba pensar que pudiera mantenerse tal cual si la opinión pública se centrase en su funcionamiento interno. En un repaso somero de los avatares durante este primer año, según datos recogidos de sectores críticos del propio partido (página web “libertad ciudadanos”) el resultado es demoledor: dimisión de los coordinadores y/o portavoces de UPyD de Aragón, Galicia (ya van dos), Castilla-La Mancha, Andalucía, Sevilla, Cataluña; acusaciones de falta de democracia interna, acusaciones de mobbing y expedientes de expulsión de afiliados especialmente críticos con la gestión de Gorriarán, dimisión de un miembro de la Comisión de Garantías puesto a dedo por Gorriarán, dimisión de los organizadores del comité electoral de Salamanca, acusaciones de que los miembros del consejo político (máximo órgano entre congresos) no se pueden comunicar entre ellos y que Gorriarán intenta cambiar su composición a su antojo,...Pero a la opinión pública sólo le llega las vibrantes intervenciones de Rosa Díez en el Parlamento demandando, entre otras cosas, lo que niega o se dificulta en el seno de su propio partido: libertad de opinión y medios para ejercerla con ciertas garantías. Y el congreso constituyente del propio partido sin celebrarse, situación más anómala es difícil de imaginar. Mucho me temo que la regeneración democrática que prometían de ellos no vendrá, más parece que sólo fue un eslogan insincero para pescar votos de descontentos de uno y otro lado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
En unas recientes declaraciones en una emisora de radio, Rosa Díez se ha manifestado a favor del aborto libre. Nada que objetar a que exponga su postura. El problema se plantea dentro de su propio partido. Ciertos sectores “liberales” han manifestado su rechazo a que Rosa Díez, aun considerándola como su principal y único activo, determine la postura del partido ella sola o en compañía de Martínez Gorriarán en un asunto para ellos tan sensible. Sin ir más lejos, en el primer acto casi oficial de ese partido en nuestra provincia en la Cuadra Antares, el que era a la sazón coordinador en Castilla y León, Rodolfo Angelina, con voz trémula y emocionada lanzó a los que allí estábamos reunidos una arenga contra el aborto, al que calificó repetidamente de asesinato. Tampoco veo yo a Álvaro de Marichalar defendiendo el derecho de la mujer a abortar libremente. Sectores liberales de ese partido se quejan de la falta de democracia interna en el funcionamiento del partido. La tan cacareada “transversalidad”, se ha convertido en una burda argucia para pescar votos aquí y allá, sin comprometerse ni con los de aquí ni con los de allá. Lo que en boca de Savater parecía que era un intento honesto por aportar ciertas dosis de racionalidad al debate político sin que hubiera que oponerse a tal o cual medida por la procedencia ideológica de la misma, en manos de una política pragmática y bregada en mil batallas como Rosa Díez es una coartada perfecta para hacer de su capa un sayo, pues en el propio concepto de transversalidad no está contenido principio alguno del cual se pueda derivar todo lo demás y al que Rosa tenga que ajustarse. En la literatura política se ha acuñado un término para referirse a tales partidos políticos, los “atrapalotodo” que se caracterizan porque están gestionados por un grupo reducido de personas que se mueven por la necesidad de mantenerse en la pomada, para lo cual se otorgan un amplio margen de maniobra al margen de sus afiliados para moverse en la dirección que marca la opinión pública, que es en definitiva lo que les va a otorgar los votos y, en definitiva, poder. Como gráficamente dijo Alfonso Guerra, mejor un minuto en los medios de comunicación, TV y radio, que contar con una militancia numerosa a la que rendir cuentas. En un mundo en el que nada existe si no aparece en los medios, los afiliados de base son fácilmente intercambiables unos por otros. Importa el número, más que el compromiso moral que obliga a los dirigentes a responder a la confianza que en ellos han depositado personas con ilusión y a veces con bastante sacrificio personal.
