Sigue la polémica sobre libro de Pilar Urbano. Leo algunas opiniones en defensa del derecho de la reina a expresarse libremente que, al parecer, algunos le niegan, ¡pobre! Creo que esa no es la cuestión. Nada impediría a la reina que fundase un partido con las ideas que tiene, o que pidiera su ingreso en algún partido extraparlamentario o en el propio PP, (reforzando así a su sector más reaccionario), que renunciase a sus privilegios y que defendiera sus ideas como toda hija de vecina. Si tan preocupada está y tan convencida de sus planteamientos que siga el ejemplo de Simeón II de Bulgaria, que concurra a las elecciones y que las gane. Que no se preocupe, que nadie le va a cuestionar su derecho a expresarse libremente.
El problema está, a mi parecer, que no ocupa el puesto institucional que ostenta gracias a sus ideas, que su legitimidad no se renueva democráticamente de forma periódica, única forma a mi parecer que la legitimidad de ejercicio de la que nos habla el profesor en su artículo “La indiscreción Real” pueda ser aceptada. Por eso es incompatible su condición de reina con posicionarse públicamente a favor de un sector de la población en temas controvertidos. El que sea la parte más reaccionaria y alejada del sentir mayoritario de la sociedad del siglo XXI, a nadie nos debería sorprender. Esos sectores han acogido esas declaraciones como una tabla de salvación a la que subirse y procurar así que sus ideas tengan el eco que por sí mismas hace tiempo que han dejado de tener.
La institución monárquica es anacrónica, y que sólo con altas dosis de hipocresía y de autoengaño se mantiene. En ella se plantea en el momento actual la colisión de varios derechos difíciles de compaginar. Por una parte está el aludido derecho de los miembros de la familia real a expresar libremente sus opiniones; ese no corre peligro, hay mucho súbdito por ahí suelto. Por otro está el derecho que tenemos los ciudadanos de que sólo mediante consentimiento democrático nos puedan representar y si este consentimiento no se consigue para defender los propios planteamientos del consentido, éste se debe comportar más como muñeco de cartón piedra que como persona normal, con sus ideas y modo de entender la vida, pues no sería de recibo que aprovechase su situación para otro fin que no sea el que se le ha encomendado. Y por último, y no menos importante, está el derecho del ciudadano a recibir una información veraz sobre los asuntos de su interés, y dentro de los cuales está, claro que sí, conocer qué clase de personas nos representan. En este sentido nos debe mover a la reflexión y preocupación que se carguen las tintas sobre los que no han impedido que el verdadero rostro de Sofía, reina de la España del siglo XXI con ideas del XIX, llegue a los españoles.
Es previsible que el muro en torno a la familia real se refuerce y se promueva a no tardar una campaña que recomponga la imagen de la reina Sofía, alimentando el culto a la personalidad de la familia real. La imagen que nos van a permitir ver de la familia real, de real, va a tener poco, pura engañifa. Pero siempre habrá alguien, con mirada clara que nos descubra que debajo del oropel y la lisonja, el rey está desnudo como en el cuento. Ninguna cualidad les viste que justifique tanto privilegio y deferencia.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
(Publicado en "El Heraldo de Soria" 18-11-2008
martes, 18 de noviembre de 2008
martes, 11 de noviembre de 2008
REPUBLICANOS, POR COHERENCIA Y POR ESTRATEGIA
Estimados compañeros, en la reunión celebrada en Salduero (Soria) quedó de manifiesto que la indefinición en la que nos movemos nos impide estar presentes en algunos debates de rabiosa actualidad. Urge, por tanto, hacer un esfuerzo, primero, de introspección para descubrir qué es lo que nos une, y en segundo lugar, una vez hecho evidente esos principios que todos compartimos, a partir de ellos, derivar en un esfuerzo deductivo, cuál podría ser nuestro posicionamiento en todo lo demás. Como suele suceder, lo más sencillo es lo más acertado. Empecemos pues, por nuestro propio nombre: Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Y en el tema que pretendo abordar: república vs monarquía.
Por coherencia
1.- La condición de ciudadanos, nos iguala a todos en cuanto a derechos y deberes. En esto no es posible admitir excepciones. En este sentido la institución monárquica supone una anomalía difícil de aceptar.
