El acto de Libertas-Ciudadanos, en la prensa

La prensa se ha hecho eco de la presentación que, de la mano de Miguel Durán, se hizo de la coalición Libertas-Ciudadanos de España en el hotel Alfonso VIII de Soria el martes 26 de mayo.

C's organizó con éxito el Debate Ciudadano sobre el Polígono de Gesturcal

La Agrupación de Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía ha organizado con una gran asistencia de público y participación este miércoles 20 de mayo en el Colegio de Arquitectos el primer Debate Ciudadano bajo el título de “Patrimonio y desarrollo económico: El Polígono Industrial Soria II y Numancia”.

C's organizó Debate Ciudadano sobre el Polígono de Gesturcal con gran asistencia de público y participación

Se abre con este encuentro un ciclo de ponencias de especialistas en distintos sectores que Ciudadanos impulsa para generar un debate público en torno a los temas que más preocupan a la gente, tanto de carácter local como general: las infraestructuras en nuestra provincia, el estado de la justicia en nuestro país, la crisis económica, los distintos modelos energéticos, etc. Se pretende que a través del contraste de ideas y argumentos de los expertos en cada una de estas materias los sorianos seamos capaces de reflexionar y valorar con mejor criterio los distintos problemas que afectan a nuestra sociedad y cómo avanzar en su resolución.

Este miércoles el debate se ha centrado en torno a la polémica suscitada por la implantación del nuevo Polígono Industrial Soria II promovido por la Junta de Castilla y león a través de GESTURCAL y su relación con el patrimonio cultural y paisajístico de Soria y, en especial, con el yacimiento arqueológico de Numancia. En esta primera mesa redonda moderada por Jesús de Lózar, candidato a las elecciones europeas en la coalición Libertas-Ciudadanos de España, han intervenido Alfredo Jimeno, director del Plan Director del Yacimiento Arqueológico de Numancia; Carlos González, portavoz de la organización ecologista ASDEN, y Julio Santamaría, Presidente-Delegado de Soria del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y Concejal de Urbanismo y Promoción Económica de la anterior corporación municipal.

Está previsto celebrar el segundo Debate Ciudadano durante el próximo mes de junio sobre la actual situación de la justicia en España.

Presentación de la coalición en Soria

Con la presencia de todos los medios de información locales, el martes 26 de mayo se celebró una rueda de prensa en el hotel Alfonso VIII de Soria en que el cabeza de lista por Libertas-Ciudadanos de España, Miguel Durán, presentó la coalición y respondió a las preguntas formuladas por los medios y por el público asistente. A continuación, acompañado del número 2 y primer candidato de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, José Manuel Villegas, del secretario de la Federación Norte, Pablo Yáñez, y de responsables de la agrupación local de Ciudadanos, entre ellos el organizador del acto, Jesús de Lózar, acudieron a la Concatedral a visitar la última y definitiva edición de Las Edades del Hombre. El candidato de Libertas-Ciudadanos de España hizo gala de una extraordinaria sensibilidad al ser capaz de disfrutar de la exposición pese a su total ceguera, y se llevó una grata impresión de Soria. Su periplo en la campaña electoral continúa ahora por otras localidades españolas.

Reunión de la ATP en Burgos

El 18 de abril de 2009 se ha reunido la Agrupación Territorial de Pamplona en Burgos, con la presencia extraordinaria del Coordinador de la Federación Norte, Pablo Yáñez, quien ha acudido para exponer a los afiliados de esta Agrupación los pormenores de la coalición electoral Libertas-Ciudadanos de España para las elecciones europeas del próximo 7 de junio. Yáñez conoce de primera mano los detalles de la operación, al haber participado activamente en ella.
El ambiente de la reunión fue distendido, aun cuando los asistentes expresaron sus puntos de vista, a veces discrepantes, dentro de un clima de respeto.
La ATP agradece a Pablo Yáñez su presencia en Burgos y el esfuerzo realizado para hacernos llegar su valiosa información.

Las Edades del Hombre en Soria

Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía manifiesta que la próxima celebración de las Edades del Hombre en nuestra ciudad constituye una magnífica ocasión para dar a conocer y promocionar nuestros recursos, mejorando nuestra imagen ante el exterior e invirtiendo lo necesario para que la ciudad esté bonita, limpia y agradable.

Para ello es necesario que el conjunto de las Administraciones y de las entidades implicadas se pongan de acuerdo y trabajen todos al unísono, hombro con hombro, y que los ciudadanos colaboremos y nos impliquemos en esta tarea común, contribuyendo a la limpieza y ornato de nuestras calles, mejorando las fachadas del casco, ofreciéndonos como voluntarios a las autoridades, siendo amables con nuestros visitantes.

La responsabilidad de la ciudadanía, junto con la diligencia y el buen gobierno de la Administración, son las piezas necesarias e imprescindibles para construir la ciudad entre todos y hacer bien las cosas.

Jesús de Lózar

ERROR

No disfruto criticando a un grupo de concejales que, en muchos casos robando tiempo a sus propias ocupaciones, se dedican con la mejor voluntad del mundo a facilitar la vida a sus convecinos. Los que se dedican a la política de los pequeños municipios sin que les mueva ningún interés merecen mi respeto y admiración. Pero resulta que algunas decisiones son difíciles de entender. Es el caso de la decisión de Aytº de Covaleda de no renovar el contrato con la JCyL para la gestión del Raso de la Nava en los términos en los que se estaba planteando. En mi modesta opinión es un error incomprensible. Dicha decisión ha supuesto que se esfumara una inversión en el pueblo de 6 millones de euros. ¡Cuatro veces el presupuesto previsto para este año! Dado que la JCyL no renuncia a prestar el servicio que daba en el Raso de la Nava, esa cantidad o similar está a punto de aterrizar en otro pueblo gobernado por una corporación municipal más sensata que, supongo, sin dar crédito a su buena suerte, la recibirán con los brazos abiertos. La razón aducida para no firmar un acuerdo tan ventajoso para el pueblo, no es aceptable. Nada más y nada menos se pretendía desde el Aytº de Covaleda que la JCyL se comprometiera a contravenir la normativa para que la piscina futura pudiera ser compartida por los vecinos del pueblo y los usuarios del campamento juvenil. Y ahora nos quedamos sin esos seis millones y seguimos sin piscina. Mira que bien. El gobierno anunciando a bombo y platillo los fondos que van a dar a los Ayuntamientos para paliar los efectos de la crisis y el Aytº de mi pueblo, con una actitud inaudita de soberbia, desprecia esos seis millones de euros que tenía prácticamente en la mano. ¡Es para no creérselo!
La prudencia y la sabiduría popular aconsejarían hacer caso al refrán de “más vale pájaro en mano, que ciento volando”. Mucho más en este caso, pues bien hermoso era el pájaro: ¡seis millones de euros! Pero además en un momento de crisis económica, la inversión y gestión pública es una garantía mucho más sólida que la iniciativa privada. Descartada definitivamente la opción de la JCyL, el Aytº pretende ofrecerla a la iniciativa privada en una situación de debilidad dada la situación económica actual y como último recurso. Ojalá el pueblo de Covaleda, en su conjunto, no unos pocos, salga beneficiado. Yo sería el primero en celebrarlo. Pero independientemente de cómo acabe el asunto, seguirán quedando aspectos poco claros sobre cómo se ha gestionado y que el alcalde, cómo último responsable, quizá debería aclarar. En primer lugar ¿hasta qué punto se tenía conciencia que se estaba planteando una exigencia que, en ningún caso, la JCyL podía cumplir ya que supondría comprometerse públicamente a contravenir la normativa referente al uso de las piscinas? ¿Hubo en algún momento verdadera intención por parte del alcalde de llegar a un acuerdo o antes de iniciar la negociación ya se había tomado la decisión de no renovar el contrato y sólo se buscó proponer algo que no pudiera ser aceptado para justificarla sin tener que dar otras explicaciones? ¿Dispone el Aytº de algún tipo de información que le permita pensar que la iniciativa privada puede hacerse cargo de las instalaciones de forma más ventajosa para el pueblo? Si es así, ¿desde cuando, cómo ha llegado al Aytº y si es compartida por todos los miembros de la corporación? ¿Es posible, incluso, que la irresponsabilidad del equipo de gobierno socialista llegue hasta tal extremo que se hayan dejado escapar esos seis millones sin saber si son posibles otras alternativas? Demasiadas preguntas, pero todas necesarias, a mi entender, para intentar comprender una decisión que parece incomprensible. Lo cierto y verdad es que la gestión socialista de Covaleda en estos últimos años se está caracterizando por oponerse sistemáticamente a cualquier planteamiento de la administración autonómica, a pesar de que tal postura está siendo perjudicial para los intereses del pueblo y, en el caso del fallido referéndum, se rozase el ridículo. ¿Hasta cuándo? Tanto si la piedra da al cántaro, como el cántaro a la piedra, mal para el cántaro. Esto hay que tenerlo claro, y saber quién es el cántaro, que a estas alturas, parece mentira, algunos todavía no se han enterado.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B