No sé hasta que punto la estrategia seguida tanto por el PP, como por el PSOE de no mencionar al partido de Rosa Díez, es acertada; lo habrán meditado y ellos sabrán lo que hacen; pero los que seguimos mínimamente el devenir de este nuevo partido, se nos hace muy cuesta arriba pensar que pudiera mantenerse tal cual si la opinión pública se centrase en su funcionamiento interno. En un repaso somero de los avatares durante este primer año, según datos recogidos de sectores críticos del propio partido (página web “libertad ciudadanos”) el resultado es demoledor: dimisión de los coordinadores y/o portavoces de UPyD de Aragón, Galicia (ya van dos), Castilla-La Mancha, Andalucía, Sevilla, Cataluña; acusaciones de falta de democracia interna, acusaciones de mobbing y expedientes de expulsión de afiliados especialmente críticos con la gestión de Gorriarán, dimisión de un miembro de la Comisión de Garantías puesto a dedo por Gorriarán, dimisión de los organizadores del comité electoral de Salamanca, acusaciones de que los miembros del consejo político (máximo órgano entre congresos) no se pueden comunicar entre ellos y que Gorriarán intenta cambiar su composición a su antojo,...Pero a la opinión pública sólo le llega las vibrantes intervenciones de Rosa Díez en el Parlamento demandando, entre otras cosas, lo que niega o se dificulta en el seno de su propio partido: libertad de opinión y medios para ejercerla con ciertas garantías. Y el congreso constituyente del propio partido sin celebrarse, situación más anómala es difícil de imaginar. Mucho me temo que la regeneración democrática que prometían de ellos no vendrá, más parece que sólo fue un eslogan insincero para pescar votos de descontentos de uno y otro lado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
viernes, 17 de octubre de 2008
La alternativa
¿Y qué me dicen de "la alternativa"? En estas páginas se ha producido cierto cruce agrio de opiniones a cuenta de la Educación para la Ciudadanía; pero "la alternativa" también tiene su "aquél".
Les cuento: en los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos, cuando nos referimos a "la alternativa" hacemos alusión a las "otras" actividades que realizan los alumnos que no reciben educación religiosa (católica, por supuesto) Durante las horas de "alternativa", el profesor no puede adelantar en el currículo, so pretexto de no perjudicar a los que han optado por recibir formación religiosa. "La alternativa", a diferencia de la Educación para la Ciudadanía, no tiene contenidos propios, específicos; son "otras" actividades. ¿Qué actividades? Créanme si les digo que en el centro educativo en el que estoy prestando mis servicios en Madrid, ante la pregunta de un padre de "alternativa" no hubo manera de darle una respuesta mínimamente coherente a esa pregunta. Pues si no se puede adelantar en el currículo, el cual abarca todos los aspectos del desarrollo en la personalidad del niño, sobre todo en Infantil, mi especialidad, no sé qué otra cosa se puede hacer. En el fondo, se "aparca" a los niños de "alternativa" en el centro para que, mientras a sus compañeros, se les adoctrine en un credo religioso. Evidentemente, los funcionarios profesionales de la educación no estamos en nuestros centros de trabajo para boicotear las leyes, sino para cumplirlas, por mucho que estén pergeñadas con los pies, como es el caso. Tanto insistió el padre demandando algo mínimamente coherente (estaba en su derecho, por otra parte) que el director de mi centro, en un arranque de sinceridad, reconoció sin más que los niños de "alternativa" tenían que estar en el centro porque era horario escolar, pero que no había nada específico que ofrecerles.
Concluyendo, con fondos públicos, pagando al profesorado de religión y utilizando las instalaciones del Estado, no sólo se adoctrina a nuestros alumnos en una religión que por muy mayoritaria que sea un Estado mínimamente serio no tiene por qué sufragarla, ni colaborar en su difusión; sino que además obliga a aquellos alumnos de padres agnósticos o de otras religiones minoritarias, a perder el tiempo, so pretexto de que los católicos no se queden rezagados en su proceso educativo. Esta situación es a todas luces, inaceptable.