2.- Tanto UPyD como C´s proclaman su intención de aportar racionalidad y sentido común en el quehacer político. Precisamente fue una conquista de la razón, el reconocimiento universal de la dignidad intrínseca del ser humano y de la igualdad en cuanto a derechos y deberes para todos, independientemente de cuestiones de sexo, raza, creencias, y origen. Incluso en sus orígenes, C´s apostaba por “el tratamiento objetivo de los problemas como único medio de alcanzar consensos” (creo recordar). Por otra parte, no podemos obviar que, entre las tres fuentes de legitimidad de las que habla Weber (carismática, tradicional y racional-normativa) nuestra concepción del ser humano y de la política implica inclinarse por esta última, rechazando tanto la carismática (más propia de aquellos regímenes que practican el culto a la personalidad), como la tradicional (basada en supuestos derechos que hunden sus raíces en las profundidades oscuras de la historia) Pues bien, la institución monárquica se ajusta a la histórica retroalimentada por un culto a la personalidad que esconde los defectos de las personas que en cada momento encarna esa institución y exagerando, cuando no directamente inventándoles, sus virtudes.
3.- A veces se le atribuye en las monarquías parlamentarias al Jefe de Estado, rey o reina, simbolizar la continuidad del propio Estado a lo largo de la historia. Pero dado que la soberanía reside en el pueblo, es la voluntad de éste expresada democráticamente la que garantiza la pervivencia del Estado y no otra cosa.
Por estrategia
1.- Pienso yo que la apuesta nacional de C´s no puede ser una derivación secundaria de la que realmente se nos reconoce, a saber, la defensa de los derechos de los que no comulgan con el credo nacionalista en aquellas comunidades donde la presión identitaria es mayor. No podemos aparecer ante la opinión pública como españolistas en Cataluña y catalanes en el resto de España. Necesitamos una, llamémosle, bandera que nos identifique por igual en todas las partes de España, de la que se deriven distintos modos de proceder dependiendo de la realidad social en la que intervengamos. La bandera, obvio decirlo, es nuestra concepción de la ciudadanía. Que en Cataluña se expresa en la oposición contundente ante la actual situación en la que se encuentra y que supone, en definitiva, que se conculquen derechos individuales en aras de la conquista de unos supuestos derechos colectivos. Y en el conjunto de España se expresa (o se podría expresar) en la defensa de una ciudadanía participativa y en la defensa de un republicanismo moderado.
2.- Hora es ya de decirlo, pero la aventura “transversal” confunde más que otra cosa. Debemos encontrar otra idea que nos identifique, como ya dije.
Tradicionalmente, en el republicanismo español ha sido copado por opciones excesivamente radicalizadas, utópicas, poco razonables. Hay un espacio vacío que se puede reclamar a través de una apuesta por una república desde posiciones moderadas. La III República no puede ser la locura revolucionaria de la anterior. Debe integrar y hacer posible que se pueda gobernar desde cualquier posición ideológica. La II República, conviene recordarlo, dejó de ser aceptada por la izquierda catalana, que proclamó el estado catalán dentro de la república federal española, cuando en el gobierno republicano empezó a influir opciones más conservadoras, la CEDA. Esta identificación república con posturas rupturistas debe evitarse, entre otras razones porque no es razonable. La república es una forma de gobierno en la que el Jefe de Estado debe tener legitimidad democrática renovada periódicamente para ejercer sus funciones, pero no condiciona qué orientación ideológica debe tener. Por lógica, sería la de la mayoría de los españoles. Por eso deberíamos apostar, no por otra cosa. El pasado no tiene por qué condicionar el futuro, si utilizamos el sentido común para alcanzarlo.
3.- Aunque la presión popular contribuyó a que comprendiesen viejos y no tan viejos representantes del antiguo régimen franquista que debían propiciar la transición, ésta se cocinó por unas elites reducidas de uno y otro lado que buscaron instaurar unas reglas de juego que les permitieran controlar el proceso y situarse en posición de poder en la nueva situación que se avecinaba. Así, la propia monarquía fue aceptada por la oposición tradicionalmente republicana (PSOE y PCE) por dos razones, una, para facilitar la transición dejando sin argumentos a los nostálgicos del antiguo régimen ya que, en definitiva, se estaban cumpliendo las previsiones sucesorias del dictador, y dos, a cambio de instaurar un régimen que hemos convenido en llamar “partitocrático” en el cual las cúpulas de los partidos hacen y deshacen a su antojo merced a los cuantiosos recursos y resortes que el actual sistema deja en sus manos, y en el cual también entraron las organizaciones empresariales y sindicales (recordemos la financiación pública de los sindicatos que en nuestro programa pedíamos suprimir) a través de los Pactos de la Moncloa.
El error estratégico que estamos cometiendo a mi parecer es pensar que se puede superar este sistema “partitocrático” dejando al margen a la institución monárquica pues en el modelo que consagra la Constitución ambos aspectos están entrelazados.
ZP bien que lo sabe, de ahí la defensa acérrima que ha hecho de la reina ante las inauditas declaraciones de la reina; ya que teme que un debilitamiento de la Corona conllevaría poner en riesgo, no la democracia, sino esta democracia, en la que él y su partido juegan con ventaja.