LA LEY DE MONTES A DEBATE

Las posturas de los representantes de los dos grandes partidos en nuestra comarca respecto a la ley de Montes que prepara la JCyL a nadie debería sorprender. Cada uno arrima el ascua a su sardina. El PP pretende acaparar todo el poder de decisión respecto a los montes a través de la JCyL que gobierna. Y el PSOE reclama que se mantenga parte de ese poder de decisión en los ayuntamientos, ya que algunos de estos ayuntamientos pinariegos los gobiernan ellos. Así de sencillo. Pensemos por un instante que los papepeles se invirtieran y veríamos como los que defienden ahora la autogestión municipal de los montes sellarían sus labios frente a la JCyL, ya que de sus jefes de partido depende su futuro. Les conviene, por tanto, no ponerles en apuros. Y los populares pondrían el grito en el cielo reclamando esto, aquéllo y lo de más allá. Todo demasiado previsible. La credibilidad de nuestros políticos se asemejan a la del pastorcillo mentiroso del cuento. Este juego en nuestra democracia, se ha repetido demasiadas veces. Ya lo pueden revestir como quieran.
Algunas voces reclaman, con la mejor intención, no hay por qué dudarlo, que la comarca de Pinares se pronuncie al respecto con una sola voz, al margen de posturas partidistas. Vana pretensión es esa a mi entender. El cauce de participación ciudadana en política son, principalmente, los partidos. Así es y así debe seguir siendo. Distinto es que los partidos que actualmente manejan el cotarro estén más preocupados en conservar sus posiciones de poder, que en solucionar los verdaderos problemas de la gente abriendo a la participación ciudadana sus anquilisadas estructuras internas. Sólo una ciudadanía activa. con la suficiente capacidad organizativa para presentar candidaturas en todos los municipios pinariegos en las próximas elecciones municipales, les harían caer en la cuenta, tanto a los populares como a los socialistas, que no todo el monte es orégano. Poner más pescado en el mercado electoral, y si no nos gusta el que se está vendiendo, montar nuestro propio puesto. Sólo así conseguiríamos que pensaran más en el ciudadano pinariego y no tanto en sus jefes de partido, por la cuenta que les trae.
Pero los únicos que podemos hacer valer nuestros votos somos nosotros, nadie más. Los ciudadanos "de a pie" debemos dejar de ser consumidores pasivos de las propuestas que pergeñan otros y proponernos aportar nosotros mismos las nuestras. y este debate de la Ley de Montes, es un buen momento para tener nuestra propaia voz.

Javier Romero Pascual
(Publicado en "LA VOZ DE PINARES" 29 de noviembre de 2008)

POSTURAS ESCÉPTICAS

Ante las posturas escépticas de algunos (José Luis Bravo) sobre poner “precio al oxígeno” me gustaría responder que exigir “que se compense de alguna manera a los municipios o propietarios forestales” por los efectos positivos que el pinar provoca debe tomarse como un derecho con todas las de la ley y no una petición hecha a tontas y a locas, como sugiere la expresión “por pedir que no quede”. Cuántos derechos que hoy se toman como evidentes por sí mismos, hubo un tiempo en que fueron considerados como utopías irrealizables y sólo la lucha incansable contra viento y marea de cuatro personas convencidas de sus ideas, vencieron a la inercia de la historia. Es por eso que no deberíamos amilanarnos si es improbable o no, que se haga efectivo tal derecho a corto plazo; sino que deberíamos emplearnos a fondo para construir nuestros argumentos de forma sólida en torno a él. Lo sorprendente del tema es que, implícitamente, ya está reconocido. Efectivamente, la consideración de que los propietarios de cualquier bien se convierten en acreedores de aquellos que se benefician de alguna manera de ese bien, es un principio sólidamente establecido en nuestra sociedad. Nadie cuestiona, por ejemplo, los derechos de autor. Ni tampoco que la conservación del pinar tal cual tiene efectos positivos para la sociedad en su conjunto. Convendría, tan sólo, proponer un sistema a través del cual se pudiera hacer efectivo, tal como lo hace, por ejemplo, la S.G.A.E. en la defensa de los derechos de sus asociados; en lugar de debatir si es de recibo o no demandarlos. Así pues, establecidas tales premisas, conviene tomar cabal conciencia a lo que nos enfrentamos. Obvio decirlo, “nadie da nada por lo que siempre ha considerado gratuito”; pero añado, mucho más si el que lo da sigue sin exigir nada a cambio. ¿Estamos dispuestos a prolongar tal situación? La exigencia de un derecho no reconocido aún legalmente y que tiene traducción económica, hay que conquistarlo en el ámbito del enfrentamiento político entre aquéllos que quieren modificar la situación de partida y los que quieren mantener todo tal como está. Paradójico sería que los vecinos de la zona de Pinares legitimaran con sus votos aquellas opciones políticas que nos niegan ese derecho.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
(PUBLICADO EN "EL HERALDO DE SORIA" 21-11-2008)

LA MONARQUÍA A DEBATE

Sigue la polémica sobre libro de Pilar Urbano. Leo algunas opiniones en defensa del derecho de la reina a expresarse libremente que, al parecer, algunos le niegan, ¡pobre! Creo que esa no es la cuestión. Nada impediría a la reina que fundase un partido con las ideas que tiene, o que pidiera su ingreso en algún partido extraparlamentario o en el propio PP, (reforzando así a su sector más reaccionario), que renunciase a sus privilegios y que defendiera sus ideas como toda hija de vecina. Si tan preocupada está y tan convencida de sus planteamientos que siga el ejemplo de Simeón II de Bulgaria, que concurra a las elecciones y que las gane. Que no se preocupe, que nadie le va a cuestionar su derecho a expresarse libremente.
El problema está, a mi parecer, que no ocupa el puesto institucional que ostenta gracias a sus ideas, que su legitimidad no se renueva democráticamente de forma periódica, única forma a mi parecer que la legitimidad de ejercicio de la que nos habla el profesor en su artículo “La indiscreción Real” pueda ser aceptada. Por eso es incompatible su condición de reina con posicionarse públicamente a favor de un sector de la población en temas controvertidos. El que sea la parte más reaccionaria y alejada del sentir mayoritario de la sociedad del siglo XXI, a nadie nos debería sorprender. Esos sectores han acogido esas declaraciones como una tabla de salvación a la que subirse y procurar así que sus ideas tengan el eco que por sí mismas hace tiempo que han dejado de tener.
La institución monárquica es anacrónica, y que sólo con altas dosis de hipocresía y de autoengaño se mantiene. En ella se plantea en el momento actual la colisión de varios derechos difíciles de compaginar. Por una parte está el aludido derecho de los miembros de la familia real a expresar libremente sus opiniones; ese no corre peligro, hay mucho súbdito por ahí suelto. Por otro está el derecho que tenemos los ciudadanos de que sólo mediante consentimiento democrático nos puedan representar y si este consentimiento no se consigue para defender los propios planteamientos del consentido, éste se debe comportar más como muñeco de cartón piedra que como persona normal, con sus ideas y modo de entender la vida, pues no sería de recibo que aprovechase su situación para otro fin que no sea el que se le ha encomendado. Y por último, y no menos importante, está el derecho del ciudadano a recibir una información veraz sobre los asuntos de su interés, y dentro de los cuales está, claro que sí, conocer qué clase de personas nos representan. En este sentido nos debe mover a la reflexión y preocupación que se carguen las tintas sobre los que no han impedido que el verdadero rostro de Sofía, reina de la España del siglo XXI con ideas del XIX, llegue a los españoles.
Es previsible que el muro en torno a la familia real se refuerce y se promueva a no tardar una campaña que recomponga la imagen de la reina Sofía, alimentando el culto a la personalidad de la familia real. La imagen que nos van a permitir ver de la familia real, de real, va a tener poco, pura engañifa. Pero siempre habrá alguien, con mirada clara que nos descubra que debajo del oropel y la lisonja, el rey está desnudo como en el cuento. Ninguna cualidad les viste que justifique tanto privilegio y deferencia.

Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B
(Publicado en "El Heraldo de Soria" 18-11-2008

REPUBLICANOS, POR COHERENCIA Y POR ESTRATEGIA

Estimados compañeros, en la reunión celebrada en Salduero (Soria) quedó de manifiesto que la indefinición en la que nos movemos nos impide estar presentes en algunos debates de rabiosa actualidad. Urge, por tanto, hacer un esfuerzo, primero, de introspección para descubrir qué es lo que nos une, y en segundo lugar, una vez hecho evidente esos principios que todos compartimos, a partir de ellos, derivar en un esfuerzo deductivo, cuál podría ser nuestro posicionamiento en todo lo demás. Como suele suceder, lo más sencillo es lo más acertado. Empecemos pues, por nuestro propio nombre: Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Y en el tema que pretendo abordar: república vs monarquía.
Por coherencia
1.- La condición de ciudadanos, nos iguala a todos en cuanto a derechos y deberes. En esto no es posible admitir excepciones. En este sentido la institución monárquica supone una anomalía difícil de aceptar.
2.- Tanto UPyD como C´s proclaman su intención de aportar racionalidad y sentido común en el quehacer político. Precisamente fue una conquista de la razón, el reconocimiento universal de la dignidad intrínseca del ser humano y de la igualdad en cuanto a derechos y deberes para todos, independientemente de cuestiones de sexo, raza, creencias, y origen. Incluso en sus orígenes, C´s apostaba por “el tratamiento objetivo de los problemas como único medio de alcanzar consensos” (creo recordar). Por otra parte, no podemos obviar que, entre las tres fuentes de legitimidad de las que habla Weber (carismática, tradicional y racional-normativa) nuestra concepción del ser humano y de la política implica inclinarse por esta última, rechazando tanto la carismática (más propia de aquellos regímenes que practican el culto a la personalidad), como la tradicional (basada en supuestos derechos que hunden sus raíces en las profundidades oscuras de la historia) Pues bien, la institución monárquica se ajusta a la histórica retroalimentada por un culto a la personalidad que esconde los defectos de las personas que en cada momento encarna esa institución y exagerando, cuando no directamente inventándoles, sus virtudes.
3.- A veces se le atribuye en las monarquías parlamentarias al Jefe de Estado, rey o reina, simbolizar la continuidad del propio Estado a lo largo de la historia. Pero dado que la soberanía reside en el pueblo, es la voluntad de éste expresada democráticamente la que garantiza la pervivencia del Estado y no otra cosa.
Por estrategia
1.- Pienso yo que la apuesta nacional de C´s no puede ser una derivación secundaria de la que realmente se nos reconoce, a saber, la defensa de los derechos de los que no comulgan con el credo nacionalista en aquellas comunidades donde la presión identitaria es mayor. No podemos aparecer ante la opinión pública como españolistas en Cataluña y catalanes en el resto de España. Necesitamos una, llamémosle, bandera que nos identifique por igual en todas las partes de España, de la que se deriven distintos modos de proceder dependiendo de la realidad social en la que intervengamos. La bandera, obvio decirlo, es nuestra concepción de la ciudadanía. Que en Cataluña se expresa en la oposición contundente ante la actual situación en la que se encuentra y que supone, en definitiva, que se conculquen derechos individuales en aras de la conquista de unos supuestos derechos colectivos. Y en el conjunto de España se expresa (o se podría expresar) en la defensa de una ciudadanía participativa y en la defensa de un republicanismo moderado.
2.- Hora es ya de decirlo, pero la aventura “transversal” confunde más que otra cosa. Debemos encontrar otra idea que nos identifique, como ya dije.
Tradicionalmente, en el republicanismo español ha sido copado por opciones excesivamente radicalizadas, utópicas, poco razonables. Hay un espacio vacío que se puede reclamar a través de una apuesta por una república desde posiciones moderadas. La III República no puede ser la locura revolucionaria de la anterior. Debe integrar y hacer posible que se pueda gobernar desde cualquier posición ideológica. La II República, conviene recordarlo, dejó de ser aceptada por la izquierda catalana, que proclamó el estado catalán dentro de la república federal española, cuando en el gobierno republicano empezó a influir opciones más conservadoras, la CEDA. Esta identificación república con posturas rupturistas debe evitarse, entre otras razones porque no es razonable. La república es una forma de gobierno en la que el Jefe de Estado debe tener legitimidad democrática renovada periódicamente para ejercer sus funciones, pero no condiciona qué orientación ideológica debe tener. Por lógica, sería la de la mayoría de los españoles. Por eso deberíamos apostar, no por otra cosa. El pasado no tiene por qué condicionar el futuro, si utilizamos el sentido común para alcanzarlo.
3.- Aunque la presión popular contribuyó a que comprendiesen viejos y no tan viejos representantes del antiguo régimen franquista que debían propiciar la transición, ésta se cocinó por unas elites reducidas de uno y otro lado que buscaron instaurar unas reglas de juego que les permitieran controlar el proceso y situarse en posición de poder en la nueva situación que se avecinaba. Así, la propia monarquía fue aceptada por la oposición tradicionalmente republicana (PSOE y PCE) por dos razones, una, para facilitar la transición dejando sin argumentos a los nostálgicos del antiguo régimen ya que, en definitiva, se estaban cumpliendo las previsiones sucesorias del dictador, y dos, a cambio de instaurar un régimen que hemos convenido en llamar “partitocrático” en el cual las cúpulas de los partidos hacen y deshacen a su antojo merced a los cuantiosos recursos y resortes que el actual sistema deja en sus manos, y en el cual también entraron las organizaciones empresariales y sindicales (recordemos la financiación pública de los sindicatos que en nuestro programa pedíamos suprimir) a través de los Pactos de la Moncloa.
El error estratégico que estamos cometiendo a mi parecer es pensar que se puede superar este sistema “partitocrático” dejando al margen a la institución monárquica pues en el modelo que consagra la Constitución ambos aspectos están entrelazados.
ZP bien que lo sabe, de ahí la defensa acérrima que ha hecho de la reina ante las inauditas declaraciones de la reina; ya que teme que un debilitamiento de la Corona conllevaría poner en riesgo, no la democracia, sino esta democracia, en la que él y su partido juegan con ventaja.
4.- Si nosotros nos posicionamos en el centro izquierda, deberíamos aspirar a disputar el voto al PSOE y a UPyD. En cuanto al PSOE decir que tiene el corazón republicano pero la cartera monárquica. El corazón pertenece más a las bases y votantes acérrimos, y la cartera sólo pertenece a su clase dirigente. Un posicionamiento republicano por nuestra parte dejaría en evidencia al PSOE, en mayor o menor medida dependiendo de nuestra capacidad de que nuestro mensaje ya republicano llegara a la opinión pública, dejando al descubierto las verdaderas razones que, a pesar de su pasado republicano, le lleva a consentir a la monarquía.
5.- Creo que el apoyo que la población española otorga a la monarquía no es tan sólido como parece. Bastaría que se abriese un resquicio informativo para descubrir sus debilidades. La escasa inteligencia que ha demostrado la reina Sofía en sus declaraciones demuestra hasta qué punto son vulnerables.
6.- Último y más importante: no hay mejor estrategia que la propia coherencia. Presentar planteamientos “ciudadanos” acordes con la república, (como no podía ser de otra manera si queremos seguir llamándonos ciudadanos y no súbditos), tarde o temprano daría sus frutos. La monarquía empieza a mostrar sus debilidades y esto sólo ha hecho que empezar. En el momento que empiece a tambalearse, el PSOE se convertirá republicano de toda la vida, y por supuesto, le ayudará a caer. Mientras nosotros, ¿a cambio de qué aceptamos esta anomalía e incoherencia?
Por eso creo que conviene enarbolar, por coherencia y por estrategia, el lema de
¡CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA!