¿No es un argumento en contra de la Educación para la Ciudadanía que el Estado no puede adoctrinar en una determinada ideología? ¿Qué hace entonces, colaborando con la difusión de un credo religioso? ¿Dónde está el portavoz de "la episcopal" renunciando a tal privilegio? ¿Dónde están los liberales conversos de última hora denunciando tal situación? Quizá, como algunos sospechamos, el problema no es si el Estado adoctrina o deja de adoctrinar, sino quién lo hace aprovechándose de los recursos de ese Estado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Les cuento: en los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos, cuando nos referimos a "la alternativa" hacemos alusión a las "otras" actividades que realizan los alumnos que no reciben educación religiosa (católica, por supuesto) Durante las horas de "alternativa", el profesor no puede adelantar en el currículo, so pretexto de no perjudicar a los que han optado por recibir formación religiosa. "La alternativa", a diferencia de la Educación para la Ciudadanía, no tiene contenidos propios, específicos; son "otras" actividades. ¿Qué actividades? Créanme si les digo que en el centro educativo en el que estoy prestando mis servicios en Madrid, ante la pregunta de un padre de "alternativa" no hubo manera de darle una respuesta mínimamente coherente a esa pregunta. Pues si no se puede adelantar en el currículo, el cual abarca todos los aspectos del desarrollo en la personalidad del niño, sobre todo en Infantil, mi especialidad, no sé qué otra cosa se puede hacer. En el fondo, se "aparca" a los niños de "alternativa" en el centro para que, mientras a sus compañeros, se les adoctrine en un credo religioso. Evidentemente, los funcionarios profesionales de la educación no estamos en nuestros centros de trabajo para boicotear las leyes, sino para cumplirlas, por mucho que estén pergeñadas con los pies, como es el caso. Tanto insistió el padre demandando algo mínimamente coherente (estaba en su derecho, por otra parte) que el director de mi centro, en un arranque de sinceridad, reconoció sin más que los niños de "alternativa" tenían que estar en el centro porque era horario escolar, pero que no había nada específico que ofrecerles.
Concluyendo, con fondos públicos, pagando al profesorado de religión y utilizando las instalaciones del Estado, no sólo se adoctrina a nuestros alumnos en una religión que por muy mayoritaria que sea un Estado mínimamente serio no tiene por qué sufragarla, ni colaborar en su difusión; sino que además obliga a aquellos alumnos de padres agnósticos o de otras religiones minoritarias, a perder el tiempo, so pretexto de que los católicos no se queden rezagados en su proceso educativo. Esta situación es a todas luces, inaceptable.
¿No es un argumento en contra de la Educación para la Ciudadanía que el Estado no puede adoctrinar en una determinada ideología? ¿Qué hace entonces, colaborando con la difusión de un credo religioso? ¿Dónde está el portavoz de "la episcopal" renunciando a tal privilegio? ¿Dónde están los liberales conversos de última hora denunciando tal situación? Quizá, como algunos sospechamos, el problema no es si el Estado adoctrina o deja de adoctrinar, sino quién lo hace aprovechándose de los recursos de ese Estado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
domingo, 12 de octubre de 2008
Cuestionamiento de la monarquía
Todos los estudios y encuestas de opinión coinciden en que el debate entre monarquía y república no se encuentra entre aquellos temas que más preocupa a los españoles. Los dos grandes partidos no lo tienen en su agenda; aunque últimamente ha habido determinadas voces en el ámbito nacionalista que la han puesto en cuestión.
La Transición supuso un acuerdo entre los herederos del régimen franquista y los partidos de la oposición, algunos herederos a su vez de la República. El mantenimiento de las previsiones sucesorias del dictador en la figura del rey Juan Carlos, permitieron que ciertas figuras del antiguo régimen, las más aperturistas, tuviesen la esperanza de que en la España monárquica y democrática ellos siguieran teniendo un papel de cierta relevancia. Y por otra parte, la aceptación de la monarquía por parte de la oposición facilitaba la transición de forma pacífica a un régimen democrático y con posibilidades reales de alcanzar el poder en un futuro más o menos cercano, como así se produjo con la victoria del PSOE en 1982.