4.- Si nosotros nos posicionamos en el centro izquierda, deberíamos aspirar a disputar el voto al PSOE y a UPyD. En cuanto al PSOE decir que tiene el corazón republicano pero la cartera monárquica. El corazón pertenece más a las bases y votantes acérrimos, y la cartera sólo pertenece a su clase dirigente. Un posicionamiento republicano por nuestra parte dejaría en evidencia al PSOE, en mayor o menor medida dependiendo de nuestra capacidad de que nuestro mensaje ya republicano llegara a la opinión pública, dejando al descubierto las verdaderas razones que, a pesar de su pasado republicano, le lleva a consentir a la monarquía.
5.- Creo que el apoyo que la población española otorga a la monarquía no es tan sólido como parece. Bastaría que se abriese un resquicio informativo para descubrir sus debilidades. La escasa inteligencia que ha demostrado la reina Sofía en sus declaraciones demuestra hasta qué punto son vulnerables.
6.- Último y más importante: no hay mejor estrategia que la propia coherencia. Presentar planteamientos “ciudadanos” acordes con la república, (como no podía ser de otra manera si queremos seguir llamándonos ciudadanos y no súbditos), tarde o temprano daría sus frutos. La monarquía empieza a mostrar sus debilidades y esto sólo ha hecho que empezar. En el momento que empiece a tambalearse, el PSOE se convertirá republicano de toda la vida, y por supuesto, le ayudará a caer. Mientras nosotros, ¿a cambio de qué aceptamos esta anomalía e incoherencia?
Por eso creo que conviene enarbolar, por coherencia y por estrategia, el lema de
¡CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA!
Por coherencia
1.- La condición de ciudadanos, nos iguala a todos en cuanto a derechos y deberes. En esto no es posible admitir excepciones. En este sentido la institución monárquica supone una anomalía difícil de aceptar.
2.- Tanto UPyD como C´s proclaman su intención de aportar racionalidad y sentido común en el quehacer político. Precisamente fue una conquista de la razón, el reconocimiento universal de la dignidad intrínseca del ser humano y de la igualdad en cuanto a derechos y deberes para todos, independientemente de cuestiones de sexo, raza, creencias, y origen. Incluso en sus orígenes, C´s apostaba por “el tratamiento objetivo de los problemas como único medio de alcanzar consensos” (creo recordar). Por otra parte, no podemos obviar que, entre las tres fuentes de legitimidad de las que habla Weber (carismática, tradicional y racional-normativa) nuestra concepción del ser humano y de la política implica inclinarse por esta última, rechazando tanto la carismática (más propia de aquellos regímenes que practican el culto a la personalidad), como la tradicional (basada en supuestos derechos que hunden sus raíces en las profundidades oscuras de la historia) Pues bien, la institución monárquica se ajusta a la histórica retroalimentada por un culto a la personalidad que esconde los defectos de las personas que en cada momento encarna esa institución y exagerando, cuando no directamente inventándoles, sus virtudes.
3.- A veces se le atribuye en las monarquías parlamentarias al Jefe de Estado, rey o reina, simbolizar la continuidad del propio Estado a lo largo de la historia. Pero dado que la soberanía reside en el pueblo, es la voluntad de éste expresada democráticamente la que garantiza la pervivencia del Estado y no otra cosa.
Por estrategia
1.- Pienso yo que la apuesta nacional de C´s no puede ser una derivación secundaria de la que realmente se nos reconoce, a saber, la defensa de los derechos de los que no comulgan con el credo nacionalista en aquellas comunidades donde la presión identitaria es mayor. No podemos aparecer ante la opinión pública como españolistas en Cataluña y catalanes en el resto de España. Necesitamos una, llamémosle, bandera que nos identifique por igual en todas las partes de España, de la que se deriven distintos modos de proceder dependiendo de la realidad social en la que intervengamos. La bandera, obvio decirlo, es nuestra concepción de la ciudadanía. Que en Cataluña se expresa en la oposición contundente ante la actual situación en la que se encuentra y que supone, en definitiva, que se conculquen derechos individuales en aras de la conquista de unos supuestos derechos colectivos. Y en el conjunto de España se expresa (o se podría expresar) en la defensa de una ciudadanía participativa y en la defensa de un republicanismo moderado.
2.- Hora es ya de decirlo, pero la aventura “transversal” confunde más que otra cosa. Debemos encontrar otra idea que nos identifique, como ya dije.