LA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA

Está claro que un exceso de luz la institución monárquica no lo soporta muy bien que digamos. Está sostenida por un grupo de políticos ventajistas en la medida que la protegen manteniendo un cerco de opacidad alrededor de la familia real y aledaños. Basta que este muro se resquebraje mínimamente para que la institución muestre sus debilidades. Parece, además, que es consustancial a ella cierto culto a la personalidad hacia las personas que la representan. Curiosamente, todas las explicaciones sobre cómo han llegado a los españolitos las opiniones reaccionarias de la reina, cargan las tintas no sobre ella, sino sobre aquéllos que no lo han impedido lo suficiente; desde el secretario hasta la propia periodista, Pilar Urbano. En un sistema democrático, en el que el derecho a recibir la ciudadanía una información veraz está fuera de toda duda, tanto empalago alrededor de la familia real resulta sospechoso. Sorprende cómo periodistas que arman sus argumentos de forma consistente cuando tratan otros temas, llenan sus columnas de vaguedades, perogrulladas y trivialidades vacías de contenido, como si les temblaran el pulso, al tratar temas monárquicos. La más recurrente es la “humanidad y sencillez” de nuestros monarcas; es de agradecer que nos aclaren que selenitas no son; pero el problema no está en esa su evidente condición humana, sino en los privilegios que ostentan desde la cuna a pesar de haber sido paridos por el mismo sitio. Cuando meten la pata hasta el corvejón (¿por qué no te callas?), nos hablan elogiosamente de su espontaneidad; pero mucho me temo que esa misma espontaneidad no se nos permitiría al resto de los mortales, ni sería tan aplaudida. Es razón suficiente para desear que llegue la III república, si así nos evitamos que cada cierto tiempo nos inunden los periodistas de la Corte con tanta chorrada. Nuestras neuronas lo agradecerían.
Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B

Publicado en "El Heraldo de Soria"
6-11-2008

COMUNICADO COMARCA DE PINARES

En su reunión celebrada en Salduero (Soria) el día 25 de octubre, representantes del partido de las provincias de Burgos, Soria y Logroño analizaron la situación de la comarca de pinares adoptando las siguientes decisiones que mediante el presente comunicado hacen públicas:
1.- Reclamar para los vecinos y vecinas de los pueblos de la comarca de pinares el derecho a ser recompensados por el uso responsable que tradicionalmente se ha hecho del entorno natural. Los efectos positivos ambientales que el pinar produce, sólo hay que debérselos a los propios pinariegos y pinariegas, por lo que C´s considera que el reconocimiento tradicional del derecho a los aprovechamientos forestales (la suerte de pinos) no es suficiente. La conservación del pinar se ha hecho a costa de la pérdida del valor real de dicha suerte de pinos, por lo que los poderes públicos en representación de la sociedad en su conjunto y que tienen competencias al respecto, deben arbitrar medidas que corrija esta situación.
2.- Denunciar la situación de permanente desencuentro entre los dos grandes partidos en esta comarca, que con excesiva frecuencia anteponen sus intereses partidistas a los propios de la ciudadanía en las distintas instituciones en las que forman parte (autonómicas, provinciales y locales).
3.- Manifestar la intención de C´s de abordar globalmente la problemática que aqueja a esta comarca, considerando que a similar situación debe corresponder similares medidas que intenten corregirla, independientemente de la unidad administrativa provincial a la que pertenezca, por lo que propone crear desde los ayuntamientos pinariegos, foros de discusión que aborde la problemática específica de la comarca de pinares.

Ciudadanos-partido de la ciudadanía
609573577

La justicia se moviliza

Me sorprende la escasa (o nula) incidencia que está teniendo en el partido un acontecimiento de tanta trascendencia como una movización general de los jueces españoles, coincidente con la huelga de secretarios judiciales.

Si se me permite, como conocedor que soy del tema, voy a exponer "brevemente", casi desde dentro, cuál es la situación de la justicia española y el porqué de estas movilizaciones.

Desde que España goza de un sistema democrático, los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado por todos los medios controlar la única faceta del poder que se les escapaba. Ciertamente, en un sistema arcaico en el que sólo accedían a la judicatura miembros de familias acomodadas y de un mismo extracto social e ideológico, la apertura del sistema a nuevas hornadas de opositores procedentes de todas las clases sociales, educados en la democracia y dispuestos a hacer respetar las leyes democráticamente aprobadas, lejos de satisfacer a los gobernantes les creó la inquietud de saber que, en adelante, sus habituales trapacerías no quedarían impunes.

Por lo tanto, una vez en manos de la nueva clase política los poderes legislativo y ejecutivo, tan sólo quedaba meter mano al judicial.

Los intentos de someter a la judicatura han sido constantes desde los primeros años de la transición. Para empezar, el establecimiento de un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de las fuerzas políticas, cuando la Constitución dice claramente que se han de elegir por los propios jueces. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional, convertido ya en órgano político y no jurisdiccional, pronunció entonces una de sus sentencias más deplorables, admitiendo que eso era contrario a la Constitución pero aceptando pulpo como animal de compañía. A eso siguió la supresión de los poderes disciplinarios de los jueces sobre los funcionarios a su cargo, que les dejaba inermes ante la eventual dejadez (o incluso corrupción) de sus subalternos. Más adelante, la ley del jurado intentó sustraer ciertos actos delictivos de la facultad decisoria de los jueces, a costa de la calidad de la justicia y con un gran dispendio por parte del erario público, con el cual podría haberse duplicado el número de plazas de juez en España.

A todo ello se añade el hecho de que la estructura de la oficina judicial siga siendo la misma que en el siglo XIX, que se siga funcionando exclusivamente con papel y que no haya habido la menor informatización del sistema, salvo dotar a cada juez de un ordenador para escribir sus sentencias y conectarse a internet.

Por otro lado, los jueces son los grandes olvidados en los avances de los derechos sociales. Al no ser considerados como funcionarios, no se les aplican las subidas salariales ni las normas de conciliación; la mayor parte de su sueldo lo constituyen complementos que no cotizan para la jubilación; perciben las retribuciones más bajas del aparato del Estado para su categoría; los que han de hacer guardias cobran por ellas una cantidad indigna por la que ningún médico ni fontanero se levantaría de la cama a las cinco de la mañana para acudir a una emergencia.

Hace unos años, el Ministerio de Justicia se sacó de la manga un polémico sistema de retribución por objetivos, que se han dado en llamar "módulos". Estos módulos establecen unos porcentajes de actividad de cada juez, según determinados baremos, y trimestralmente se computa el "rendimiento" del juez para comprobar si tiene derecho al cobro de los módulos. Al margen de que las madres en baja maternal no tienen derecho a prorrateo del período afectado (que esa es otra), para cobrar el módulo hay que producir un 120 % del mínimo asignado. Y, aunque parezca inaudito, la inmensa mayoría lo superan. El Ministerio, convencido de que los jueces son unos vagos y que casi nadie lo iba a cobrar, se llevó un serio varapalo. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales esos módulos, porque entiende que el trabajo de los jueces no puede estar sometido a objetivos: deben hacer el trabajo que hay y punto. Aun así, haciendo gala de su proverbial respeto por las resoluciones judiciales, el Ministerio sigue aplicándolos.