Las circunstancias excepcionales que siempre rodean a todo proceso constituyente, provocan que las fuerzas políticas y sociales participantes en ellos consigan ventajas para el futuro. La propia institución monárquica las aprovechó en su beneficio; pero aquella situación, en la que la monarquía era necesaria para facilitar el cambio, ahora ya ha desaparecido. Tendrán que ganarse su puesto día a día, no sirve lo pasado. Lo que una vez fue beneficioso para la sociedad española, puede, en un futuro, dejar de serlo. Si he empezado este artículo diciendo que poco interesa a los españoles el debate entre monarquía y república, hay que añadir que la situación puede cambiar antes de lo que cabría pensar.
Han surgido dos partidos, UPyD y C´s, como reacción a la partitocracia en la que se ha convertido la España surgida de la Transición. Ninguno de los dos participó en esa Transición y, por consiguiente, no entraron en el intercambio de concesiones a cambio de ciertas ventajas que garantizasen su futuro. Ninguno de los dos se declaran monárquicos, pero ambos mantienen la postura de que no es prioritario en absoluto cuestionarse a la monarquía, quizá por reacción a la deriva antimonárquica de los radicales nacionalistas que a través de ataques al rey pretenden, quizá, dinamitar la unidad de España que el monarca, como Jefe de Estado, puede simbolizar.
Honestamente pienso que ineludiblemente debemos considerar al sistema republicano más acorde con los principios ciudadanos que dicen estos partidos defender y que el mayor error que podríamos cometer, sería renunciar a la coherencia con nosotros mismos a cambio de ¿qué? Nada.
La institución monárquica conlleva “violentar” principios que en sus manifiestos fundacionales ambos partidos, UPyD y C´s, han proclamado.
La igualdad entre todos los seres humanos en cuanto a derechos y libertades y que sólo cabe admitir las diferencias debidas al mérito, esfuerzo y talento, no admite excepciones por mucho que se apellide “Borbón”. Ese absurdo sólo puede mantenerse merced a cierta transfiguración de la realidad; aquellos que se proclaman, con Savater, osados para pensar por sí mismos, admiten una zona de absoluta opacidad alrededor del monarca, con un respeto casi escrupuloso –sacramental- mal entendido y que choca con el más elemental derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sobre sus autoridades.
¿Cómo alguien se va a atrever a pensar por sí mismo, cómo ufanamente se vanagloria Savater en el manifiesto fundacional de UPyD, si acepta que se le oculte la verdad de las personas que encarnan la institución monárquica?
Los llamamientos a cierta racionalidad a la hora de tratar los asuntos públicos que, tanto C´s como UPyD, han hecho, no tienen sentido cuando se acepta, mirando hacia otro sitio, cierto culto a la personalidad que siempre es necesario para que el resto de los mortales acepten lo inaceptable: reconocimiento de la supremacía de la herencia, de la cuna, sobre cualquier otra consideración como el mérito, el consentimiento expresado con regularidad a través de procedimientos democráticos y, sobre todo, la excepcionalidad legal que desde la cuna se le reconoce de facto a los miembros de la familia real.
La coherencia de nuestros planteamientos es, quizá, la única baza que podemos contar sin depender de nadie; pero además, el actual sistema que nosotros queremos reformar se sujeta desde arriba en un punto, el Rey, desde el cual salen todos los hilos y que permite la pervivencia del mismo. Desde la Transición ha surgido un sistema en el cual todas las partes están imbricadas unas con otras; la institución monárquica es el paraguas que protege el juego ventajista del resto. No violentemos nuestra inteligencia aceptando una institución anacrónica, aceptemos por tanto las leyes de la razón, de lo razonable, para acercarnos a la realidad política de nuestro país sin miedo y con la tozudez que la mente clara exige, y digamos con claridad que el rey está desnudo, como el cuento, que no está dotado de virtudes excepcionales que justifiquen tales privilegios ni para él ni para sus herederos; sino que en la persona que ostenta ese título, después de retirarle todo el boato y artificio que le rodea, no se puede encontrar razón alguna para que no se le fuerce a recobrar su condición ciudadana.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Todos los estudios y encuestas de opinión coinciden en que el debate entre monarquía y república no se encuentra entre aquellos temas que más preocupa a los españoles. Los dos grandes partidos no lo tienen en su agenda; aunque últimamente ha habido determinadas voces en el ámbito nacionalista que la han puesto en cuestión.