Tradicionalmente, en el republicanismo español ha sido copado por opciones excesivamente radicalizadas, utópicas, poco razonables. Hay un espacio vacío que se puede reclamar a través de una apuesta por una república desde posiciones moderadas. La III República no puede ser la locura revolucionaria de la anterior. Debe integrar y hacer posible que se pueda gobernar desde cualquier posición ideológica. La II República, conviene recordarlo, dejó de ser aceptada por la izquierda catalana, que proclamó el estado catalán dentro de la república federal española, cuando en el gobierno republicano empezó a influir opciones más conservadoras, la CEDA. Esta identificación república con posturas rupturistas debe evitarse, entre otras razones porque no es razonable. La república es una forma de gobierno en la que el Jefe de Estado debe tener legitimidad democrática renovada periódicamente para ejercer sus funciones, pero no condiciona qué orientación ideológica debe tener. Por lógica, sería la de la mayoría de los españoles. Por eso deberíamos apostar, no por otra cosa. El pasado no tiene por qué condicionar el futuro, si utilizamos el sentido común para alcanzarlo.
3.- Aunque la presión popular contribuyó a que comprendiesen viejos y no tan viejos representantes del antiguo régimen franquista que debían propiciar la transición, ésta se cocinó por unas elites reducidas de uno y otro lado que buscaron instaurar unas reglas de juego que les permitieran controlar el proceso y situarse en posición de poder en la nueva situación que se avecinaba. Así, la propia monarquía fue aceptada por la oposición tradicionalmente republicana (PSOE y PCE) por dos razones, una, para facilitar la transición dejando sin argumentos a los nostálgicos del antiguo régimen ya que, en definitiva, se estaban cumpliendo las previsiones sucesorias del dictador, y dos, a cambio de instaurar un régimen que hemos convenido en llamar “partitocrático” en el cual las cúpulas de los partidos hacen y deshacen a su antojo merced a los cuantiosos recursos y resortes que el actual sistema deja en sus manos, y en el cual también entraron las organizaciones empresariales y sindicales (recordemos la financiación pública de los sindicatos que en nuestro programa pedíamos suprimir) a través de los Pactos de la Moncloa.
El error estratégico que estamos cometiendo a mi parecer es pensar que se puede superar este sistema “partitocrático” dejando al margen a la institución monárquica pues en el modelo que consagra la Constitución ambos aspectos están entrelazados.
ZP bien que lo sabe, de ahí la defensa acérrima que ha hecho de la reina ante las inauditas declaraciones de la reina; ya que teme que un debilitamiento de la Corona conllevaría poner en riesgo, no la democracia, sino esta democracia, en la que él y su partido juegan con ventaja.
4.- Si nosotros nos posicionamos en el centro izquierda, deberíamos aspirar a disputar el voto al PSOE y a UPyD. En cuanto al PSOE decir que tiene el corazón republicano pero la cartera monárquica. El corazón pertenece más a las bases y votantes acérrimos, y la cartera sólo pertenece a su clase dirigente. Un posicionamiento republicano por nuestra parte dejaría en evidencia al PSOE, en mayor o menor medida dependiendo de nuestra capacidad de que nuestro mensaje ya republicano llegara a la opinión pública, dejando al descubierto las verdaderas razones que, a pesar de su pasado republicano, le lleva a consentir a la monarquía.
5.- Creo que el apoyo que la población española otorga a la monarquía no es tan sólido como parece. Bastaría que se abriese un resquicio informativo para descubrir sus debilidades. La escasa inteligencia que ha demostrado la reina Sofía en sus declaraciones demuestra hasta qué punto son vulnerables.
6.- Último y más importante: no hay mejor estrategia que la propia coherencia. Presentar planteamientos “ciudadanos” acordes con la república, (como no podía ser de otra manera si queremos seguir llamándonos ciudadanos y no súbditos), tarde o temprano daría sus frutos. La monarquía empieza a mostrar sus debilidades y esto sólo ha hecho que empezar. En el momento que empiece a tambalearse, el PSOE se convertirá republicano de toda la vida, y por supuesto, le ayudará a caer. Mientras nosotros, ¿a cambio de qué aceptamos esta anomalía e incoherencia?
Por eso creo que conviene enarbolar, por coherencia y por estrategia, el lema de
¡CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA!