Esto no sería tan importante si no fuera porque gran parte de la actividad de los jueces se queda al margen de esos módulos, de manera que, desde que existen, muchos profesionales se han centrado en aquellos asuntos favorecidos por el baremo. A esto no se puede reprochar nada, pues cualquiera que sepa algo de empresa entiende que el sistema de incentivos es una forma de orientar la actividad de los empleados que se someten a él. Lamentablemente, el Ministerio eligió un sistema sin pies ni cabeza en que, aunque parezca mentira, la ejecución de las sentencias no computaba absolutamente nada. Así, un juez cumplidor con los módulos (140 %) como el juez Tirado, de Sevilla, llevaba años desatendiendo la ejecución de las sentencias que él mismo dictaba. Probablemente no se pueda justificar un grado tal de negligencia en un juzgador, ya que, además de a los módulos, también se debe a la eficacia de su trabajo. Pero no olvidemos que unos meses antes había recibido una inspección rutinaria del Consejo en que no se había detectado ninguna anomalía reseñable. Porque, una vez más, en las inspecciones se obvia totalmente la ejecución de las sentencias.

Si a esto se añade la falta de comunicación entre juzgados, de la cual sólo tiene la culpa el que ha de aportar los medios materiales y técnicos, antes o después tenía que suceder una tragedia.

Por eso es bochornoso que se quiera hacer recaer en los hombros de uno o dos profesionales de forma exclusiva los fallos de todo un sistema. Si la multa de 1.500 euros al juez Tirado era discutible (aunque nadie niega que le estaba bien empleado un rapapolvo), no tiene nombre la desproporcionada sanción de dos años y medio de suspensión de empleo y sueldo a su secretaria. Y es absolutamente despreciable la forma en que los responsables políticos (principalmente, el Presidente y la Vicepresidenta del Gobierno) se han pronunciado acerca de la labor disciplinaria del Consejo. La Vicepresidenta ha llegado a decir, en un descuido total de su ya inncecesario disimulo, que iban a nombrar a otro Consejo al que iban a exigir que fuera más duro, y que iban a dar las instrucciones al Ministerio Fiscal para que recurriese la multa de 1.500 euros. Pero, ¿no habíamos quedado en que la fiscalía era imparcial e independiente? ¿No habíamos dicho que el Consejo actuaría con libertad? No. De hecho, el Presidente ha tenido la desvergüenza de anunciar la elección del presidente del Consejo, para sonrojo de cualquier persona decente y de los vocales recién nombrados, los cuales se suponía que iban a nombrar de forma independiente a su presidente. Bochornoso, por unos y por otros.

Éste ha sido, realmente, el detonante de la movilización judicial. Además de que, por primera vez, han dejado fuera del Consejo a todos los no asociados, y que se han repartido el pastel entre el PSOE y el PP de manera tan descarada como repugnante. Tan sólo han concedido un vocal a la asociación Francisco de Vitoria (superior en asociados a Jueces para la Democracia, pero no alineada con ningún partido), y se han olvidado del Foro Judicial Independiente, la asociación más joven y crítica.

¿Corporativismo? ¿En una carrera en que la mitad de los miembros no están asociados y los que lo están, en su mayor parte, están enfrentados entre sí? El juez Tirado no ha despertado ningún espíritu de solidaridad, ni mucho menos. Ni tampoco las demás sanciones que se producen cuando algún otro hace lo que no debe. Puedo dar ejemplos, si me los pedís. Entre los jueces ha reinado siempre, por motivos históricos, el sentimiento de honor, de que los jueces no debían ser reivindicativos ni tener conciencia de grupo. Este sentimiento ha sido expresado aun recientemente por miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (afín al PP). De entre los descontentos ha surgido recientemente (hace unos diez años) una nueva asociación, a la que antes he aludido, que pretende defender tanto los derechos profesionales de los jueces como las reformas necesarias en el sistema. Lamentablemente, la mayoría de los no asociados son reacios a creer en mensajes mesiánicos y permanecen (o han permanecido hasta ahora) pasivos. Me atrevo a comparar a esta asociación con Ciudadanos, por sus objetivos de renovación y cambio y por el puñetero caso que les hacen los medios y el público en general. Por supuesto, de afinidad política no hablo porque, precisamente, lo que quiere esa asociación es acabar con la politización de la justicia.

Para acabar esta "breve" exposición, dos datos más:

- Si se hubiera aplicado en su día la sentencia del asesino de Mari Luz, en el momento en que cometió el asesinato ya hace años que habría salido de la cárcel.

- El Ministerio de Justicia, con el ánimo de demostrar lo sinvergüenzas que son los jueces españoles, encargó hace no mucho un estudio a una consultoría independiente de ámbito internacional. Lejos de lo que esperaba el Ministerio, la consultoría llegó a las siguientes conclusiones:
- Los módulos establecidos para la paga variable de los jueces son leoninos (aparte de que, para cobrar, hubiera que cumplirlos en un 120 %).
- La carga de trabajo de los jueces es, en general, mayor que la que pueda tener ningún trabajador normal. Los horarios de trabajo que hay que cumplir (y que la mayoría cumplen) para atender esa carga de trabajo están fuera de cualquier convenio colectivo que se aplique en el mundo civilizado.
El estudio nunca ha salido a la luz y sólo furtivamente ha conseguido conocerse su contenido.

Rosa Díez y el aborto libre
En unas recientes declaraciones en una emisora de radio, Rosa Díez se ha manifestado a favor del aborto libre. Nada que objetar a que exponga su postura. El problema se plantea dentro de su propio partido. Ciertos sectores “liberales” han manifestado su rechazo a que Rosa Díez, aun considerándola como su principal y único activo, determine la postura del partido ella sola o en compañía de Martínez Gorriarán en un asunto para ellos tan sensible. Sin ir más lejos, en el primer acto casi oficial de ese partido en nuestra provincia en la Cuadra Antares, el que era a la sazón coordinador en Castilla y León, Rodolfo Angelina, con voz trémula y emocionada lanzó a los que allí estábamos reunidos una arenga contra el aborto, al que calificó repetidamente de asesinato. Tampoco veo yo a Álvaro de Marichalar defendiendo el derecho de la mujer a abortar libremente. Sectores liberales de ese partido se quejan de la falta de democracia interna en el funcionamiento del partido. La tan cacareada “transversalidad”, se ha convertido en una burda argucia para pescar votos aquí y allá, sin comprometerse ni con los de aquí ni con los de allá. Lo que en boca de Savater parecía que era un intento honesto por aportar ciertas dosis de racionalidad al debate político sin que hubiera que oponerse a tal o cual medida por la procedencia ideológica de la misma, en manos de una política pragmática y bregada en mil batallas como Rosa Díez es una coartada perfecta para hacer de su capa un sayo, pues en el propio concepto de transversalidad no está contenido principio alguno del cual se pueda derivar todo lo demás y al que Rosa tenga que ajustarse. En la literatura política se ha acuñado un término para referirse a tales partidos políticos, los “atrapalotodo” que se caracterizan porque están gestionados por un grupo reducido de personas que se mueven por la necesidad de mantenerse en la pomada, para lo cual se otorgan un amplio margen de maniobra al margen de sus afiliados para moverse en la dirección que marca la opinión pública, que es en definitiva lo que les va a otorgar los votos y, en definitiva, poder. Como gráficamente dijo Alfonso Guerra, mejor un minuto en los medios de comunicación, TV y radio, que contar con una militancia numerosa a la que rendir cuentas. En un mundo en el que nada existe si no aparece en los medios, los afiliados de base son fácilmente intercambiables unos por otros. Importa el número, más que el compromiso moral que obliga a los dirigentes a responder a la confianza que en ellos han depositado personas con ilusión y a veces con bastante sacrificio personal.
No sé hasta que punto la estrategia seguida tanto por el PP, como por el PSOE de no mencionar al partido de Rosa Díez, es acertada; lo habrán meditado y ellos sabrán lo que hacen; pero los que seguimos mínimamente el devenir de este nuevo partido, se nos hace muy cuesta arriba pensar que pudiera mantenerse tal cual si la opinión pública se centrase en su funcionamiento interno. En un repaso somero de los avatares durante este primer año, según datos recogidos de sectores críticos del propio partido (página web “libertad ciudadanos”) el resultado es demoledor: dimisión de los coordinadores y/o portavoces de UPyD de Aragón, Galicia (ya van dos), Castilla-La Mancha, Andalucía, Sevilla, Cataluña; acusaciones de falta de democracia interna, acusaciones de mobbing y expedientes de expulsión de afiliados especialmente críticos con la gestión de Gorriarán, dimisión de un miembro de la Comisión de Garantías puesto a dedo por Gorriarán, dimisión de los organizadores del comité electoral de Salamanca, acusaciones de que los miembros del consejo político (máximo órgano entre congresos) no se pueden comunicar entre ellos y que Gorriarán intenta cambiar su composición a su antojo,...Pero a la opinión pública sólo le llega las vibrantes intervenciones de Rosa Díez en el Parlamento demandando, entre otras cosas, lo que niega o se dificulta en el seno de su propio partido: libertad de opinión y medios para ejercerla con ciertas garantías. Y el congreso constituyente del propio partido sin celebrarse, situación más anómala es difícil de imaginar. Mucho me temo que la regeneración democrática que prometían de ellos no vendrá, más parece que sólo fue un eslogan insincero para pescar votos de descontentos de uno y otro lado.

Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B

La alternativa

¿Y qué me dicen de "la alternativa"? En estas páginas se ha producido cierto cruce agrio de opiniones a cuenta de la Educación para la Ciudadanía; pero "la alternativa" también tiene su "aquél".

Les cuento: en los centros de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos, cuando nos referimos a "la alternativa" hacemos alusión a las "otras" actividades que realizan los alumnos que no reciben educación religiosa (católica, por supuesto) Durante las horas de "alternativa", el profesor no puede adelantar en el currículo, so pretexto de no perjudicar a los que han optado por recibir formación religiosa. "La alternativa", a diferencia de la Educación para la Ciudadanía, no tiene contenidos propios, específicos; son "otras" actividades. ¿Qué actividades? Créanme si les digo que en el centro educativo en el que estoy prestando mis servicios en Madrid, ante la pregunta de un padre de "alternativa" no hubo manera de darle una respuesta mínimamente coherente a esa pregunta. Pues si no se puede adelantar en el currículo, el cual abarca todos los aspectos del desarrollo en la personalidad del niño, sobre todo en Infantil, mi especialidad, no sé qué otra cosa se puede hacer. En el fondo, se "aparca" a los niños de "alternativa" en el centro para que, mientras a sus compañeros, se les adoctrine en un credo religioso. Evidentemente, los funcionarios profesionales de la educación no estamos en nuestros centros de trabajo para boicotear las leyes, sino para cumplirlas, por mucho que estén pergeñadas con los pies, como es el caso. Tanto insistió el padre demandando algo mínimamente coherente (estaba en su derecho, por otra parte) que el director de mi centro, en un arranque de sinceridad, reconoció sin más que los niños de "alternativa" tenían que estar en el centro porque era horario escolar, pero que no había nada específico que ofrecerles.

Concluyendo, con fondos públicos, pagando al profesorado de religión y utilizando las instalaciones del Estado, no sólo se adoctrina a nuestros alumnos en una religión que por muy mayoritaria que sea un Estado mínimamente serio no tiene por qué sufragarla, ni colaborar en su difusión; sino que además obliga a aquellos alumnos de padres agnósticos o de otras religiones minoritarias, a perder el tiempo, so pretexto de que los católicos no se queden rezagados en su proceso educativo. Esta situación es a todas luces, inaceptable.

¿No es un argumento en contra de la Educación para la Ciudadanía que el Estado no puede adoctrinar en una determinada ideología? ¿Qué hace entonces, colaborando con la difusión de un credo religioso? ¿Dónde está el portavoz de "la episcopal" renunciando a tal privilegio? ¿Dónde están los liberales conversos de última hora denunciando tal situación? Quizá, como algunos sospechamos, el problema no es si el Estado adoctrina o deja de adoctrinar, sino quién lo hace aprovechándose de los recursos de ese Estado.

Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B

Cuestionamiento de la monarquía

Todos los estudios y encuestas de opinión coinciden en que el debate entre monarquía y república no se encuentra entre aquellos temas que más preocupa a los españoles. Los dos grandes partidos no lo tienen en su agenda; aunque últimamente ha habido determinadas voces en el ámbito nacionalista que la han puesto en cuestión.

La Transición supuso un acuerdo entre los herederos del régimen franquista y los partidos de la oposición, algunos herederos a su vez de la República. El mantenimiento de las previsiones sucesorias del dictador en la figura del rey Juan Carlos, permitieron que ciertas figuras del antiguo régimen, las más aperturistas, tuviesen la esperanza de que en la España monárquica y democrática ellos siguieran teniendo un papel de cierta relevancia. Y por otra parte, la aceptación de la monarquía por parte de la oposición facilitaba la transición de forma pacífica a un régimen democrático y con posibilidades reales de alcanzar el poder en un futuro más o menos cercano, como así se produjo con la victoria del PSOE en 1982.

Las circunstancias excepcionales que siempre rodean a todo proceso constituyente, provocan que las fuerzas políticas y sociales participantes en ellos consigan ventajas para el futuro. La propia institución monárquica las aprovechó en su beneficio; pero aquella situación, en la que la monarquía era necesaria para facilitar el cambio, ahora ya ha desaparecido. Tendrán que ganarse su puesto día a día, no sirve lo pasado. Lo que una vez fue beneficioso para la sociedad española, puede, en un futuro, dejar de serlo. Si he empezado este artículo diciendo que poco interesa a los españoles el debate entre monarquía y república, hay que añadir que la situación puede cambiar antes de lo que cabría pensar.

Han surgido dos partidos, UPyD y C´s, como reacción a la partitocracia en la que se ha convertido la España surgida de la Transición. Ninguno de los dos participó en esa Transición y, por consiguiente, no entraron en el intercambio de concesiones a cambio de ciertas ventajas que garantizasen su futuro. Ninguno de los dos se declaran monárquicos, pero ambos mantienen la postura de que no es prioritario en absoluto cuestionarse a la monarquía, quizá por reacción a la deriva antimonárquica de los radicales nacionalistas que a través de ataques al rey pretenden, quizá, dinamitar la unidad de España que el monarca, como Jefe de Estado, puede simbolizar.

Honestamente pienso que ineludiblemente debemos considerar al sistema republicano más acorde con los principios ciudadanos que dicen estos partidos defender y que el mayor error que podríamos cometer, sería renunciar a la coherencia con nosotros mismos a cambio de ¿qué? Nada.
La institución monárquica conlleva “violentar” principios que en sus manifiestos fundacionales ambos partidos, UPyD y C´s, han proclamado.

La igualdad entre todos los seres humanos en cuanto a derechos y libertades y que sólo cabe admitir las diferencias debidas al mérito, esfuerzo y talento, no admite excepciones por mucho que se apellide “Borbón”. Ese absurdo sólo puede mantenerse merced a cierta transfiguración de la realidad; aquellos que se proclaman, con Savater, osados para pensar por sí mismos, admiten una zona de absoluta opacidad alrededor del monarca, con un respeto casi escrupuloso –sacramental- mal entendido y que choca con el más elemental derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz sobre sus autoridades.
¿Cómo alguien se va a atrever a pensar por sí mismo, cómo ufanamente se vanagloria Savater en el manifiesto fundacional de UPyD, si acepta que se le oculte la verdad de las personas que encarnan la institución monárquica?

Los llamamientos a cierta racionalidad a la hora de tratar los asuntos públicos que, tanto C´s como UPyD, han hecho, no tienen sentido cuando se acepta, mirando hacia otro sitio, cierto culto a la personalidad que siempre es necesario para que el resto de los mortales acepten lo inaceptable: reconocimiento de la supremacía de la herencia, de la cuna, sobre cualquier otra consideración como el mérito, el consentimiento expresado con regularidad a través de procedimientos democráticos y, sobre todo, la excepcionalidad legal que desde la cuna se le reconoce de facto a los miembros de la familia real.

La coherencia de nuestros planteamientos es, quizá, la única baza que podemos contar sin depender de nadie; pero además, el actual sistema que nosotros queremos reformar se sujeta desde arriba en un punto, el Rey, desde el cual salen todos los hilos y que permite la pervivencia del mismo. Desde la Transición ha surgido un sistema en el cual todas las partes están imbricadas unas con otras; la institución monárquica es el paraguas que protege el juego ventajista del resto. No violentemos nuestra inteligencia aceptando una institución anacrónica, aceptemos por tanto las leyes de la razón, de lo razonable, para acercarnos a la realidad política de nuestro país sin miedo y con la tozudez que la mente clara exige, y digamos con claridad que el rey está desnudo, como el cuento, que no está dotado de virtudes excepcionales que justifiquen tales privilegios ni para él ni para sus herederos; sino que en la persona que ostenta ese título, después de retirarle todo el boato y artificio que le rodea, no se puede encontrar razón alguna para que no se le fuerce a recobrar su condición ciudadana.

Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B

Educación Para la Ciudadanía

El PP en su reciente comunicado de prensa del 22 del corriente cita el artículo 27.3 de nuestra Constitución para fundamentar el derecho a la objeción de conciencia en contra de esta asignatura que supuestamente les asistiría a los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Recientemente, en estas mismas páginas, el profesor de filosofía Jesús Martínez Velasco en “Sin permiso para educar”, antepone a dicho punto el inmediatamente anterior, 27.2, en el cual se hace referencia a “los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” que garantizarían el pleno desarrollo de la personalidad humana, objeto último de la educación. ¿Cómo hacer compatibles ambos? ¿Cuál debería prevalecer en caso de conflicto? Reduciendo al absurdo el dilema, ¿se debería permitir que dentro de los hogares se educase en el odio, en la intolerancia, promoviendo y justificando la sistemática conculcación de los más elementales derechos a determinados sectores poblacionales en virtud de ciertos prejuicios? Ciertamente, no. Los valores democráticos son consustanciales a la propia concepción del ser humano implícita en nuestra constitución por lo que, a mí entender, no tiene sentido contraponerlos con otras intenciones igualmente loables presentes también en nuestra constitución, pero de menor rango.
Ahora bien, yo creo que en el debate se confunden dos aspectos, uno, las razones que justifican la inclusión de la propia asignatura en el currículo, y dos, el modo como ésta se imparte; que puede constituir ciertamente una adulteración del propósito que debería inspirar una asignatura de estas características. Pero no se puede pretender, como lo hacen determinados sectores, argumentar en contra de lo primero mediante ejemplos que, en todo caso, nos debería servir para mejorar y corregir lo segundo. Una sociedad que intenta trasladar en su ordenamiento jurídico una serie de valores democráticos entraría en contradicción consigo misma si se mostrase reticente a la hora de hacérselos comprender a las nuevas generaciones. Aun a riesgo de resultar un tanto provocador, el apelar a la objeción de conciencia en este caso no es otra cosa que una estrategia defensiva de aquellos que no terminan por aceptar la realidad social tal como ésta es, con sus diferentes concepciones morales, todas respetables siempre que para su pervivencia no necesiten la eliminación intelectual de las otras. Pues ciertamente, la Educación para la Ciudadanía no debería pretender, por poner un ejemplo, convencer de que no es inmoral el matrimonio de personas del mismo sexo; simplemente, debería constatar que para la mayoría de los ciudadanos el matrimonio gay es un derecho que a esas personas, ciudadanos, se les debe reconocer y que, por tanto, las leyes humanas deben proteger.
Ahora bien, no podemos pecar de ingenuos y no mantener una sana desconfianza ante el poder político, siempre proclive a la manipulación independientemente de la orientación ideológica del que lo ocupa.
Pero una vez más los extremos se refuerzan entre sí. Difícil resulta escaparse de este maniqueísmo que constriñe a la sociedad española; mientras algunos piensan que cualquier crítica que se les hace “la episcopal” está detrás, los otros que cualquier medida laica que se tome es el mismo diablo quién la ha inspirado y así no hay forma que el sentido común se haga hueco. Atreverse a pensar por uno mismo se está convirtiendo en un deporte de alto riesgo que puede traer graves consecuencias; se permiten errores si es en compañía, pero si te equivocas por tu cuenta y riesgo...eso, no me explico por qué, suele ser imperdonable. Kant, citado por el profesor Jesús Martínez, en este ambiente lo tendría crudo.

Javier Romero Pascual
DNI 72.875.856-B

Otoño Musical Soriano: sugerencias ciudadanas

Quisiera hacer algunas sugerencias sobre el sistema de venta de abonos del Otoño Musical Soriano basadas en el sentido común y en colocarse en el lugar de las personas que, como yo, hacemos cola para comprar esas entradas.

De entrada, una propuesta muy sencilla: para evitar el desplazamiento a la Casa Consistorial con el fin de obtener el volante de empadronamiento que permite disfrutar de un descuento del 10 %, se podría conectar el ordenador de la taquilla de venta de entradas con el sistema informático municipal o, simplemente, que en el PC de la taquilla estuviera instalado el censo que permita testar a la persona que desea obtener esa bonificación. No creo que sea muy complicado en pleno siglo XXI, en la era de las nuevas tecnologías y de la TDT. Pero si no fuera posible, se podría adelantar ese día media hora el servicio de atención al público en el Ayuntamiento, empezando a las 8:30 horas de la mañana, en lugar de a las 9:00 como es actualmente (y no llegues ni un pelo antes, porque no te atienden), para poder obtener esa certificación.

Ahora bien, la revolución ciudadana, lo que desearíamos todos los que hacemos la cola, es que empezara antes la venta de entradas. ¿Por qué a las 10:00 horas? (Ya puestos, podía empezar a las 13:00 horas y así nos tomábamos unas cañas mientras esperábamos. A ver, ¿por qué a las 10 de la mañana y no a la una de la tarde?.) Proponemos empezar a las 8:30 horas –coincidiendo con nuestra propuesta de apertura de la oficina de atención al público en el Ayuntamiento– si fuera imposible realizar la conexión entre los servicios informáticos de Estadística Municipal y los de venta de entradas. También podemos empezar a las 8:00 h. Los del abono somos tempraneros y trabajadores, muy trabajadores, cada uno en sus cosas. Perder una media de dos horas y media de trabajo es mucho perder. Debería adelantarse el horario para perder el mínimo tiempo de trabajo (y todo esto teniendo en cuenta que nos turnamos entre familiares y amigos). Y luego hablamos de la crisis, de aumento de la productividad y tal y tal.

Por último, pero no por ello menos importante: ¿no se podían instalar algunos bancos para poder sentarse –no para sacar dinero, que en la taquilla ya funciona la tarjeta de crédito– en algún sitio cercano de la plaza Mayor? ¿Dónde quedaron aquellos poyos corridos situados en los edificios principales de nuestras plazas, en los atrios de las iglesias y en otros lugares de reunión? Se afirma en el corrillo de la cola que ilustre soriano de a pie y de edad ha habido que en esta ocasión ha tenido que transportar su sillita desplegable para hacer más ligera su espera desde las 6:30 horas de la mañana. ¿Hay derecho a esto?

Jesús de Lózar.
Ciudadanos de Soria – Partido de la Ciudadanía.