La Transición supuso un acuerdo entre los herederos del régimen franquista y los partidos de la oposición, algunos herederos a su vez de la República. El mantenimiento de las previsiones sucesorias del dictador en la figura del rey Juan Carlos, permitieron que ciertas figuras del antiguo régimen, las más aperturistas, tuviesen la esperanza de que en la España monárquica y democrática ellos siguieran teniendo un papel de cierta relevancia. Y por otra parte, la aceptación de la monarquía por parte de la oposición facilitaba la transición de forma pacífica a un régimen democrático y con posibilidades reales de alcanzar el poder en un futuro más o menos cercano, como así se produjo con la victoria del PSOE en 1982.
Las circunstancias excepcionales que siempre rodean a todo proceso constituyente, provocan que las fuerzas políticas y sociales participantes en ellos consigan ventajas para el futuro. La propia institución monárquica las aprovechó en su beneficio; pero aquella situación, en la que la monarquía era necesaria para facilitar el cambio, ahora ya ha desaparecido. Tendrán que ganarse su puesto día a día, no sirve lo pasado. Lo que una vez fue beneficioso para la sociedad española, puede, en un futuro, dejar de serlo. Si he empezado este artículo diciendo que poco interesa a los españoles el debate entre monarquía y república, hay que añadir que la situación puede cambiar antes de lo que cabría pensar.
Han surgido dos partidos, UPyD y C´s, como reacción a la partitocracia en la que se ha convertido la España surgida de la Transición. Ninguno de los dos participó en esa Transición y, por consiguiente, no entraron en el intercambio de concesiones a cambio de ciertas ventajas que garantizasen su futuro. Ninguno de los dos se declaran monárquicos, pero ambos mantienen la postura de que no es prioritario en absoluto cuestionarse a la monarquía, quizá por reacción a la deriva antimonárquica de los radicales nacionalistas que a través de ataques al rey pretenden, quizá, dinamitar la unidad de España que el monarca, como Jefe de Estado, puede simbolizar.
Honestamente pienso que ineludiblemente debemos considerar al sistema republicano más acorde con los principios ciudadanos que dicen estos partidos defender y que el mayor error que podríamos cometer, sería renunciar a la coherencia con nosotros mismos a cambio de ¿qué? Nada.
La institución monárquica conlleva “violentar” principios que en sus manifiestos fundacionales ambos partidos, UPyD y C´s, han proclamado.
La igualdad entre todos los seres humanos en cuanto a derechos y libertades y que sólo cabe admitir las diferencias debidas al mérito, esfuerzo y talento, no admite excepciones por mucho que se apellide “Borbón”. Ese absurdo sólo puede mantenerse merced a cierta transfiguración de la realidad; aquellos que se proclaman, con Savater, osados para pensar por sí mismos, admiten una zona de absoluta opacidad alrededor del monarca, con un respeto casi escrupuloso –sacramental- mal entendido y que choca con el más elemental derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sobre sus autoridades.
¿Cómo alguien se va a atrever a pensar por sí mismo, cómo ufanamente se vanagloria Savater en el manifiesto fundacional de UPyD, si acepta que se le oculte la verdad de las personas que encarnan la institución monárquica?
Los llamamientos a cierta racionalidad a la hora de tratar los asuntos públicos que, tanto C´s como UPyD, han hecho, no tienen sentido cuando se acepta, mirando hacia otro sitio, cierto culto a la personalidad que siempre es necesario para que el resto de los mortales acepten lo inaceptable: reconocimiento de la supremacía de la herencia, de la cuna, sobre cualquier otra consideración como el mérito, el consentimiento expresado con regularidad a través de procedimientos democráticos y, sobre todo, la excepcionalidad legal que desde la cuna se le reconoce de facto a los miembros de la familia real.