jueves, 6 de noviembre de 2008
LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA
Está claro que un exceso de luz la institución monárquica no lo soporta muy bien que digamos. Está sostenida por un grupo de políticos ventajistas en la medida que la protegen manteniendo un cerco de opacidad alrededor de la familia real y aledaños. Basta que este muro se resquebraje mínimamente para que la institución muestre sus debilidades. Parece, además, que es consustancial a ella cierto culto a la personalidad hacia las personas que la representan. Curiosamente, todas las explicaciones sobre cómo han llegado a los españolitos las opiniones reaccionarias de la reina, cargan las tintas no sobre ella, sino sobre aquéllos que no lo han impedido lo suficiente; desde el secretario hasta la propia periodista, Pilar Urbano. En un sistema democrático, en el que el derecho a recibir la ciudadanía una información veraz está fuera de toda duda, tanto empalago alrededor de la familia real resulta sospechoso. Sorprende cómo periodistas que arman sus argumentos de forma consistente cuando tratan otros temas, llenan sus columnas de vaguedades, perogrulladas y trivialidades vacías de contenido, como si les temblaran el pulso, al tratar temas monárquicos. La más recurrente es la “humanidad y sencillez” de nuestros monarcas; es de agradecer que nos aclaren que selenitas no son; pero el problema no está en esa su evidente condición humana, sino en los privilegios que ostentan desde la cuna a pesar de haber sido paridos por el mismo sitio. Cuando meten la pata hasta el corvejón (¿por qué no te callas?), nos hablan elogiosamente de su espontaneidad; pero mucho me temo que esa misma espontaneidad no se nos permitiría al resto de los mortales, ni sería tan aplaudida. Es razón suficiente para desear que llegue la III república, si así nos evitamos que cada cierto tiempo nos inunden los periodistas de la Corte con tanta chorrada. Nuestras neuronas lo agradecerían.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Publicado en "El Heraldo de Soria"
6-11-2008
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Publicado en "El Heraldo de Soria"
6-11-2008
miércoles, 29 de octubre de 2008
COMUNICADO COMARCA DE PINARES
En su reunión celebrada en Salduero (Soria) el día 25 de octubre, representantes del partido de las provincias de Burgos, Soria y Logroño analizaron la situación de la comarca de pinares adoptando las siguientes decisiones que mediante el presente comunicado hacen públicas:
1.- Reclamar para los vecinos y vecinas de los pueblos de la comarca de pinares el derecho a ser recompensados por el uso responsable que tradicionalmente se ha hecho del entorno natural. Los efectos positivos ambientales que el pinar produce, sólo hay que debérselos a los propios pinariegos y pinariegas, por lo que C´s considera que el reconocimiento tradicional del derecho a los aprovechamientos forestales (la suerte de pinos) no es suficiente. La conservación del pinar se ha hecho a costa de la pérdida del valor real de dicha suerte de pinos, por lo que los poderes públicos en representación de la sociedad en su conjunto y que tienen competencias al respecto, deben arbitrar medidas que corrija esta situación.
2.- Denunciar la situación de permanente desencuentro entre los dos grandes partidos en esta comarca, que con excesiva frecuencia anteponen sus intereses partidistas a los propios de la ciudadanía en las distintas instituciones en las que forman parte (autonómicas, provinciales y locales).
3.- Manifestar la intención de C´s de abordar globalmente la problemática que aqueja a esta comarca, considerando que a similar situación debe corresponder similares medidas que intenten corregirla, independientemente de la unidad administrativa provincial a la que pertenezca, por lo que propone crear desde los ayuntamientos pinariegos, foros de discusión que aborde la problemática específica de la comarca de pinares.
Ciudadanos-partido de la ciudadanía
609573577
1.- Reclamar para los vecinos y vecinas de los pueblos de la comarca de pinares el derecho a ser recompensados por el uso responsable que tradicionalmente se ha hecho del entorno natural. Los efectos positivos ambientales que el pinar produce, sólo hay que debérselos a los propios pinariegos y pinariegas, por lo que C´s considera que el reconocimiento tradicional del derecho a los aprovechamientos forestales (la suerte de pinos) no es suficiente. La conservación del pinar se ha hecho a costa de la pérdida del valor real de dicha suerte de pinos, por lo que los poderes públicos en representación de la sociedad en su conjunto y que tienen competencias al respecto, deben arbitrar medidas que corrija esta situación.
2.- Denunciar la situación de permanente desencuentro entre los dos grandes partidos en esta comarca, que con excesiva frecuencia anteponen sus intereses partidistas a los propios de la ciudadanía en las distintas instituciones en las que forman parte (autonómicas, provinciales y locales).
3.- Manifestar la intención de C´s de abordar globalmente la problemática que aqueja a esta comarca, considerando que a similar situación debe corresponder similares medidas que intenten corregirla, independientemente de la unidad administrativa provincial a la que pertenezca, por lo que propone crear desde los ayuntamientos pinariegos, foros de discusión que aborde la problemática específica de la comarca de pinares.
Ciudadanos-partido de la ciudadanía
609573577
viernes, 24 de octubre de 2008
La justicia se moviliza
Me sorprende la escasa (o nula) incidencia que está teniendo en el partido un acontecimiento de tanta trascendencia como una movización general de los jueces españoles, coincidente con la huelga de secretarios judiciales.
Si se me permite, como conocedor que soy del tema, voy a exponer "brevemente", casi desde dentro, cuál es la situación de la justicia española y el porqué de estas movilizaciones.
Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.
Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.
Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.
A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.
Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.
Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.
Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.
Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.
Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.
Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.
¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.
Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:
- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.
- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:
- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).
- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado.
El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.
Si se me permite, como conocedor que soy del tema, voy a exponer "brevemente", casi desde dentro, cuál es la situación de la justicia española y el porqué de estas movilizaciones.
Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.
Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.
Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.
A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.
Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.
Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.
Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.
Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.
Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.
Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.
¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.
Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:
- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.
- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:
- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).
- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado.
El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.
miércoles, 22 de octubre de 2008
Rosa Díez y el aborto libre
En unas recientes declaraciones en una emisora de radio, Rosa Díez se ha manifestado a favor del aborto libre. Nada que objetar a que exponga su postura. El problema se plantea dentro de su propio partido. Ciertos sectores “liberales” han manifestado su rechazo a que Rosa Díez, aun considerándola como su principal y único activo, determine la postura del partido ella sola o en compañía de Martínez Gorriarán en un asunto para ellos tan sensible. Sin ir más lejos, en el primer acto casi oficial de ese partido en nuestra provincia en la Cuadra Antares, el que era a la sazón coordinador en Castilla y León, Rodolfo Angelina, con voz trémula y emocionada lanzó a los que allí estábamos reunidos una arenga contra el aborto, al que calificó repetidamente de asesinato. Tampoco veo yo a Álvaro de Marichalar defendiendo el derecho de la mujer a abortar libremente. Sectores liberales de ese partido se quejan de la falta de democracia interna en el funcionamiento del partido. La tan cacareada “transversalidad”, se ha convertido en una burda argucia para pescar votos aquí y allá, sin comprometerse ni con los de aquí ni con los de allá. Lo que en boca de Savater parecía que era un intento honesto por aportar ciertas dosis de racionalidad al debate político sin que hubiera que oponerse a tal o cual medida por la procedencia ideológica de la misma, en manos de una política pragmática y bregada en mil batallas como Rosa Díez es una coartada perfecta para hacer de su capa un sayo, pues en el propio concepto de transversalidad no está contenido principio alguno del cual se pueda derivar todo lo demás y al que Rosa tenga que ajustarse. En la literatura política se ha acuñado un término para referirse a tales partidos políticos, los “atrapalotodo” que se caracterizan porque están gestionados por un grupo reducido de personas que se mueven por la necesidad de mantenerse en la pomada, para lo cual se otorgan un amplio margen de maniobra al margen de sus afiliados para moverse en la dirección que marca la opinión pública, que es en definitiva lo que les va a otorgar los votos y, en definitiva, poder. Como gráficamente dijo Alfonso Guerra, mejor un minuto en los medios de comunicación, TV y radio, que contar con una militancia numerosa a la que rendir cuentas. En un mundo en el que nada existe si no aparece en los medios, los afiliados de base son fácilmente intercambiables unos por otros. Importa el número, más que el compromiso moral que obliga a los dirigentes a responder a la confianza que en ellos han depositado personas con ilusión y a veces con bastante sacrificio personal.
No sé hasta que punto la estrategia seguida tanto por el PP, como por el PSOE de no mencionar al partido de Rosa Díez, es acertada; lo habrán meditado y ellos sabrán lo que hacen; pero los que seguimos mínimamente el devenir de este nuevo partido, se nos hace muy cuesta arriba pensar que pudiera mantenerse tal cual si la opinión pública se centrase en su funcionamiento interno. En un repaso somero de los avatares durante este primer año, según datos recogidos de sectores críticos del propio partido (página web “libertad ciudadanos”) el resultado es demoledor: dimisión de los coordinadores y/o portavoces de UPyD de Aragón, Galicia (ya van dos), Castilla-La Mancha, Andalucía, Sevilla, Cataluña; acusaciones de falta de democracia interna, acusaciones de mobbing y expedientes de expulsión de afiliados especialmente críticos con la gestión de Gorriarán, dimisión de un miembro de la Comisión de Garantías puesto a dedo por Gorriarán, dimisión de los organizadores del comité electoral de Salamanca, acusaciones de que los miembros del consejo político (máximo órgano entre congresos) no se pueden comunicar entre ellos y que Gorriarán intenta cambiar su composición a su antojo,...Pero a la opinión pública sólo le llega las vibrantes intervenciones de Rosa Díez en el Parlamento demandando, entre otras cosas, lo que niega o se dificulta en el seno de su propio partido: libertad de opinión y medios para ejercerla con ciertas garantías. Y el congreso constituyente del propio partido sin celebrarse, situación más anómala es difícil de imaginar. Mucho me temo que la regeneración democrática que prometían de ellos no vendrá, más parece que sólo fue un eslogan insincero para pescar votos de descontentos de uno y otro lado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