El PSOE define su postura

Once millones ya no pueden alegar duda o desconocimiento: el partido al que votan está decididamente a favor de la política de marginación del uso del castellano en la educación (por lo menos) que practican los gobiernos autonómicos de algunas comunidades bilingües.
En el marco de su XXXVII Congreso, el PSOE ha dado a conocer un documento en que concreta su postura oficial (aunque probablemente no unánime) acerca de la política lingúística. Al menos, debemos agradecer que despeje todas las dudas. Ya nadie podrá alegar la esperanza de que la base nacional del partido se acabe imponiendo sobre sus minorías centrífugas. No. El PSOE ha escogido oficialmente dar la espalda a sus votantes a cambio de mantener el apoyo de los rivales políticos con cuya colaboración se mantienen en el poder.
El texto es todo un tratado de hipocresía verbal y un compendio de falacias y vaguedades sacadas de contexto. Su hilo argumental se basa en responder a críticas que nadie formula, obviando los aspectos de la política lingüística que sí son objeto de reproche.
Así, se repite por activa y por pasiva la idea de la "competición entre lenguas" y de la "buena salud" de que goza el castellano. Nadie ha hablado de eso. No se trata de que una lengua siga siendo la tercera más hablada del mundo o de que, entre sí, las distintas lenguas españolas estén o no en competencia. De lo que se trata es de los derechos individuales de los ciudadanos. Ésos son los que se están vulnerando sistemáticamente. ¿Qué más le da a un castellanohablante de Cornellà o de Ponteareas si en México su idioma no está amenazado, cuando lo que no puede hacer él, en concreto, es llevar a sus hijos a una escuela en que, siquiera parcialmente, se les enseñe en su lengua materna? ¿Qué le importa a un empleado de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones que cada vez haya más alemanes interesados en aprender español, si cuando a él le obligan a trasladarse de Madrid a Barcelona se encuentra con que sus hijos van a perder meses, o incluso años, en familiarizarse con una lengua que les es ajena y en que nunca podrán rendir como en la suya propia? ¿No es eso marginar? ¿No es eso imponer peores condiciones de enseñanza a los castellanohablantes que a los hablantes de la lengua regional?
De eso no habla el documento del PSOE.
En él se habla de "plurilingüismo" sin concretar el significado de la palabra. Lo que quiere decir el plurilingüismo del PSOE es que debe fomentarse el mosaico territorial de lenguas, para preservar este supuestamente rico patrimonio cultural. Pero no habla de que cada habitante de España pueda entenderse con los habitantes de las demás regiones, ni de que todos los españoles puedan mudarse a cualquier punto del país con la certeza de que el idioma no será un obstáculo, porque siempre habrá oferta de servicios en la lengua común y el desconocimiento de la lengua regional nunca será un obstáculo para acceder al empleo o a la función pública. El plurilingüismo del PSOE es Babel, no entendimiento. Una España convertida en museo de lenguas para que vengan los filólogos de todo el mundo a estudiar el fenómeno, como quien va a Madagascar a estudiar su insólita fauna.
Cuando el documento dice que el modelo educativo de Cataluña, con el catalán como lengua vehicular, evita la división y la fractura social, no aporta ningún dato concreto. Es un juicio de valor sin más, sin sustento estadístico ni sociológico. Y fácilmente rebatible. Los castellanohablantes que no pueden estudiar en su idioma tienen, de forma inevitable, un rendimiento inferior en los estudios. El fracaso escolar entre ellos es abrumadoramente superior, lo que les aboca a un futuro profesional menos prometedor. Y esto lo saben también los nacionalistas, como Joan Antoni Duran Lleida, que durante el franquismo dirigió una indignada carta a la UNESCO denunciando la situación de miles de niños catalanohablantes que no podían educarse en su lengua materna. A pesar de que, incluso en aquella época, muchas escuelas catalanas (sobre todo en el medio rural) impartían sus clases en la lengua regional. Hoy en día, en cambio, es más fácil encontrar una escuela francófona o anglófona que hispanohablante. Ésta no existe en Cataluña.
En cuanto a la legitimidad legal de las políticas lingüísticas nacionalistas, es dudoso que, como afirma el documento del PSOE, el modelo consagrado en la Constitución sea el de supresión de la lengua común en los ámbitos educativos, administrativos y medios de comunicación públicos de las comunidades bilingües, para que, poco a poco, vayan convirtiéndose en monolingües. Pero, aunque tampoco está claro que la Constitución se oponga expresamente a ese proceso, eso no significa que debamos aceptarlo. La Constitución no es un libro sagrado, sino un marco legislativo en que caben muchas cosas buenas, y también muchas malas.
Por otra parte, es cierto que la Ley 7/1983 catalana de política lingüística fue aprobada por "unanimidad,incluido el PP", y que el TC confirmó su adecuación a la Constitución. Lo que no dice el PSOE es que la ley consagra el equilibrio entre catalán y castellano en la enseñanza, y que el desarrollo reglamentario de esa norma se ha convertido en una burla a la legalidad, pues son los reglamentos los que imponen el monolingüismo educativo, saltándose a la torera la ley de rango superior. Los reglamentos no se pueden llevar al TC, sino que son objeto de control por la justicia ordinaria, y ésta se ha pronunciado reiteradamente en el mismo sentido: los padres tienen derecho a elegir la lengua de educación de sus hijos. ¿Cómo cumple el gobierno autonómico estas sentencias? Marginando a los hijos de los padres demandantes en aulas separadas. Una clase en castellano sólo para ellos. De esa manera, consiguen amedrentar a los demás padres, para que no hagan a sus hijos pasar por esa humillación. Toda una demostración de espíritu democrático.

Ya está bien de hipocresía. Ya está bien de mirar para otro lado. Once millones de votantes del PSOE no pueden estar de acuerdo con esto. Demos por perdida la causa de los votantes nacionalistas, pero once millones de votantes del PSOE no pueden ser cómplices de este disparate.
¿No se dan cuenta de lo que viene después? Cuando la enseñanza manipuladora y adoctrinadora de los nacionalismos periféricos haya "educado" a dos generaciones enteras de catalanes, vascos, gallegos, etcétera, estará allanado el camino hacia la desintegración de España. Y, aunque no sea por fidelidad a una patria cuya adscripción sentimental quizá sea cosa de épocas pasadas, no debemos permitirlo por muchos otros motivos. Porque cada frontera que se levanta en el mundo es mucho más que una frontera entre países: es una frontera entre personas. Porque la Unión Europea es exactamente lo contrario a esa tendencia segregadora. Porque no podemos consentir que ideologías de tan baja calidad moral como el nacionalismo ganen la partida. Porque ese tipo de ideologías han sido la causa de los grandes desastres de la historia del mundo y, muy especialmente, de la europea. Porque, aunque desde Madrid o Valladolid cueste hacerse una idea de ello, la independencia no deseada de sus regiones supondrá un drama para millones de personas que no quieren ser extranjeros en su tierra ni dejar de ser españoles. Porque, si finalmente se llega a esa situación, habrá sido mediante el engaño sistemático a varias generaciones de españoles incautos que se han dejado robar la cartera como idiotas. Sí, como idiotas.

Votantes de PSOE: no tenéis excusa. El PP podrá no despertar vuestras simpatías, pero si no votáis a una opción minoritaria es porque no os da la real gana, no porque penséis que no tiene opciones. ¡Las tendría con vuestro apoyo! Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ya ha demostrado que el simple temor a perder una parte del electorado puede hacer que partidos como el PSC cambien de estrategia. Con un poco más de apoyo vuestro, se puede conseguir que, además, cambien de política. Está en vuestras manos. No nos defraudéis más. No os defraudéis.

El Presidente de Ciudadanos visita Soria

El Presidente de Ciudadanos visita Soria

Soria, 11 de junio de 2008. El Presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Albert Rivera, visitó el pasado viernes día 6 la capital soriana a fin de hacer llegar su apoyo a los afiliados de esta provincia, conocer de cerca sus problemas y difundir la imagen del partido en Soria.

Tras una rueda de prensa en el hotel Alfonso VIII, en que Rivera expuso la postura del partido acerca de la financiación autonómica y anunció la creación de una fundación de ámbito nacional para difundir las ideas de libertad y progreso, fue acompañado por un grupo de militantes a la Ciudad del Medio Ambiente y a las ruinas de Numancia, para después almorzar en el propio hotel Alfonso VIII y mantener una charla de sobremesa junto con un nutrido número de afiliados y simpatizantes.

Albert Rivera, que hizo el viaje acompañado del Secretario General de C’s, Manel García Bofill, y fue recibido por representantes de las Agrupaciones de Aragón, Pamplona-Norte y la Federación Norte, expresó su desacuerdo con las negociaciones bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en cuestiones de financiación, que a su juicio deben ser objeto de un pacto global en que se han de tener en cuenta diversos factores para evitar injusticias territoriales. Además, reclamó una revisión de la financiación de las corporaciones locales, huérfanas actualmente de medios para desempeñar adecuadamente sus competencias.

En cuanto a la fundación que va a constituir C’s, se trata de un instrumento que ha de permitir la colaboración abierta de representantes de la cultura y de la vida política para profundizar en los principios básicos del partido, el progreso y la libertad, y transmitirlos a la sociedad.

El Presidente de C’s dio a conocer el propósito de partido de presentar una candidatura en las próximas elecciones municipales en Soria, una iniciativa que quizá se extienda a otras capitales del entorno, como Logroño, Pamplona, etc.