La coherencia de nuestros planteamientos es, quizá, la única baza que podemos contar sin depender de nadie; pero además, el actual sistema que nosotros queremos reformar se sujeta desde arriba en un punto, el Rey, desde el cual salen todos los hilos y que permite la pervivencia del mismo. Desde la Transición ha surgido un sistema en el cual todas las partes están imbricadas unas con otras; la institución monárquica es el paraguas que protege el juego ventajista del resto. No violentemos nuestra inteligencia aceptando una institución anacrónica, aceptemos por tanto las leyes de la razón, de lo razonable, para acercarnos a la realidad política de nuestro país sin miedo y con la tozudez que la mente clara exige, y digamos con claridad que el rey está desnudo, como el cuento, que no está dotado de virtudes excepcionales que justifiquen tales privilegios ni para él ni para sus herederos; sino que en la persona que ostenta ese título, después de retirarle todo el boato y artificio que le rodea, no se puede encontrar razón alguna para que no se le fuerce a recobrar su condición ciudadana.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Educación Para la Ciudadanía
El PP en su reciente comunicado de prensa del 22 del corriente cita el artículo 27.3 de nuestra Constitución para fundamentar el derecho a la objeción de conciencia en contra de esta asignatura que supuestamente les asistiría a los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Recientemente, en estas mismas páginas, el profesor de filosofía Jesús Martínez Velasco en “Sin permiso para educar”, antepone a dicho punto el inmediatamente anterior, 27.2, en el cual se hace referencia a “los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” que garantizarían el pleno desarrollo de la personalidad humana, objeto último de la educación. ¿Cómo hacer compatibles ambos? ¿Cuál debería prevalecer en caso de conflicto? Reduciendo al absurdo el dilema, ¿se debería permitir que dentro de los hogares se educase en el odio, en la intolerancia, promoviendo y justificando la sistemática conculcación de los más elementales derechos a determinados sectores poblacionales en virtud de ciertos prejuicios? Ciertamente, no. Los valores democráticos son consustanciales a la propia concepción del ser humano implícita en nuestra constitución por lo que, a mí entender, no tiene sentido contraponerlos con otras intenciones igualmente loables presentes también en nuestra constitución, pero de menor rango.
Ahora bien, yo creo que en el debate se confunden dos aspectos, uno, las razones que justifican la inclusión de la propia asignatura en el currículo, y dos, el modo como ésta se imparte; que puede constituir ciertamente una adulteración del propósito que debería inspirar una asignatura de estas características. Pero no se puede pretender, como lo hacen determinados sectores, argumentar en contra de lo primero mediante ejemplos que, en todo caso, nos debería servir para mejorar y corregir lo segundo. Una sociedad que intenta trasladar en su ordenamiento jurídico una serie de valores democráticos entraría en contradicción consigo misma si se mostrase reticente a la hora de hacérselos comprender a las nuevas generaciones. Aun a riesgo de resultar un tanto provocador, el apelar a la objeción de conciencia en este caso no es otra cosa que una estrategia defensiva de aquellos que no terminan por aceptar la realidad social tal como ésta es, con sus diferentes concepciones morales, todas respetables siempre que para su pervivencia no necesiten la eliminación intelectual de las otras. Pues ciertamente, la Educación para la Ciudadanía no debería pretender, por poner un ejemplo, convencer de que no es inmoral el matrimonio de personas del mismo sexo; simplemente, debería constatar que para la mayoría de los ciudadanos el matrimonio gay es un derecho que a esas personas, ciudadanos, se les debe reconocer y que, por tanto, las leyes humanas deben proteger.
Ahora bien, no podemos pecar de ingenuos y no mantener una sana desconfianza ante el poder político, siempre proclive a la manipulación independientemente de la orientación ideológica del que lo ocupa.