En unas recientes declaraciones en una emisora de radio, Rosa Díez se ha manifestado a favor del aborto libre. Nada que objetar a que exponga su postura. El problema se plantea dentro de su propio partido. Ciertos sectores “liberales” han manifestado su rechazo a que Rosa Díez, aun considerándola como su principal y único activo, determine la postura del partido ella sola o en compañía de Martínez Gorriarán en un asunto para ellos tan sensible. Sin ir más lejos, en el primer acto casi oficial de ese partido en nuestra provincia en la Cuadra Antares, el que era a la sazón coordinador en Castilla y León, Rodolfo Angelina, con voz trémula y emocionada lanzó a los que allí estábamos reunidos una arenga contra el aborto, al que calificó repetidamente de asesinato. Tampoco veo yo a Álvaro de Marichalar defendiendo el derecho de la mujer a abortar libremente. Sectores liberales de ese partido se quejan de la falta de democracia interna en el funcionamiento del partido. La tan cacareada “transversalidad”, se ha convertido en una burda argucia para pescar votos aquí y allá, sin comprometerse ni con los de aquí ni con los de allá. Lo que en boca de Savater parecía que era un intento honesto por aportar ciertas dosis de racionalidad al debate político sin que hubiera que oponerse a tal o cual medida por la procedencia ideológica de la misma, en manos de una política pragmática y bregada en mil batallas como Rosa Díez es una coartada perfecta para hacer de su capa un sayo, pues en el propio concepto de transversalidad no está contenido principio alguno del cual se pueda derivar todo lo demás y al que Rosa tenga que ajustarse. En la literatura política se ha acuñado un término para referirse a tales partidos políticos, los “atrapalotodo” que se caracterizan porque están gestionados por un grupo reducido de personas que se mueven por la necesidad de mantenerse en la pomada, para lo cual se otorgan un amplio margen de maniobra al margen de sus afiliados para moverse en la dirección que marca la opinión pública, que es en definitiva lo que les va a otorgar los votos y, en definitiva, poder. Como gráficamente dijo Alfonso Guerra, mejor un minuto en los medios de comunicación, TV y radio, que contar con una militancia numerosa a la que rendir cuentas. En un mundo en el que nada existe si no aparece en los medios, los afiliados de base son fácilmente intercambiables unos por otros. Importa el número, más que el compromiso moral que obliga a los dirigentes a responder a la confianza que en ellos han depositado personas con ilusión y a veces con bastante sacrificio personal.
No sé hasta que punto la estrategia seguida tanto por el PP, como por el PSOE de no mencionar al partido de Rosa Díez, es acertada; lo habrán meditado y ellos sabrán lo que hacen; pero los que seguimos mínimamente el devenir de este nuevo partido, se nos hace muy cuesta arriba pensar que pudiera mantenerse tal cual si la opinión pública se centrase en su funcionamiento interno. En un repaso somero de los avatares durante este primer año, según datos recogidos de sectores críticos del propio partido (página web “libertad ciudadanos”) el resultado es demoledor: dimisión de los coordinadores y/o portavoces de UPyD de Aragón, Galicia (ya van dos), Castilla-La Mancha, Andalucía, Sevilla, Cataluña; acusaciones de falta de democracia interna, acusaciones de mobbing y expedientes de expulsión de afiliados especialmente críticos con la gestión de Gorriarán, dimisión de un miembro de la Comisión de Garantías puesto a dedo por Gorriarán, dimisión de los organizadores del comité electoral de Salamanca, acusaciones de que los miembros del consejo político (máximo órgano entre congresos) no se pueden comunicar entre ellos y que Gorriarán intenta cambiar su composición a su antojo,...Pero a la opinión pública sólo le llega las vibrantes intervenciones de Rosa Díez en el Parlamento demandando, entre otras cosas, lo que niega o se dificulta en el seno de su propio partido: libertad de opinión y medios para ejercerla con ciertas garantías. Y el congreso constituyente del propio partido sin celebrarse, situación más anómala es difícil de imaginar. Mucho me temo que la regeneración democrática que prometían de ellos no vendrá, más parece que sólo fue un eslogan insincero para pescar votos de descontentos de uno y otro lado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
viernes, 17 de octubre de 2008
La alternativa
¿Y qué me dicen de "la alternativa"? En estas páginas se ha producido cierto cruce agrio de opiniones a cuenta de la Educación para la Ciudadanía; pero "la alternativa" también tiene su "aquél".
Les cuento: en los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos, cuando nos referimos a "la alternativa" hacemos alusión a las "otras" actividades que realizan los alumnos que no reciben educación religiosa (católica, por supuesto) Durante las horas de "alternativa", el profesor no puede adelantar en el currículo, so pretexto de no perjudicar a los que han optado por recibir formación religiosa. "La alternativa", a diferencia de la Educación para la Ciudadanía, no tiene contenidos propios, específicos; son "otras" actividades. ¿Qué actividades? Créanme si les digo que en el centro educativo en el que estoy prestando mis servicios en Madrid, ante la pregunta de un padre de "alternativa" no hubo manera de darle una respuesta mínimamente coherente a esa pregunta. Pues si no se puede adelantar en el currículo, el cual abarca todos los aspectos del desarrollo en la personalidad del niño, sobre todo en Infantil, mi especialidad, no sé qué otra cosa se puede hacer. En el fondo, se "aparca" a los niños de "alternativa" en el centro para que, mientras a sus compañeros, se les adoctrine en un credo religioso. Evidentemente, los funcionarios profesionales de la educación no estamos en nuestros centros de trabajo para boicotear las leyes, sino para cumplirlas, por mucho que estén pergeñadas con los pies, como es el caso. Tanto insistió el padre demandando algo mínimamente coherente (estaba en su derecho, por otra parte) que el director de mi centro, en un arranque de sinceridad, reconoció sin más que los niños de "alternativa" tenían que estar en el centro porque era horario escolar, pero que no había nada específico que ofrecerles.
Concluyendo, con fondos públicos, pagando al profesorado de religión y utilizando las instalaciones del Estado, no sólo se adoctrina a nuestros alumnos en una religión que por muy mayoritaria que sea un Estado mínimamente serio no tiene por qué sufragarla, ni colaborar en su difusión; sino que además obliga a aquellos alumnos de padres agnósticos o de otras religiones minoritarias, a perder el tiempo, so pretexto de que los católicos no se queden rezagados en su proceso educativo. Esta situación es a todas luces, inaceptable.
¿No es un argumento en contra de la Educación para la Ciudadanía que el Estado no puede adoctrinar en una determinada ideología? ¿Qué hace entonces, colaborando con la difusión de un credo religioso? ¿Dónde está el portavoz de "la episcopal" renunciando a tal privilegio? ¿Dónde están los liberales conversos de última hora denunciando tal situación? Quizá, como algunos sospechamos, el problema no es si el Estado adoctrina o deja de adoctrinar, sino quién lo hace aprovechándose de los recursos de ese Estado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
Les cuento: en los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos, cuando nos referimos a "la alternativa" hacemos alusión a las "otras" actividades que realizan los alumnos que no reciben educación religiosa (católica, por supuesto) Durante las horas de "alternativa", el profesor no puede adelantar en el currículo, so pretexto de no perjudicar a los que han optado por recibir formación religiosa. "La alternativa", a diferencia de la Educación para la Ciudadanía, no tiene contenidos propios, específicos; son "otras" actividades. ¿Qué actividades? Créanme si les digo que en el centro educativo en el que estoy prestando mis servicios en Madrid, ante la pregunta de un padre de "alternativa" no hubo manera de darle una respuesta mínimamente coherente a esa pregunta. Pues si no se puede adelantar en el currículo, el cual abarca todos los aspectos del desarrollo en la personalidad del niño, sobre todo en Infantil, mi especialidad, no sé qué otra cosa se puede hacer. En el fondo, se "aparca" a los niños de "alternativa" en el centro para que, mientras a sus compañeros, se les adoctrine en un credo religioso. Evidentemente, los funcionarios profesionales de la educación no estamos en nuestros centros de trabajo para boicotear las leyes, sino para cumplirlas, por mucho que estén pergeñadas con los pies, como es el caso. Tanto insistió el padre demandando algo mínimamente coherente (estaba en su derecho, por otra parte) que el director de mi centro, en un arranque de sinceridad, reconoció sin más que los niños de "alternativa" tenían que estar en el centro porque era horario escolar, pero que no había nada específico que ofrecerles.
Concluyendo, con fondos públicos, pagando al profesorado de religión y utilizando las instalaciones del Estado, no sólo se adoctrina a nuestros alumnos en una religión que por muy mayoritaria que sea un Estado mínimamente serio no tiene por qué sufragarla, ni colaborar en su difusión; sino que además obliga a aquellos alumnos de padres agnósticos o de otras religiones minoritarias, a perder el tiempo, so pretexto de que los católicos no se queden rezagados en su proceso educativo. Esta situación es a todas luces, inaceptable.
¿No es un argumento en contra de la Educación para la Ciudadanía que el Estado no puede adoctrinar en una determinada ideología? ¿Qué hace entonces, colaborando con la difusión de un credo religioso? ¿Dónde está el portavoz de "la episcopal" renunciando a tal privilegio? ¿Dónde están los liberales conversos de última hora denunciando tal situación? Quizá, como algunos sospechamos, el problema no es si el Estado adoctrina o deja de adoctrinar, sino quién lo hace aprovechándose de los recursos de ese Estado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
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