Pero una vez más los extremos se refuerzan entre sí. Difícil resulta escaparse de este maniqueísmo que constriñe a la sociedad española; mientras algunos piensan que cualquier crítica que se les hace “la episcopal” está detrás, los otros que cualquier medida laica que se tome es el mismo diablo quién la ha inspirado y así no hay forma que el sentido común se haga hueco. Atreverse a pensar por uno mismo se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo que puede traer graves consecuencias; se permiten errores si es en compañía, pero si te equivocas por tu cuenta y riesgo...eso, no me explico por qué, suele ser imperdonable. Kant, citado por el profesor Jesús Martínez, en este ambiente lo tendría crudo.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
El PP en su reciente comunicado de prensa del 22 del corriente cita el artículo 27.3 de nuestra Constitución para fundamentar el derecho a la objeción de conciencia en contra de esta asignatura que supuestamente les asistiría a los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Recientemente, en estas mismas páginas, el profesor de filosofía Jesús Martínez Velasco en “Sin permiso para educar”, antepone a dicho punto el inmediatamente anterior, 27.2, en el cual se hace referencia a “los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” que garantizarían el pleno desarrollo de la personalidad humana, objeto último de la educación. ¿Cómo hacer compatibles ambos? ¿Cuál debería prevalecer en caso de conflicto? Reduciendo al absurdo el dilema, ¿se debería permitir que dentro de los hogares se educase en el odio, en la intolerancia, promoviendo y justificando la sistemática conculcación de los más elementales derechos a determinados sectores poblacionales en virtud de ciertos prejuicios? Ciertamente, no. Los valores democráticos son consustanciales a la propia concepción del ser humano implícita en nuestra constitución por lo que, a mí entender, no tiene sentido contraponerlos con otras intenciones igualmente loables presentes también en nuestra constitución, pero de menor rango.
Ahora bien, yo creo que en el debate se confunden dos aspectos, uno, las razones que justifican la inclusión de la propia asignatura en el currículo, y dos, el modo como ésta se imparte; que puede constituir ciertamente una adulteración del propósito que debería inspirar una asignatura de estas características. Pero no se puede pretender, como lo hacen determinados sectores, argumentar en contra de lo primero mediante ejemplos que, en todo caso, nos debería servir para mejorar y corregir lo segundo. Una sociedad que intenta trasladar en su ordenamiento jurídico una serie de valores democráticos entraría en contradicción consigo misma si se mostrase reticente a la hora de hacérselos comprender a las nuevas generaciones. Aun a riesgo de resultar un tanto provocador, el apelar a la objeción de conciencia en este caso no es otra cosa que una estrategia defensiva de aquellos que no terminan por aceptar la realidad social tal como ésta es, con sus diferentes concepciones morales, todas respetables siempre que para su pervivencia no necesiten la eliminación intelectual de las otras. Pues ciertamente, la Educación para la Ciudadanía no debería pretender, por poner un ejemplo, convencer de que no es inmoral el matrimonio de personas del mismo sexo; simplemente, debería constatar que para la mayoría de los ciudadanos el matrimonio gay es un derecho que a esas personas, ciudadanos, se les debe reconocer y que, por tanto, las leyes humanas deben proteger.
Ahora bien, no podemos pecar de ingenuos y no mantener una sana desconfianza ante el poder político, siempre proclive a la manipulación independientemente de la orientación ideológica del que lo ocupa.
Pero una vez más los extremos se refuerzan entre sí. Difícil resulta escaparse de este maniqueísmo que constriñe a la sociedad española; mientras algunos piensan que cualquier crítica que se les hace “la episcopal” está detrás, los otros que cualquier medida laica que se tome es el mismo diablo quién la ha inspirado y así no hay forma que el sentido común se haga hueco. Atreverse a pensar por uno mismo se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo que puede traer graves consecuencias; se permiten errores si es en compañía, pero si te equivocas por tu cuenta y riesgo...eso, no me explico por qué, suele ser imperdonable. Kant, citado por el profesor Jesús Martínez, en este ambiente lo tendría crudo.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
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